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Reforma del Código Penal

JpD ve una reforma "con tintes autoritarios y populistas" y que retrotrae a tiempos preconstitucionales

23/09/2013
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Califica las medidas contra la corrupción de "erróneas e insuficientes"

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El portavoz de la asociación Jueces para la Democracia (JpD), Joaquim Bosch, ha afirmado este viernes que la propuesta de modificación del Código Penal presentada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, es "una reforma con tintes autoritarios y populistas" que además "retrotrae a tiempos anteriores a la Constitución".

"No creemos que vaya a solucionar los problemas de fondo de nuestra sociedad", ha manifestado Bosch en declaraciones a Europa Press, al tiempo que ha explicado que España "se encuentra en los niveles más bajos de delincuencia del ámbito europeo", mientras que "está a la cabeza en el porcentaje de presos por habitante y en el tiempo de cumplimiento de las condenas".

Por ello, según ha señalado el portavoz de JpD, "está claro que en todas las encuestas se detecta que no existe un problema de percepción de inseguridad ciudadana" en España y que, por tanto, "no existe justificación para el endurecimiento de penas que se practica o para la incorporación de medidas como la prisión permanente revisable", que, en su opinión, es "de dudosa constitucionalidad".

"Plantea una concepción autoritaria sobre el modelo de Estado y sobre el Derecho. Además, la reforma pone mucho énfasis en criminalizar formas de disidencia, a través de la introducción de nuevas conductas que se castigan y del incremento de penas de otras", ha denunciado.

A su juicio, aunque España se encuentra "en una situación de cierta conflictividad social", el Gobierno "lo que tendría que hacer es convencer a la ciudadanía con argumentos sobre la gestión que está realizando y no utilizar el Código Penal para castigar a los disconformes".

LA CORRUPCIÓN

En relación con el tema de la corrupción, Joaquim Bosch ha dicho que en este nuevo Código Penal "se detecta que no existe un análisis serio y riguroso del problema" y ha indicado que, por esta razón, las medidas son "erróneas e insuficientes". "El problema de la corrupción es que existe un margen muy amplio de discrecionalidad de las administraciones públicas al efectuar sus contrataciones", ha criticado.

"La corrupción comienza siendo privada y pasa a ser pública cuando hay medidas de control. Se tendría que acabar con esa discrecionalidad y también con el margen de maniobra excesivamente amplio con el que cuentan los partidos en su financiación y en sus cuentas. También se tendría que acabar con la donaciones millonarias de las grandes empresas", ha concretado.

Asimismo, ha advertido de que es "imposible" actuar contra la corrupción judicialmente, si los juzgados "no cuentan con medios suficientes para resolver los asuntos en plazos razonables", lo que, desde su punto de vista, es "una de las mayores disfunciones que generan malestar en la ciudadanía porque los procesos se eternizan".

"De esto no se ha hecho absolutamente nada y simplemente el Gobierno se ha limitado a retocar unos pocos artículos, lo cual no es ninguna solución al problema", ha insistido, para después añadir que la solución penal "siempre es tardía, cuando el daño ya se ha producido". "No se ve voluntad política del Gobierno de afrontar reformas estructurales", ha opinado.

FINANCIACIÓN ILEGAL DE PARTIDOS

Por otra parte, se ha referido a la posible creación del delito de financiación ilegal de partidos políticos. Así, ha afirmado que ve "positivo" abrir un debate sobre ello, pero ha advertido que debería ir acompañado de "un contexto de reformas estructurales".

"Lo que no tiene sentido es que el Gobierno no tome medidas preventivas sólidas y que se crea que simplemente modificando unos artículos del Código Penal el problema está solucionado. Lo que plantea el Gobierno es una mera cortina de humo para distraer a la opinión pública", ha destacado.

En esta línea ha recordado que el Ejecutivo "en estos momentos, el partido que lo apoya, está siendo investigado por asuntos de bastante gravedad" y que hay "centenares de imputados por corrupción". "Que el Gobierno no adopte estas medidas estructurales... da la impresión de que no tiene la voluntad de adoptarlas, lo cual a nosotros nos parece alarmante", ha sentenciado.

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