José María Serrano Sanz es Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Zaragoza. Académico de Número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas
El artículo fue publicado en El Cronista n.º 42 (febrero 2014)
I. INTRODUCCIÓN
El actual debate sobre el independentismo en Cataluña está trufado de referencias a la economía. Esto no puede sorprender en el contexto de una crisis tan profunda como la del presente, que todo lo tiñe. Es probable, por ejemplo, que en tiempos de bonanza la sensación de agravio fiscal no hubiera alcanzado en la opinión pública del Principado la extensión y el dramatismo que hoy tiene. Porque las famosas balanzas fiscales están ahí desde hace largos años y jamás tuvieron semejante eco. Por otra parte, toda crisis severa es una oportunidad óptima para quienes propugnan cambios radicales. En este caso los independentistas, que la pueden presentar como un fracaso de España, del que ellos se desentienden, y asociar la solución más rápida a una singladura en solitario, sin supuestos pesos muertos.
Sin embargo, este papel central de la economía no es tan nuevo. En realidad, desde los orígenes del catalanismo la economía ha sido un argumento de primer orden en las relaciones y también en las tensiones con el Estado. Durante los siglos XIX y XX se impuso la visión catalana, que informó por entero la organización económica española. Fueron los tiempos del proteccionismo integral, que configuró el llamado mercado nacional, tan caro históricamente al catalanismo. Y por una de esas paradojas de la historia ese triunfo creó tales intereses catalanes en el resto de España, que hoy son una rémora de primer orden para quienes desean abandonarla.
La profunda integración comercial se complementó, en tiempos más recientes, con una intensa integración financiera. Los flujos de ahorro y de inversión se han cruzado entre las diversas regiones españolas, a través del sistema financiero, de un modo completo. Bancos y cajas han actuado desde hace tiempo con una perspectiva nacional, de manera que territorializar esos flujos no es tarea fácil, ni está exenta de costes. En especial para Cataluña, que hace años se financia con ahorro del resto de España y cuyas principales entidades bancarias tienen ya más negocio fuera que en casa.
Además de los intereses mutuos, forjados en la historia del mercado nacional y en largos años de integración financiera, España tiene otro poderoso argumento de orden económico para mostrar que una separación puede acarrear costes insoportables a Cataluña. Se trata de Europa. Aunque una larga tradición aislacionista no invitaba al optimismo, la historia siempre es más compleja de lo que dan a entender las visiones simplistas y España se integró con rapidez inusitada en el proyecto europeo. En pocos decenios pasó del proteccionismo más cerrado a una completa inserción en las instituciones europeas, en el mercado único e incluso en el proyecto más ambicioso, el euro. Perder ese activo de España, aunque fuera transitoriamente, sería dramático para Cataluña.
Estos intereses, el mercado español comercial y financiero, y Europa, son el problema de fondo de la independencia. Su entidad explica muchas de las divisiones que existen en la opinión pública catalana y las idas y venidas, del radicalismo a la moderación, de algunos políticos, organizaciones y empresarios. Perdidas como están ahora mismo en la opinión las batallas de la historia o los sentimientos, queda sólo por librar, para quien desee un futuro en común, la batalla de los intereses. Y no se piense que es una degradación de los argumentos, sino más bien un rasgo de modernidad. Albert Otto Hirschmann nos enseñó que el tránsito de una sociedad atrasada a otra moderna consistió en pasar del dominio de las pasiones al dominio de los intereses, siempre más previsibles y racionales.
Por eso la economía debe estar en el centro del debate. La crisis lo ha precipitado y está siendo una oportunidad bien aprovechada por el independentismo, pero también puede imponer la visión contraria, si se abre una discusión informada sobre las ventajas e inconvenientes concretos de las dos opciones. Por supuesto, los más extremistas considerarán asumible cualquier coste económico, atrapados en su visión romántica de la historia. Pero los tales siempre han existido y han sido una minoría. La cuestión se juega en el terreno de cuantos mantienen una visión racional de la realidad; es decir, de aquellos que piensan que cualquier proyecto futuro merece una evaluación en términos de costes y beneficios y que no todos los costes son asumibles. En mi opinión, con todos los matices que imponen los diversos grados de compromiso con la visión romántica de cada individuo, aquí se encuentra instalada la inmensa mayoría de la sociedad catalana. De manera que un debate transparente será lo que decante la opinión.
Un debate así interesa poco al independentismo, que prefiere una completa ceremonia de la confusión, como resulta patente en un elemento tan central en su proyecto como es la doble pregunta del referéndum. O en la sorprendente y absurda promesa unilateral de una futura entente cordial con España, que incluiría la pintoresca continuidad de los equipos catalanes en la Liga. En su caso se trata de momento de sumar voluntades y para eso no conviene hacer visible coste alguno, ni siquiera deportivo. Que el argumentario contenga las incoherencias más palmarias, no parece resultar obstáculo alguno para su continua repetición.
Lo asombroso es que tampoco el Gobierno de España haga nada por clarificar la cuestión, cuando debiera ser el primer interesado en ganarse a la opinión catalana, disponiendo como dispone de buenos argumentos. Y sorprende también la notoria pasividad de las élites españolas, políticas, económicas o culturales, que parecen desentendidas del problema o incapaces de argumentar sobre las virtudes de la unidad. Hay en ello cierto aroma a nación vieja y cansada, acaso sobrada de razones pero escasa de voluntad. Todo esto en patente contraste con el entusiasmo de los independentistas, que ocultan sus carencias con un activismo desbordante.
La convivencia civilizada no sólo requiere el cumplimiento de la Constitución, sino que reclama esa cohesión social que se logra cuando una amplia mayoría comparte los principios básicos de un proyecto común. Esa mayoría no surge por generación espontánea, sino cuando se ofrecen a la opinión argumentos sólidos y elaborados para contrarrestar una propaganda de signo contrario que suple a fuerza de insistencia sus propias inconsistencias. No basta con sostener que el referéndum es ilegal y la independencia metafísicamente imposible o impensable para los mercados. La historia está repleta de ejemplos de cómo lo inverosímil se puede convertir en real, porque los costes del futuro son difíciles de anticipar en toda su magnitud. Es preciso, por el contrario, ilustrar los riesgos de la separación, pero sobre todo ilusionar con las virtudes de un presente en común y un futuro compartido.
II. CATALUÑA EN LA FORMACIÓN DEL MERCADO NACIONAL
Para la economía catalana el mercado del resto de España ha sido una parte sustantiva de su negocio, desde que se constituyó el mercado nacional, a lo largo del siglo XIX. El proceso no fue espontáneo, sino fruto de la industrialización, la construcción de la red ferroviaria y, sobre todo, de una política proteccionista persistente, mantenida en su orientación, con diversos matices y altibajos, hasta la entrada en las Comunidades europeas.
La reserva del mercado nacional a la producción nacional no estuvo exenta de controversias, pues beneficiaba a los productores y castigaba a los consumidores, que pagaban precios más altos que los internacionales. Por ese motivo las polémicas doctrinales y políticas entre proteccionistas y librecambistas fueron constantes en España a lo largo de casi dos siglos. Unos y otros se organizaron en grupos de presión, para defender más eficazmente sus posiciones, ganándose a la opinión y tratando de influir en los políticos.
Cataluña fue notoria beneficiaria del proteccionismo y las instituciones y grupos de presión catalanes fueron sus más firmes y constantes valedores. Gobiernos y regímenes de lo más variado atendieron en general sus peticiones y de ahí la permanencia de la política. Paradójicamente, sin embargo, la reivindicación del mercado nacional español fue una de las fuentes originales del catalanismo, en las últimas décadas del XIX, como señalara Jesús Pabón en su biografía de Cambó.
La presencia de los intereses catalanes en la formación de la política proteccionista fue una realidad desde el primer momento, desde el arancel de 1820 con el que comienza la moderna historia arancelaria española. Hasta entonces regían dos disposiciones del Antiguo régimen, el Arancel de 1778, que regulaba el comercio con las Indias, y la Recopilación de 1782, que había tratado de poner orden en la dispersa legislación anterior sobre las relaciones comerciales exteriores.
El arancel del Trienio liberal, contra lo que era de esperar, no representó una liberalización neta sobre el moderado proteccionismo proveniente de la legislación mercantilista del XVIII. Frente al criterio liberalizador del ministro Canga Argüelles se impuso en las Cortes la razón política y se ampliaron las prohibiciones. En concreto, según Laureano Figuerola, los artículos cuya importación se consideraba prohibida pasaron de 200 a 675 y se concentraban en dos tipos de productos, cereales y textiles. Con una diferencia significativa, las prohibiciones eran incondicionadas o absolutas para los textiles y sólo se aplicaban a los cereales cuando el precio interior caía drásticamente.
El motivo de que los liberales del Trienio traicionasen sus ideas y ampliaran las prohibiciones fue su deseo de ganar para su causa a quienes las estaban demandando, los agricultores y la burguesía catalana. Esta se había organizado ya a través de la Real Junta Particular de Comercio de Barcelona (1763) y la Comisión de Fábricas (1820) y se mostró muy activa en la defensa de sus intereses. En particular, la Comisión de Fábricas tuvo un papel decisivo en la formulación de lo que Ernest Lluch llamó “el industrialismo prohibicionista”, dominante en el pensamiento económico en la Cataluña de la primera mitad del XIX.
El prohibicionismo beneficiaba a los industriales pero perjudicaba a la hacienda pública, pues limitaba sus posibles ingresos arancelarios al impedir el comercio. Eran también, por el mismo motivo, un estímulo para el contrabando. Por eso hubo muchos ministros de Hacienda críticos con él, aun compartiendo las ideas de reserva del mercado nacional. Como Luis López Ballesteros, quien, no obstante, no pudo reducirlo cuando aprobó un nuevo Arancel en 1825. El peso de los intereses catalanes en la formación de la política arancelaria era ya una evidencia atendida. Incluso se extendieron las prohibiciones hasta alcanzar su cénit en las postrimerías del reinado de Fernando VII.
La liberalización económica y política en los años de Mª Cristina de Nápoles y la primera guerra carlista lo alcanzó todo excepto el comercio exterior. Tan sólo hubo un proyecto de Arancel de Mendizábal en 1836 que no llegó a ser aprobado. En los años cuarenta se aprobaron dos reformas arancelarias de signo liberalizador (Pedro Surrá y Rull en 1841 y Alejandro Mon en 1849), pero ninguna logró acabar con las prohibiciones. La primera excluyó a cereales y textiles del cambio y la segunda fue más adelante, pero tampoco lo consumó. El prohibicionismo, una opción extrema de política arancelaria, no desapareció por completo de la legislación española hasta el Arancel Figuerola de 1869. Y fueron justamente los tejidos de algodón su última trinchera.
En los decenios centrales del XIX, con el prohibicionismo desacreditado, aunque parcialmente vigente, la polémica arancelaria se estableció entre proteccionistas y librecambistas. En el campo librecambista fue la Asociación para la Reforma de los Aranceles de Aduanas, fundada en 1859, el principal baluarte. En el lado proteccionista, los industriales catalanes, y en particular los algodoneros, eran los mejor organizados. A finales de los cuarenta, la Comisión de Fábricas, demasiado identificada con el viejo prohibicionismo, desapareció, para dar paso en 1848 a una nueva asociación más clásicamente proteccionista, el Instituto Industrial de Cataluña.
La Gloriosa requirió otra puesta al día, porque el Instituto tenía “un excesivo sabor local, y hasta de determinada industria, incluso de partido”, en palabras de un historiador oficial del movimiento proteccionista, Guillermo Graell. En otros términos, era demasiado barcelonés, algodonero y moderado y hacía falta acercarse a las nuevas autoridades con otras credenciales. Así nació en Barcelona, a comienzos de 1869, el Fomento de la Producción Nacional.
La nueva asociación cambió por completo la estrategia elitista anterior en dos sentidos. Defendió un proteccionismo para todos, un proteccionismo integral y no de una industria en particular, y apostó por un movimiento de masas para defenderlo, asociando a los obreros a la causa. Así, convocó a los pocos días de ser creada una gran manifestación proteccionista en Barcelona, la primera de una larga serie en los años siguientes.
El Fomento era ahora un interlocutor apropiado para combatir el intento de reforma arancelaria liberal de la escuela economista en el poder. Así lo vio el Presidente Juan Prim, quien medió con Laureano Figuerola, otro catalán, por cierto, para rebajar los ímpetus librecambistas de éste, destacado miembro de la Asociación para la Reforma de los Aranceles de Aduanas. Y lo consiguió, al menos parcialmente, pues la Asociación acabó por censurar el Arancel Figuerola y éste dimitió amargado por las críticas. La clave estuvo en el aplazamiento durante doce años de las rebajas en las tarifas protectoras, contenido en la Base 5ª del Arancel, que nunca se iban a llevar a efecto en la forma prevista, como habían advertido desde el principio que ocurriría los librecambistas más consecuentes.
El arancel Figuerola contenía además otras medidas modernizadoras de la industria, como la rebaja de las tarifas a la importación de maquinaria y materias primas, que favorecieron a las industrias más poderosas, radicadas por entonces en Cataluña. En unos pocos años el textil se concentró intensamente en el Principado, al desaparecer los talleres artesanales en el resto de España, según constató la Comisión parlamentaria que informó sobre el tema en 1883.
Por ese motivo los industriales más dinámicos acabaron por estar encantados con el Arancel Figuerola, con la única condición de que no se aplicase la rebaja prevista en la Base 5ª. Al comienzo de la Restauración tal rebaja se suspendió, a instancias del capitán general de Cataluña Arsenio Martínez Campos, que deseaba ganar adeptos para el alfonsismo en su jurisdicción, en medio de guerra carlista que era muy viva en el Principado. Aunque no todos los industriales estaban de acuerdo con la versión suavizada del nuevo Arancel y en 1876 se escindieron del Fomento algunos socios añorantes del prohibicionismo. Crearon entonces el Fomento de la Producción Española, mientras los que habían permanecido se fusionaron con el Instituto Industrial y constituyeron el Instituto de Fomento del Trabajo Nacional. Finalmente, ambas asociaciones se unieron en 1889, constituyendo la gran patronal catalana aun subsistente, el Fomento del Trabajo Nacional.
Durante la Restauración los debates entre librecambistas y proteccionistas giraron en torno a la firma de acuerdos comerciales. Los convenios eran necesarios para obtener concesiones de otros países que ayudasen a fomentar las exportaciones agrícolas, pero exigían por parte de España rebajas en los derechos protectores de los productos industriales. A los Tratados se oponían las organizaciones proteccionistas y fueron durante todo el régimen un foco de tensión entre los organismos catalanes y el poder central, que debía velar también por otros intereses.
Precisamente un acuerdo comercial, el modus vivendi con Gran Bretaña de 1885, fue causa directa de uno de los primeros documentos emblemáticos del catalanismo político, la Memoria en defensa dels interessos morals y materials de Catalunya, o Memorial de greuges. Convocados por el Centre Catalá de Valentí Almirall, se reunieron en la Lonja de Barcelona el 11 de enero de 1885 un amplio conjunto de entidades catalanas para aprobar un manifiesto dirigido al rey Alfonso XII, en el que, en nombre de Cataluña, le pedían amparo frente al proyecto de modus vivendi con Gran Bretaña y la unificación del Código civil.
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