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Caso ERE

La juez Alaya imputa tres delitos a la exsecretaria general técnica andaluza de Empleo Lourdes Medina

16/01/2014
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La juez Mercedes Alaya, que investiga el caso el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta de Andalucía, ha imputado este miércoles tres delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y omisión del deber de perseguir delitos a la exsecretaria general técnica de la Consejería de Empleo Lourdes Medina.

SEVILLA, 15 (EUROPA PRESS)

Abogados presentes en la comparecencia han informado a los periodistas de que Lourdes Medina, que ocupó dicho cargo entre los años 2008 y 2012, se encuentra en estos momentos respondiendo a las preguntas de la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla.

Así, la imputada no se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar, como sí ha hecho su antecesor en el cargo entre 2004 y 2008 Javier Aguado, a quien la juez ha imputado dos delitos de prevaricación y malversación y para quien la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una fianza de responsabilidad civil de 4.660.000 euros.

Así, y después de que el imputado se haya acogido a su derecho a no declarar, se ha celebrado una comparecencia en la que el Ministerio Público ha pedido una fianza civil de 4,6 millones para Javier Aguado, cantidad que a juicio de la Fiscalía se corresponde con el 20 por ciento de las desviaciones presupuestarias que se aprobaron entre 2004 y 2008, cuando Aguado ocupó el cargo.

A esta petición se ha adherido la acusación que ejerce el sindicato Manos Limpia, mientras que la Junta de Andalucía no ha solicitado medida cautelar alguna para el imputado.

'SEÑORES LETRADOS, DISCULPEN EL RETRASO'

Fuentes del caso han destacado que la juez Mercedes Alaya ha pedido disculpas hasta en dos ocasiones a los letrados presentes en la declaración por el retraso de casi dos horas con el que se ha iniciado la comparecencia de Aguado. "Señores letrados, disculpen el retraso", ha dicho la magistrada.

Tanto Javier Aguado como Lourdes Medina fueron imputados el pasado mes de junio, por haber mantenido el uso de las transferencias de financiación para sufragar subvenciones, junto a otros 18 cargos o exaltos cargos, entre ellos la exconsejera de Economía y Hacienda y exministra de Fomento Magdalena Álvarez.

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