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Almunia y el “Tax Lease”; por Gonzalo Alvar Ezquerra; abogado

03/07/2013
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El día 3 de julio de 2013, se ha publicado en el diario ABC, un artículo de Gonzalo Alvar Ezquerra, en el cual el autor opina que si se declara ilegal el “tax lease” y se les obliga a devolver los beneficios obtenidos, ningún inversor volverá a participar en la construcción de buques en España.

ALMUNIA Y EL “TAX LEASE”

A lo largo de su vida, Forrest Gump nos recuerda varias veces que “tonto es el que hace tonterías”. La Comisión Europea está a punto de declarar ayuda ilegal de estado el sistema de bonificaciones fiscales utilizado durante años en nuestra construcción naval, el “tax lease” español. Para el desarrollo de este sistema, es necesaria la participación de un astillero, un banco, dos o más inversores y un armador. En España, los armadores que encargan la construcción de buques son mayoritariamente extranjeros. Todavía es una industria que goza de cierto prestigio internacional; los trabajadores de los astilleros no sólo se dedican a quemar neumáticos o a cortar puentes...

En junio de 2011, la Comisión comenzó a investigar el “tax lease” español a raíz de una denuncia liderada por la Asociación de Astilleros Holandeses. Tras dos años de tramitación, los servicios técnicos de la Dirección General de la Competencia han determinado que esas bonificaciones son incompatibles con el mercado europeo y que es obligatoria su devolución (unos 3.000 millones de euros). Con medida demagogia, el señor Almunia dice que los astilleros no tienen que preocuparse; son los inversores y los armadores los que se han beneficiado y los que han de pagar. En su deriva, ¿nos pretende hacer creer que esta decisión, muy discutible desde la mera técnica jurídica, no va afectar a una industria que en España da trabajo a unas 80.000 personas? Séneca escribió que nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía. Como tuvo la suerte de no conocer la burocracia comunitaria, no dijo nada sobre la injusticia tardía.

Los inversores que participan en los contratos de construcción naval son grandes corporaciones de todos los sectores económicos radicadas en España. Intervienen en estas estructuras confiando en la capacitación técnica de los astilleros, en la legalidad del sistema y en la rentabilidad de su inversión. Si se declara ilegal el “tax lease” y se les obliga a devolver los beneficios obtenidos, ningún inversor volverá a participar en la construcción de buques en España.

Y qué decir de los armadores. La Agencia Tributaria española, la misma que autorizaba expresamente la utilización del sistema caso a caso, intentará recuperar cientos de millones de euros de armadores de todo el mundo. Esos armadores a los que se convenció de que era mejor construir aquí que en Corea, Vietnam o China, recibirán una carta de nuestras autoridades en las que se les conminará a la devolución de unas ayudas obtenidas en un buque contratado en España años atrás. No es mucho suponer que esos armadores tirarán la carta a la basura y tacharán a nuestros astilleros de su lista de posibles constructores y encargarán sus barcos a Corea, Vietnam o China. Peor suerte pueden correr los armadores españoles que confiaron en la industria nacional para construir sus buques. Voltaire sentenció que es mejor arriesgarse a salvar un culpable que condenar a un inocente. La Comisión debería tomar nota de las reflexiones del pensador francés.

Quid prodest? Frente al ejército de Pancho Villa que es este país nuestro, los holandeses están perfectamente unidos: astilleros, empresas auxiliares y administraciones públicas. Al gobierno holandés le interesa su industria naval. Es una parte relevante de su PIB y entiende que es un sector estratégico. Las cifras de contratación en los astilleros holandeses en 2007 y 2008 -más de 4.000 millones de euros cada ejercicio- eran muy superiores a las de los astilleros españoles. Como consecuencia de la crisis mundial, la cifra de negocio en Holanda bajó significativamente en 2009 y 2010; incluso así, su volumen de facturación era superior al español durante nuestra época dorada (2006/2007) en la que se estaba utilizando el sistema de “tax lease”. Previendo las consecuencias de la crisis, a partir de finales de 2008, los astilleros holandeses comienzan una feroz presión a la Comisión y una campaña bélica contra el sistema español consiguiendo su preciado botín en 2011 con el inicio de procedimiento y la práctica paralización de nuestros astilleros. Holanda había contratado algo más de 80 barcos en 2010; en 2011, más de 140. Barcos que se construyen en Holanda y en los astilleros que tienen diseminados por todo el mundo al albur de su estrategia expansiva.

El Colegio de Comisarios se reúne a mediados de julio para decidir sobre este asunto. Tienen en sus manos encontrar una solución más ecuánime; ya lo consiguió Francia en un expediente similar. ¿Por qué no España? Confiemos en que los Comisarios más afectados por esta propuesta ( Justicia, Industria y Emprendimiento, Desarrollo, Política Regional, Empleo) reflexionen y puedan convencer al resto de sus compañeros de que la Comisión Europea no es un órgano creado para hacer tonterías. Si no se consigue, nuestra industria naval acabará como el teniente Dan de Forrest Gump, esperando el fin en su silla de ruedas.

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