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CGPJ

Archivada la denuncia contra los vocales que pidieron explicaciones al juez del "caso Nóos" por sus viaje a Madrid

08/03/2013
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El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha archivado la denuncia presentada por el abogado José Luis Mazón contra tres de los miembros de la Comisión Permanente de este órgano, entre ellos el presidente, Gonzalo Moliner, por pedir explicaciones al juez instructor del "caso Nóos", José Castro, sobre sus traslados a Madrid y Barcelona para practicar diligencias concernientes a esta causa.

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El Consejo ha acogido la propuesta de su secretario general instasndo el archivo de la queja sin más trámite, según han informado fuentes del órgano del gobierno de los jueces.

En dos reuniones de la Comisión Permanente celebradas el pasado mes de febrero los votos de Moliner y de los vocales Antonio Dorado y Almudena Lastra validaron un acuerdo dirigido a que el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma justifique la razón de sus desplazamientos. Manuel Almenar y Margarita Robles votaron en contra por considerar que esta petición vulnera el secreto de las actuaciones judiciales.

Finalmente, en una reunión posterior, la Comisión Permanente acordó conceder la comisión de servicio solicitada por Castro para la toma de declaraciones relacionadas con el "caso Nóos" en sede distinta de su partido judicial.

En su denuncia, presentada en nombre del partido político Soberanía, se señala que la exigencia del CGPJ al juez de Palma supuso un acto "radicalmente contrario" a la independencia judicial y revistió "apariencia de una falta muy grave o grave de régimen disciplinario de los funcionarios públicos del Estado" cometida por los vocales que validaron el acuerdo.

A juicio de la formación denunciante sobre la actuación de los vocales que pidieron explicaciones a castro hay sospecha "de existir uso de influencias para favorecer al actual Ministro de Justicia", Alberto Ruiz-Gallardón, que era el alcalde de Madrid en el momento de producirse los hechos investigados por Castro, relacionados con la gestión de Madrid 2016.

Por ello, el letrado solicitaba al Pleno que abriera una investigación y ordene incoar expediente disciplinario a "los adoptantes del acuerdo de intromisión en la independencia judicial, con suspensión cautelar de funciones".

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