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TSJCV

El TSJCV pide a las Cortes valencianas que acredite la renuncia de Sonia Castedo a su acta de diputada

08/05/2014
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La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha solicitado a las Cortes Valencianas que acredite la renuncia de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, imputada en el 'caso Brugal', a su acta de diputada en el parlamento valenciano.

VALENCIA, 7 (EUROPA PRESS)

Así consta en una diligencia de ordenación, firmada por la secretaria de la Sala, en el marco de la pieza del 'caso Brugal' que se instruye en el tribunal valenciano y en la que se investigan presuntas irregularidades en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante.

Tal y como consta en el escrito, la Sala indica que ha tenido conocimiento por los medios de comunicación social de la renuncia efectuada por Sonia Castedo en su condición de diputada, por lo que requiere a las Cortes valencianas que certifique este extremo, tanto el cese como la fecha en la que se produjo el mismo. Solicita que esta certificación se anticipe vía fax al tribunal, sin perjuicio de su ulterior remisión por el conducto ordinario.

Castedo, quien se encuentra de baja por maternidad, firmó la pasada semana ante notario la renuncia a su acta de diputada en las Cortes valencianas, que fue presentada el viernes en el registro de entrada de la Cámara autonómica.

Castedo ya mostró en agosto de 2012 su intención de dimitir para "dedicarse por completo a la ciudad de Alicante" y el pasado mes de julio renunció a su sueldo como diputada. Con la renuncia ya no quedan aforados en el 'caso Brugal' que se sigue en el TSJCV, con lo que inicialmente el procedimiento volvería a juzgado ordinario de Alicante.

Antes de Castedo, presentó su renuncia como diputado el exalcalde alicantino, Luis Díaz Alperi "por motivos de salud". Díaz Alperi también está procesado por tres delitos contra la Hacienda Pública y cohecho impropio en otra causa en la que ya se ha acordado la apertura de juicio oral y en la que el instructor ha considerado que existen indicios de que el diputado pudiera haber cometido fraude en los años 2007, 2008 y 2010 en el pago del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

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