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Economía fuera del equilibrio; por Antonio Hernández-Gil, Miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación

28/10/2013
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El día 26 de octubre de 2013, se ha publicado en el diario ABC, un artículo de Antonio Hernández-Gil, en el cual el autor considera que los miembros de la sociedad civil debemos exigir mucho más de nuestros gobernantes en favor de una estabilidad económica justa y sostenible mediante reformas profundas en los órdenes político, jurídico y financiero.

ECONOMÍA FUERA DEL EQUILIBRIO

Nosotros, los líderes del Grupo de los Veinte, nos reunimos en Washington el 15 de noviembre de 2008,en medio de serios retos para la economía mundial y los mercados financieros, decididos a reforzar nuestra cooperación y a trabajar juntos para restaurar el crecimiento global y lograr las reformas necesarias en los sistemas financieros del mundo. Así empezaba el documento redactado por el G-20 cuando la quiebra de Lehman Brothers disparó la gran recesión. El G-20, sin apoyo en normas o convenios internacionales, carecía -carece- de legitimidad institucional. Lo integran los mandatarios de 19 países más la Unión Europea, en virtud de su propio consenso y de la fuerza económica que agregan: aproximadamente el 90% del PIB mundial y dos terceras partes de la población. Sus representantes fueron convocados en Washington por el entonces líder entre los líderes, George W. Bush.

El documento contenía un diagnóstico certero: “durante un período de fuerte crecimiento global, los agentes del mercado buscaron rendimientos más altos sin una percepción adecuada de los riesgos y dejaron de actuar con la debida diligencia”. Y apuntaba algunas causas: “débiles pautas de conducta, malas prácticas de gestión, productos financieros cada vez más complejos y opacos, y, consecuentemente, un excesivo apalancamiento, se combinaron para generar vulnerabilidades en el sistema”. El G-20 debía promover reformas que fortalecieran los mercados financieros para evitar futuras crisis, e intensificar la cooperación internacional frente a la acción aislada de los reguladores nacionales: más transparencia y responsabilidad, exigencias de integridad, una regulación suficiente allí donde antes se había confiado no inocentemente en la libertad, y reforma de las viejas instituciones de Bretton Woods. No había detalle en las propuestas, pero en el corto plazo estaban la mejora de los estándares de contabilidad, la información sobre instrumentos financieros complejos, y la revisión de criterios de valoración, niveles de endeudamiento, capital bancario, remuneración de los ejecutivos y provisiones. Más y mejor regulación para mitigar esa tendencia cíclica de la economía que condujo a la recesión. Como si fuera un fenómeno de la naturaleza.

Toolittle,toolate, sentenció la opinión internacional. Demasiado poco, demasiado tarde. Quién iba a decir que cinco años después aquella modesta agenda avanzaría tan torpemente. La crisis financiera llegó sin tener la arquitectura institucional para gestionarla, especialmente en una Europa a mitad de camino, y sin que supiéramos ver detrás la crisis de las deudas soberanas, la debilidad de unos Estados sobreendeudados que necesitaban acudir cada semana a los mercados para pedir nuevos créditos con los que ir atendiendo el gasto de unas administraciones elefantiásicas y el servicio de la deuda pública, con intereses inasumibles. Los líderes que pomposamente querían conjurar la crisis carecían de la suficiente autoridad para ahormar y constreñir los mismos mercados financieros de los que dependía su supervivencia en el corto plazo. El sistema -la economía de mercado dejada de la mano de Dios- estaba, y acaso siga estando, fuera de control.

El documento de 2008 expresaba su fe en el libre mercado: “reconocemos que estas reformas sólo tendrán éxito si se basan en el compromiso con los principios del libre mercado, incluyendo el Estado de derecho, el respeto a la propiedad privada, la apertura del comercio y la inversión, mercados competitivos y eficientes y mercados financieros efectivamente regulados”. Cuestión de fe. Queremos creer que tales principios han sacado de la pobreza a millones de personas y pueden seguir haciéndolo “reconociendo la necesidad de mejorar la regulación del sector financiero, evitando la sobrerregulación que hundiría el crecimiento económico y exacerbaría la contracción de los flujos de capitales, incluyendo los países en vías de desarrollo”. Un difícil equilibrio. La homeostasis -capacidad de autorregulación de los sistemas complejos para mantenerse en equilibrio- es una propiedad de los organismos vivos, pero la historia no alcanza para probar que lo sea también de la economía globalizada en el capitalismo liberal.

En 1988, los acuerdos de Basilea I, elaborados por un comité de bancos centrales, fijaron para las entidades de crédito un capital mínimo del 8% sobre el conjunto de sus riesgos para reforzar su solvencia. Sin embargo, no medían la probabilidad de incumplimiento de los deudores; la grieta por donde se despeñan los balances de los bancos en todas las crisis. Tampoco bastaron los acuerdos de Basilea II, en 2004, más exigentes con la autoevaluación de cada entidad, su gestión del riesgo, y la disciplina de mercado. Se trata de un proceso regulatorio muy técnico, que adquiere relevancia normativa a medida que los ordenamientos nacionales se la prestan. Basilea III, entre 2010 y 2011, ha reforzado las exigencias de capital de los bancos al incrementar su calidad (restringiendo qué se entiende por capital) y su cantidad: el porcentaje de capital sobre activos de riesgo deberá pasar del 8% en 2013 al 10,5% en 2018, más un colchón para provisiones anticíclicas -entre el 0 y el 2,5%- que fijarán país a país los reguladores locales. Se elevan los requerimientos para titulizaciones complejas y derivados, debiendo cubrirse las pérdidas potenciales por ajustes de mercado asociadas a la solvencia de las contrapartes, y se introducen exigencias mínimas de liquidez. El sector financiero es demasiado grande para dejarlo caer. También para rescatarlo a costa de los contribuyentes.

Se acaba de someter a consulta un nuevo documento de Basilea que añade exigencias sobre el apalancamiento -endeudamiento- de los bancos para invertir en activos dentro y fuera de sus balances. Hay consenso en que un apalancamiento excesivo contribuyó a la crisis y que, después, el desapalancamiento desordenado acentuó un bucle de pérdidas, caída del capital y contracción del crédito. Se propone ahora limitar ese apalancamiento, definido como “la medida del capital” (acciones y beneficios no repartidos) dividido por “la medida de la exposición” (exposiciones totales al riesgo con independencia de su calidad), conforme a un porcentaje máximo que hasta el 1 de enero de 2017 sería, provisionalmente, del 3%, lo que significa que cada banco podrá invertir hasta treinta y tres veces su capital. La medida es crítica; tanto que pasar, por ejemplo, del 3 al 3,5%, tendría efectos relevantes en la cantidad de crédito en el sistema y en el tamaño del sector financiero.

Hoy los gobiernos discuten sobre décimas porcentuales y el calendario de la transición. El marco jurídico no cambia sustancialmente, aunque se hable de separar las actividades de banca comercial y banca de inversión, se avance en Europa hacia mecanismos únicos de supervisión y resolución de crisis bancarias, algo imprescindible, o se impongan requisitos adicionales a las entidades de mayor tamaño para evitar el riesgo sistémico. La consecuencia probable será una disminución de los balances de los bancos, que difícilmente encontrarán en el mercado el mayor capital exigido para sostener con solvencia su actividad anterior, y tardarán en generar los beneficios que puedan suplirlo. También un menor endeudamiento en Estados, empresas e individuos, que tendrán que adaptarse a otras pautas de crecimiento o supervivencia. Y esa es sólo una parte visible del engranaje. Queda por saber qué hacer con los flujos económicos y cómo priorizar los intereses de las personas, definir hacia qué modelo de sociedad transitamos y diseñar nuevas instituciones. Después de los años de la crisis, que pasará, aspiramos a que haya, en efecto, más y mejor regulación, menos crecimiento, quizá, pero con menores desequilibrios y un reparto más equitativo de la riqueza sin náufragos en Lampedusa. Un sistema en el que el balance sea humano y no sólo aritmético. Para ello, los miembros de la sociedad civil debemos exigir mucho más de nuestros gobernantes en favor de una estabilidad económica justa y sostenible mediante reformas profundas en los órdenes político, jurídico y financiero. Somos el sistema, nosotros sí, ciudadanos de un mundo sin líderes donde sólo las grandes ideas y el esfuerzo cooperativo garantizarán su equilibrio.

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