MADRID, 16 (EUROPA PRESS)
El Ministerio de Justicia ha propuesto a las comunidades autónomas que financiará el sobrecoste que ha ocasionado el aumento del número de beneficiarios por la nueva ley de justicia gratuita con el dinero recaudado con las tasas judiciales, hasta alcanzar un límite máximo.
El secretario de Estado de Justicia, Fernando Román, ha trasladado esta idea a los doce consejeros de las comunidades con las competencias transferidas que se han reunido este lunes en la Conferencia Sectorial celebrada en el Ministerio y que ha transcurrido, según ha dicho, en un clima de "colaboración" y "espíritu constructivo".
Eso sí, el 'número dos' de Justicia ha reconocido al término de la reunión que sus interlocutores no se han mostrado demasiado "optimistas" con la propuesta de financiación lanzada desde el Ministerio. Los consejeros han coincidido en que el dinero recaudado con las nuevas tasas debe invertirse íntegramente a financiar el servicio de justicia gratuita.
Román ha explicado que la última modificación legislativa ha aumentado el número de colectivos que pueden beneficiarse de este servicio y ello ha ocasionado un mayor coste a las autonomías. Por ejemplo, desde el pasado enero disfrutan de este derecho todas las víctimas de violencia de género, los menores o discapacitados víctimas de abusos o los accidentados con secuelas permanentes sin necesidad de acreditar insuficiencia de recursos.
"El Ministerio tiene que dar respuesta a ese nuevo incremento de coste derivado del aumento de beneficiarios hasta un determinado límite por parte del Estado con los ingresos por las tasas", ha indicado Román, que ha indicado que la "vinculación" entre la recaudación por las tasas y el coste de la justicia gratuita cubrirá el aumento del numero de beneficiarios.
TOPE MÁXIMO
La aportación del Estado tomará como referencia la cantidad media que registren las comunidades del 'territorio Ministerio' -Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Murcia y Baleares-- y alcanzará hasta un máximo del "triple de ese porcentaje de variación". Por ello, se analizarán los datos registrados este año y se recogerán en los presupuestos de 2015 los importes a abonar a cada comunidad.
Los representantes ministeriales han explicado que la justicia gratuita ya fue financiada en el momento en el que se produjo el traslado de esta competencia, por lo que cualquier "aportación indiscriminada implicaría una doble financiación". Eso sí, han garantizado que la Administración General del Estado "cubrirá el mayor coste generado por la ley".
NUEVO CONSEJO MÉDICO FORENSE
Román, que ha iniciado su intervención en rueda de prensa excusando la ausencia de Gallardón que ha tenido un "pequeño accidente doméstico" y está "un poco dolorido" al fracturarse dos costillas, ha anunciado la aprobación de un real decreto que en el primer semestre de 2014 dará luz verde al Consejo Médico Forense.
Se trata de una vieja aspiración del colectivo de médicos forenses que creará un órgano técnico de consulta y asesoría legal para las Administraciones Públicas, los Institutos de Medicina Legal y la Administración de Justicia con el objetivo de establecer unos protocolos de actuación comunes para realizar las diferentes pericias.
El Pleno del Consejo Médico estará integrado por representantes de todas las administraciones e instituciones que puedan recabar estudios y dictámenes, y por un Comité Científico-Técnico con forenses de distintas especialidades.
En cuanto a la futura reorganización del mapa judicial contemplada en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Román ha insistido en que el texto está en fase de borrador, de manera que "no hay que tener ninguna preocupación" ya que el Gobierno "no va a tratar de imponer un nuevo mapa judicial o modelo de administración de justicia sin contar con las comunidades autónomas".
"Pretendemos hacer una reforma que no dure una legislatura, sino que logre el máximo consenso para que perdure", ha destacado, para destacar que se extenderá además el expediente electrónico y la implantación de la Nueva Oficina Judicial. En este sentido, el Ejecutivo tiene como objetivo implantar antes de que finalice la legislatura este modelo en Melilla, Palma de Mallorca, Plasencia y Ponferrada, mientras que en Murcia se extenderá a la jurisdicción civil.
El Gobierno apuesta también por la modernización tecnológica e interoperabilidad, para lo cual contempla invertir en el Sistema Integrado de Justicia -desarrolla un sistema de gestión procesal-- una partida de 1,1 millones de euros entre 2014 y 2015, a la que hay que sumar los 1,5 millones que aporta Red.es a través de los fondos de cohesión FEDER.
Al ser preguntado si el Gobierno tiene la intención de limitar el principio de Justicia Universal, Román ha respondido que es "otro de los temas que se están abordando en la reforma y no hay un criterio plasmado".
