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Hacia la independencia catalana (I), por Jorge de Esteban, Presidente del Consejo Editorial de EL MUNDO y catedrático de Derecho Constitucional

28/05/2013
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El día 28 de mayo de 2013, se ha publicado en el diario El Mundo, un artículo de Jorge de Esteban, en el cual el autor opina acerca de la política soberanista de Artur Mas

HAY ALGUNOS que piensan que la política soberanista de Artur Mas y colaboradores no es más que un señuelo para poder seguir esquilmando al Estado. Otros creen que lo que dice y hace el presidente Mas va en serio, y que el camino emprendido conducirá hasta la independencia. Por último, hay un tercer grupo de observadores que piensan que el líder catalán compagina ambas posturas, mientras que se mantenga el dontancredismo o dejación tradicional de los Gobiernos de Madrid. Ahora bien, esta pasividad que consiste en dejar que las cosas sucedan, puede llegar a convertirse incluso en una pasividadactiva. Según la cual no se hace nada, pero se ayuda estúpidamente a los nacionalistas para que consigan su objetivo. En efecto, los franceses utilizan la frase “trabajar para el rey de Prusia”, en una de sus varias acepciones, para describir la situación en que se trabaja en interés de un tercero, sin obtener nada en provecho propio. Con ello quiero decir que los diferentes Gobiernos (salvo el de Leopoldo Calvo-Sotelo) y, en algunos casos, el Tribunal Constitucional, han adoptado durante años medidas que beneficiaban a los nacionalistas catalanes, en perjuicio, a veces, de los intereses generales de España. Así las cosas, después de 35 años de llevar a cabo una política absurda, el llamado problema catalán se halla más agudizado que nunca. Para comprender mejor dónde estamos, conviene distinguir seis peldaños en la escalada hacia la independencia de los nacionalistas catalanes.

El primero comienza en el mismo proceso constituyente, cuando se planteó la solución que había de darse para la mejor integración del País Vasco y Cataluña en el seno de España. Sin considerar las diversas opciones que se contemplaron, al final se acabó imponiendo la peor. Esto es, se decidió adoptar un modelo inspirado en la Constitución de 1931 para organizar territorialmente el Estado. Este modelo fue reivindicado por los partidos nacionalistas que, gracias al Decreto-Ley de 1977 sobre el régimen electoral, habían conseguido entrar en las Cortes con una representación que sobredimensionaba su importancia a nivel nacional. A partir de entonces la presencia de los partidos nacionalistas, junto al carácter abierto de las competencias que podían adquirir comunidades autónomas denominadas nacionalidades, contribuyó a que se fuese engrosando el volumen competencial tanto en el País Vasco como en Cataluña, en detrimento de las del Estado. Se disponía así de un método para ir fomentando las tendencias centrífugas de las nacionalidades, merced a que los diferentes Gobiernos, salvo alguna excepción, necesitaron el apoyo de los partidos nacionalistas para gobernar. Éstos se convirtieron en partidos-bisagras, indispensables para la estabilidad de Gobierno central, lo que les confería poder suplementario.

El segundo peldaño consistió en utilizar la lengua propia como un poderoso instrumento para lograr la homogeneidad que era necesaria en su búsqueda de la independencia. Los nacionalistas piensan que no es el territorio quien define la lengua, sino que es la lengua quien define su territorio. La lengua, en razón de su infinita capacidad generativa y de ser el vehículo de las representaciones colectivas, es un instrumento esencial para los nacionalistas en su búsqueda del poder independiente. De esta manera, surgió, en primer lugar, la inmersión lingüística dentro de la enseñanza en todos sus niveles. Semejante política, aun siendo claramente inconstitucional, como señalan algunas sentencias del Constitucional o del Supremo, se consolidó en gran parte gracias a la complicidad, muchas veces interesada, de los Gobiernos de Madrid. Pero la inmersión no afectaba solamente a la enseñanza, sino que también se llevaría a otros ámbitos, con el intento de convertir la lengua catalana en la hegemónica de la comunidad autónoma. Surgieron así varias televisiones en catalán, se impusieron multas por rotular los comercios en español, se obligó a que todos los documentos oficiales se presentasen solo en catalán. Todas estas medidas se fueron imponiendo ante la pasividad de los diferentes Gobiernos centrales. Es cierto, sin embargo, que se presentaron varios recursos y que los Tribunales dictaron sentencias que obligaban a cumplir la Constitución respecto a las dos lenguas cooficiales. Pero no hace falta recordar que casi todas esas sentencias, por no decir todas, se han incumplido sistemáticamente.

Un tercer peldaño se refiere a la difusión y consolidación de los símbolos propios de Cataluña, en detrimento de los del Estado. Desaparecen, de este modo, en multitud de ayuntamientos, la bandera española, multiplicándose continuamente la senyera, se celebra el día nacional de Cataluña y se canta Els segadors como himno nacional. Del mismo modo, se lleva a cabo una política de manipulación de la Historia para convencer de que Cataluña es un país diferente de España. Es más: la política desarrollada en búsqueda de su identidad nacional llevó a los Gobiernos nacionalistas a sembrar de seudoembajadas el mundo, dilapidando el dinero público. Al mismo tiempo, se consideró necesario conceder subvenciones a la prensa para tenerla domesticada, hasta el punto de que en 2009 todos los periódicos importantes de Cataluña publicaron un mismo editorial para exigir al Constitucional que respetase la integridad del Estatut de 2006.

EN EFECTO, un cuarto y decisivo peldaño se había consumado en 2006, gracias al apoyo irresponsable de Zapatero, con la elaboración de un nuevo Estatut que nadie había exigido, salvo los nacionalistas catalanes y Pasqual Maragall. El texto aprobado por el Parlament era más bien una Constitución que una norma estatutaria. En las Cortes, hubo un intento de adelgazar la ambiciosa gama de competencias que se había atribuido la Generalitat. Algo se eliminó en los debates, pero seguía siendo una norma inconstitucional. De ahí que el Partido Popular no tuviese más remedio que recurrirla ante el Constitucional. Durante cuatro años sus magistrados estuvieron decidiendo qué hacían. Como las posiciones estaban enfrentadas, ya que unos querían dar luz verde a esa aberración jurídica y otros opinaban que había que echarla abajo, se llegó a una solución pastelera. Algunos artículos se declararon inconstitucionales, mientras que otros requerirían una interpretación acorde con la sentencia. Eso no contentó ni a los que opinaban que el Estatut seguía siendo inconstitucional, ni a los nacionalistas catalanes, que no admitieron que se hubiese tocado su texto sagrado. D esde ese momento ya no satisfacía los deseos de la clase dirigente catalana, por lo que había que dar un paso más.

El quinto peldaño, fracasado el intento de CiU de lograr una amplísima mayoría en las últimas elecciones de 2012 que obligó a Mas a aliarse con Esquerra, consistió en manifestar que el objetivo de la independencia no se podía posponer más tiempo. Así es, porque en el fondo del paisaje se encuentra 2014, fecha en que se celebrará los 300 años del momento histórico en que, según la leyenda nacionalista, Cataluña perdió su autogobierno. En consecuencia, hace unos meses el Parlament aprobó una Declaración Soberanista, con la que se aspira a construir un nuevo Estado dentro de Europa.

Y así llegamos a la decisión de celebrar un referéndum o consulta para que los catalanes decidan si quieren crear un Estado independiente. Entretanto, partiendo de la Declaración Soberanista, Mas ha creado un Consejo Nacional para la Transición de Cataluña, que elabora, parece que sin que se entere Rajoy, las estructuras del nuevo Estado.

Los nacionalistas han dado todos estos pasos porque el Gobierno central ha dejado hacer o bien porque las medidas que se tomaron en su contra no fueron eficaces o no se acataron en Cataluña. La cuestión que se plantea entonces es si llegados a este punto, cabe alguna solución para evitar el secesionismo catalán. Materia que exige un nuevo artículo.

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