Eloy García es Catedrático de Derecho Constitucional.
El artículo fue publicado en El Cronista n.º 35 (marzo 2013)
I. LOS FALSOS AMIGOS Y DE LA NECESIDAD E IMPORTANCIA EN CIENCIAS SOCIALES DE CONSTRUIR UN LENGUAJE NEUTRAL EN TIEMPOS DE CAMBIO
Vivimos tiempos de cambio, y el cambio implica siempre romper con referencias comunes generalmente aceptadas. Y cuando el cambio se desencadena, los significantes se distancian a un ritmo de vértigo de las significaciones que tradicionalmente portaban y se abren rápidamente a nuevos contenidos dando lugar a numerosas confusiones, porque las palabras ya no se identifican con lo que hasta hacía muy poco representaban. Es el momento de la perplejidad, en que las cosas no son lo que según su envoltura y forma externa aparentan ser. Es el momento en que las innovaciones y préstamos lingüísticos dan vida a las realidades gramaticales nuevas. Es el momento en que los términos y conceptos no quieren decir lo mismo en todo lugar y tiempo, en que la única manera posible de no incurrir en ese fenómeno de confusión y de manipulación más o menos encubierta –que los estudiosos de la lengua denominan “falsos amigos”–, pasa por esforzarse en insertar las categorías en la atmósfera en que han surgido.
A este respecto, conviene recordar que los conceptos y las categorías políticas, sociológicas y jurídicas, como las expresiones del lenguaje corriente, únicamente alcanzan un sentido semántico coherente con las realidades que teóricamente enuncian, es decir, se comportan como entidades portadoras de contenidos lingüísticos no distorsionados, en el escenario sistemático en que se originaron y desarrollan su existencia. Fuera de él, tal vez pueden conservar su forma, su apariencia, pero significando algo muy distinto. Así pues, la sola manera honesta en ciencias sociales de disponer de un lenguaje compartido y neutral que nos permita entendernos, es contextualizar, esto es, procurar utilizar las categorías y conceptos dentro del ámbito real concreto en el que recibieron una significación comúnmente aceptada. De no hacerlo así, lo que corresponde es advertir que estamos procediendo a un uso impropio o promoviendo un préstamo lingüístico de aquellos que en tiempos de cambio suelen abundar en los ámbitos más dinámicos del pensamiento y de la acción social colectiva.
Y todo esto tiene bastante que ver con la corrupción y la transparencia, por dos razones muy diferentes: primera, porque como enseña John Pocock (El Momento Maquiavélico, Princeton 1975, traducción española 2002), el cambio en Política, cuando adviene, adquiere una fuerza de ruptura de las situaciones preexistentes de un calado y envergadura tales, que a menudo sobrepasa la capacidad de los hombres –y de los lenguajes– para tomar conciencia y dar forma expresiva a los hechos que están sucediendo. Segundo, porque como los fenómenos de corrupción históricamente siempre han venido asociadas a procesos de mutación en el léxico político (un hecho o situación que guarda gran relación con lo que etimológicamente significa la propia noción de corrupción: del latín co-rruptio, alteración de una sustancia orgánica por descomposición), nada puede haber de extraño en que en nuestro actual “momento” político de transformación nos veamos sumidos en un extendido estado de confusión, en el que las palabras y los conceptos no significan ya lo que a tenor de los diccionarios y gramáticas políticos tendrían que significar, puesto que el desgaste y la desvirtuación de las palabras, acompaña y como apuntaba un clarividente Benjamín Constant, a menudo previenen a la corrupción entendida como cambio no como patología (aunque también expresen la patología y sus consecuencias: “Les formes perpétuen l´esprit et bien qu`elles puissent êtres horriblement perverties, elles ressemblent à ces arbres qu´il est fácil de plier, mais dont l´élasticité les redresse, lorsqu´on cesse de les comprimer [de manera que] Lorsque de certains idées se sont associés à de certains mots, l´on a beau répéter et démontrer que cette asociation est abusive, c´est mots reproduits rapellent longtemps les mêmes idées”. Tomado de las obras, De la Force du Gouvernement actuel de la France, 1796, y Principes de Politique 1810).
Lo que indica que para reflexionar en relación a este problema, se imponen la exigencia de precisar con exactitud de qué se quiere hablar y de clarificar materialmente a qué nos estamos refiriendo.
Pero ello acudiré a dos ejemplos.
1. Resulta casi una obviedad decir que los países musulmanes poseen una cultura política muy diferente a la moderna. La cultura política moderna es el resultado del proceso de secularización del pensamiento cristiano que se transmuta en un conjunto de valores cívicos articulados en torno al laicismo, y que a partir de la Ilustración alumbrará una serie de categorías como el tiempo, la moral, el derecho vinculado a la legalidad, el hombre como ser subjetivo... Michel Baker, François Furet, Mona Ozouf y Colin Lucas, en un trabajo de enorme impacto The French Revolution and the Creation of Modern Political Culture, IV volúmenes, Oxford, 1989, han establecido con precisión los supuestos que integraban el paradigma político moderno construido por obra de la Revolución. Esos supuestos son justamente, los que hoy conforman y regulan nuestras vidas como si se trataran de un imperativo cultural que va mucho más allá de las obligaciones que impone el derecho o la Constitución.
Sin embargo, estos postulados, sociológicos, morales, psicológicos, y también jurídicos, no rigen en absoluto para países, tan cercanos a nosotros en términos geográficos y en cambio tan distantes en clave intelectual, como las naciones que hacen del Islán principio de su existencia y de su cultura política. En el mundo islámico no sólo impera otro calendario, sino que nuestro concepto de tiempo como marco lineal por el que discurre el quehacer humano, no tiene cabida; en el mundo musulmán nuestra creencia moral en la verdad como deber incondicionado que nos prohíbe tajantemente mentir (La Querella Kant-Constant acerca de la existencia de un deber incondicionado a decir la verdad, 1795, traducción española 2012), no ocupa lugar; en el mundo islámico la política, el derecho, la economía la moral y tantas otros supuestos, entendidos como realidades autónomas de la religión, carecen de cualquier sentido. El Corán es mucho más que un libro sagrado, es el Código que condensa el conjunto de verdades sobre las que asienta el universo cultural y, también, claro está, la política en los países islámicos. Un Código que establece la poligamia, que hace de la religión guardiana de la política, que equipara las prácticas financieras bancarias entre creyentes a la usura, y que no considera reprobable moralmente, ni prohíbe legalmente, la entrega de dádivas, regalos o aquello que nosotros llamamos comisiones en las transacciones económicas internacionales. El gobernante de la península arábiga que satisfaga comisiones a un mandatario europeo o norteamericano por su intermediación en una transacción entre naciones, no habrá incurrido en un ilícito moral o jurídico en su propio país según su legislación vigente, porque su cultura política basada en una idea religiosa y patrimonialista del poder y la política, no ven en esa práctica más que la justa retribución a un amigo; cosa que no sucede, por ejemplo, con quien presta dinero a un fiel de su misma religión a cambio de una modesta tasa del 5% anual. Como explicaba el Marx de la Crítica de la Filosofía del Derecho de Hegel, la contemporaneidad histórica no quiere decir, ni equivale a contemporaneidad mental, cultural o de conciencia política. Así pues, tratar de equiparar la conducta ilícita de un gobernante occidental que acepta pagos por sus servicios en una transacción internacional en contra del interés o del patrimonio de su nación, con la que al respecto guía la acción de un gobernante que se mueve en las pautas de la cultura política islámica, representa simplemente un dislate. No cabe incluir en una misma categoría dos conductas que responden a realidades diferentes, que en el lenguaje de la política son exponentes o corresponden a realidades distintas. Estaríamos ente un supuesto evidente de falsos amigos.
2. Cambiando de escenario y situándonos en nuestro país, asistimos en España a un desagraciado espectáculo de degradación de la conducta de responsables de algunos órganos públicos que en concomitancia con sujetos privados no han dudado en beneficiarse de fondos públicos para enriquecerse a costa de lo que es de todos. En medio del estupor de una opinión aturdida, la palabra “corrupción” ha pasado a formar parte del lenguaje cotidiano y según las encuestas ocupa el cuarto lugar entre las grandes preocupaciones de los españoles.
Pero más allá del escándalo político –entendido en el sentido que le confiere John Thompson (El Escándalo Político, Poder y Visibilidad en la era de los medios de comunicación, Cambridge, 2000, traducción española 2002)–, nadie parece haber reparado sobre si existen o no grietas o vericuetos legales que hacen posible semejante situación, y sí desde el punto de vista de la más estricta juridicidad, tales conductas se adecúan a las exigencias de nuestro derecho positivo, y, si son susceptibles de reprensión y castigo. ¿El uso inadecuado de un instrumento jurídico lícito puede derivar como resultado en una conducta ilícita en términos de legitimidad pero irreprochable en la lógica de la legalidad?
... (Resto del artículo) ...
