JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 14 (EUROPA PRESS)
Además, por este mismo caso también han sido condenados a más de dos años de cárcel los exasesores andalucistas José López y Manuel Cobacho, según han adelantado las mismas fuentes. Para estos la Fiscalía pedía cuatro años y seis meses de cárcel, más ocho años de inhabilitación para el primero y siete para el segundo y se les imputaban delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad documental.
El Ministerio Fiscal había solicitado para Pacheco una pena de seis años de cárcel y diez de inhabilitación para el desempeño de cargo público, lo que supuso una rebaja de casi 12 años de cárcel respecto a la petición inicialmente formulada.
Por su parte, la acusación particular que ejerce el Ayuntamiento de Jerez también decidió hacer una rebaja considerable en su petición de pena, que fijó en cuatro años y seis meses de cárcel y ocho de inhabilitación. Cabe recordar que en un principio solicitaba 18 años de cárcel para el exalcalde.
En su exposición de conclusiones finales, desde el Ministerio Público se resaltó la "evidencia" de que los exasesores imputados "no fueron nombrados" por Pleno ni se publicó su designación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), condiciones "irrenunciables" que exige la normativa para el personal eventual de confianza.
En este sentido, la fiscal reiteró que tras la constitución del pacto político PSOE-PSA y la asignación de las atribuciones y del número de asesores a los pocos días en Pleno en enero de 2005, los que correspondían al PSA --entre el grupo político y la presidencia-- "ya estaban nombrados" y, por ello, ha concluido que las contrataciones posteriores a los dos exasesores por parte de Pacheco eran "ilegítimas" e "irregulares".
Asimismo, ha advertido de que "en una administración pública nadie puede hacer lo que le dé la gana con dinero público", tras considerar probado el "fraude" que suponen las contrataciones de los dos exasesores para las empresas municipales de Emusujesa y Speed Festival, que entiende que ordenó el exalcalde Pedro Pacheco con la finalidad de "sustraer caudales públicos" para sus "amigos" y "compañeros de partido".
