MADRID, 16 (EUROPA PRESS)
El PP ha rechazado retirar las dos últimas reformas de leyes que afectan al ámbito de la Justicia y que han iniciado este jueves su primer trámite en el Congreso de los Diputado. En su intervención ante el pleno, que ha debatido 8 enmiendas a la totalidad contra la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha propuesto "un encuentro de todos" que sirva para mejorar los textos y ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos.
Así, los votos de los 'populares' han servido para paralizar la devolución al Gobierno de las normas propuesta en cinco enmiendas a la totalidad presentadas por Convergència i Unió, Izquierda Plural, el PSOE, Unión Progreso y Democracia (UPyD) y EAJ-PNV contra la LOPJ y tres de IU, el grupo socialista y el grupo mixto contra la LEC.
El representante del Grupo Mixto, Joan Tardá, ha defendido la falta de validez de los proyectos y ha acusado al ministro de Justicia de emplear eufemismos propios de la "terminología liberal" y de decir modernización cuando realmente quiere decir privatización. "Transitan hacia una Justicia para quien pueda pagársela", ha indicado.
Por su parte, el diputado de IU Gaspar Llamazares ha tachado ambos proyectos, debatidos por separado como "iniciativas monólogo" y "leyes escoba" que recogen propuestas incluidas en otras normas y que sirven únicamente para revocar "la fachada".
Llamazares ha criticado en concreto el "problema patológico de control de poder" que parece reflejar el incremento a siete del numero de vocales de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el "brindis al sol" que supone obligar a la comunicación telemática entre operadores jurídicos a partir del 1 de enero de 2016.
El PSOE, ha coincidido con esta opinión y ha calificado como "prácticamente imposible" este objetivo. La portavoz de Justicia del grupo, Rosa Aguilar, ha asegurado que la LOPJ sirve para "colar por la puerta de atrás parte de los fines y objetivos" del Ejecutivo. "Mucha opacidad, falta de compromiso político con la igualdad,
El diputado socialista Antoni Such asegura que los proyectos de ley son "un parche" o "un retal" que no soluciona las cosas. "No responden a una demanda urgente de la sociedad sino la necesidad de privatizar aspectos básicos de la Justicia".
UPyD, se ha referido en concreto a la norma sobre el poder judicial, ha mencionado el registro domiciliario en la casa de rato y ha reclamado más medios. Es un mero maquillaje.
Jordi Jané, de CiU, y Aitor Esteban del PNV han reclamado ante el hemiciclo replantear el proyecto de ley para potenciar la creación de consejos de justicia en las comunidades autónomas.
El grupo 'popular' ha rechazado en sus intervenciones que las reformas supongan una privatización de la Justicia. El diputado Molinero ha defendido la figura del procurador, que gozará de nuevas atribuciones en aplicación de las leyes, y les ha mostrado todo su "respeto y admiración como colectivo".
Por su parte, el portavoz de Justicia del PP, José Miguel Castillo Calvín, ha dicho no entender las razones por las que los grupos que han planteado la enmienda rechazan una reforma que "no sólo servirá para modernizar y agilizar nuestra Justicia, sino también para mejorar la lucha contra la violencia de género".
"Es posible que algunos piensen que es mejor no hacer nada. Que el sistema actual funciona razonablemente. A quienes así piensan, siento decirles que los ciudadanos no piensan eso. Nosotros tampoco", ha dicho.
Catalá ha defendido los dos proyectos como un medio de modernizar la Justicia y ha dicho que forman parte de "una iniciativa contundente para mejorar la Justicia, sin alterar estructuras procesales y organizativas". "Medidas con progresos objetivos sin una enmienda a la totalidad del sistema como se llega a hacer en algunas de las aquí presentadas", ha dicho.
RACIONALIZAR EL REPARTO DE TRABAJO
El PP asegura que la LOPJ ofrece mecanismos para racionalizar el reparto de trabajo entre las sedes judiciales, a través de una mayor especialización en los tribunales y un mejor reparto de asuntos. La reforma intenta lograr un mayor equilibrio de las cargas de trabajo en el caso de los órganos judiciales de ámbito provincial.
Para ello, se prevé que las Salas de Gobierno puedan acordar las modificaciones precisas en las normas de reparto para equilibrar la distribución de asuntos en determinados juzgados. Además, se incluye un sistema que permitirá al Consejo General del Poder Judicial especializar uno o varios órganos judiciales, de forma temporal, si así se determina en función del cúmulo de asuntos, para enjuiciar y resolver aquellas causas específicas que se determinen y que puedan ser tramitados por un mismo órgano judicial, lo que facilitará la unificación de criterios y la agilización en las resoluciones.
Incrementa también de cinco a siete el número de vocales del CGPJ que integran la Comisión Permanente y cuentan, por tanto, con dedicación exclusiva.
Respecto a la instrucción de las causas penales de especial complejidad y con intención de auxiliar al instructor y una vez que el juez lo haya solicitado al CGPJ, el órgano de gobierno de los jueces podrá acordar la adscripción al órgano instructor de uno o varios jueces o letrados de la Administración de Justicia --nueva denominación de los secretarios judiciales--, con o sin relevación de funciones, para que bajo la dirección del titular del órgano que conozca de esa causa compleja, puedan realizar labores colaboración, asistencia y asesoramiento, pero sin funciones jurisdiccionales.
SMS Y CORREO ELECTRÓNICO
Por su parte, la LEC permitirá a los jueces emplear datos de correo electrónico y de número de teléfono para la localización del demandado y hará habitual en la Administración de Justicia la recepción electrónica de las notificaciones de la Administración que hasta ahora se reciben en papel.
Además, se podrá informar mediante aviso por SMS al teléfono móvil de la persona interesada de que se le ha de practicar una notificación. En relación a los profesionales que colaboran con la Administración de Justicia, los colegios de procuradores estarán obligados a habilitar los medios necesarios de forma que pueda garantizarse el envío y recepción de notificaciones electrónicas en todo el territorio nacional.
En cuanto a la presentación de escritos y documentos, a partir del 1 de enero de 2016, tanto los profesionales como los órganos judiciales estarán también obligados a emplear los medios electrónicos existentes en la Administración de Justicia para realizar esta actividad.
