Diario del Derecho. Edición de 24/11/2017
  • Diario del Derecho en formato RSS
  • ISSN 2254-1438
  • EDICIÓN DE 07/03/2013
 
 

Agua

El TC desestima otro recurso del Gobierno murciano a la derogación del trasvase del Ebro

07/03/2013
Compartir: 

El Tribunal Constitucional ha desestimado un recurso interpuesto por el Gobierno murciano contra la modificación del Plan Hidrológico Nacional (PHN) que derogó el trasvase del Ebro. La sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, data del pasado 28 de febrero.

MURCIA, 6 (EUROPA PRESS)

La Región de Murcia interpuso el recurso de inconstitucionalidad el 29 de julio de 2004, argumentando que el Real Decreto había incurrido en inconstitucionalidad "por vulneración del derecho de participación" de las comunidades autónomas en la elaboración del PHN según la jurisprudencia constitucional.

Asimismo, el recurso criticaba que la modificación del PHN que derogaba el trasvase del Ebro "es un acto de voluntad política cuya elaboración y fundamentación jurídico-formal es exigua o inexistente". Por contra, argumentaba que el PHN y el trasvase "son el resultado de un amplio y participado proceso de composición de intereses que ha generado un equilibrio real entre ellos".

Igualmente, el recurso de la Región de Murcia defendía la inexistencia del presupuesto habilitante que legitimara la aprobación del Real Decreto Ley o, dicho de otro modo, la ausencia de "extraordinaria y urgente necesidad".

En concreto, el recurso del Gobierno murciano afirmaba que "no puede considerarse urgente la derogación del trasvase de aguas de la cuenca del Ebro, porque el PHN lo había configurado como "una simple autorización para actuar, sin obligación de hacerlo ni plazo para ello".

Además, justifica que tampoco concurriría el supuesto de urgencia económica pues "cabía optar por el desestimiento de los contratos adjudicados para la ejecución del Plan Hidrológico Nacional en este punto, o a su suspensión haciendo uso de las posibilidades existentes en el texto refundido de la Ley de contratos de las Administraciones públicas".

La Comunidad también esgrimió la infracción del principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos y la vulneración de la reserva constitucional de ley, al haber incidido el decreto-ley impugnado en materias que le están "constitucionalmente vedadas" por la aplicación de la Constitución.

SENTENCIA DEL TC

En su fallo, la Sala recuerda que el recurso del Gobierno murciano "coincide básicamente" con el objeto y la fundamentación promovida en su día por el Gobierno de la Generalitat Valenciana resuelto recientemente por el propio Tribunal Constitucional, el pasado 13 de diciembre.

Precisamente, en ese fallo el TC sostuvo que "puede apreciarse razonablemente la concurrencia de la extraordinaria y urgente necesidad tanto en la derogación de los preceptos de la Ley del PHN como en las declaraciones de interés general por Real Decreto Ley".

"Sin entrar a valorar la bondad técnica de dichas medidas ni su oportunidad e idoneidad para paliar las deficiencias hídricas que han aquejado secularmente a las cuencas mediterráneas, juicios que no compete formular a este Tribunal Constitucional, bien podemos afirmar que ni una ni otra representan un uso abusivo del decreto-ley", añade.

La sentencia afirma que los razonamientos expuestos "conducen a reconocer la validez del requisito de extraordinaria y urgente necesidad".

Con respecto a la ausencia del requisito de la conexión de sentido o relación de adecuación entre la situación de urgencia y las medidas arbitradas para hacerle frente, el Tribunal Constitucional ratifica que "tampoco merece favorable acogida" pues "hubiera bastado con paralizar las obras de realización de las infraestructuras necesarias para la realización de las infraestructuras necesarias para la realización del trasvase del Ebro".

Todo ello "sin necesidad de derogar los preceptos de la Ley del PHN relativos al mismo, pues está al alcance de un Gobierno decidir libremente la realización o no de unas obras expresamente declaradas de interés general por el legislador".

Y es que, en tanto no se derogasen formalmente los preceptos de la Ley del PHN que contenían el régimen jurídico del trasvase de aguas de la cuenca baja del Ebro, "era necesario llevar a cabo las actuaciones materiales necesarias para cumplimentarlo y destinar a tal fin los fondos precisos", explica la sentencia.

Por este mismo fundamento jurídico, el Tribunal Constitucional decide desestimar el alegato relativo a la falta de aplicación completa e inmediata del decreto-ley como criterio determinante de su inconstitucionalidad, pues "no debe confundirse eficacia inmediata de la norma provisional con la ejecución instantánea de la misma", dado que "sólo aquélla" es un requisito innato "en la definición constitucional del real-decreto ley".

En lo que respecta a la infracción del derecho de participación y, concretamente, en lo que atañe a la falta de intervención del Consejo Nacional del Agua, el Tribunal Constitucional recuerda que dicha tramitación como proyecto de ley del Real-Decreto Ley 2/2004 que modifico el PHN "se desarrolla en el seno de las Cortes Generales y se rige únicamente por la Constitución y los Reglamentos de las Cámaras".

En cuanto a la queja de vulneración de este mismo derecho de participación por la no aplicación de la Directiva Marco del Agua, el Tribunal Constitucional recuerda que a él "no le corresponde controlar la adecuación de la actividad de los poderes públicos nacionales al derecho comunitario europeo".

En lo que respecta al tercer argumento del Gobierno regional, referido a la infracción del principio de interdicción de la arbitrariedad, el Tribunal Constitucional entiende que debe ser asimismo rechazada.

El TC descarta que la modificación "representara un uso abusivo o arbitrario de la figura del real-decreto ley". En todo caso, advierte que la legítima discrepancia con la norma "no es de suyo razón de inconstitucionalidad".

El Tribunal también se refiere al alegato del Ejecutivo murciano sobre la pretendida vulneración de los límites materiales a los decretos-leyes fijados en la Constitución Española y, concretamente, al hecho de dejar "completamente al margen del proceso de elaboración de la norma al Senado".

En este sentido, la sentencia recuerda que el recurso al real-decreto ley "conlleva la sustitución del Parlamento por el Gobierno en la aprobación de normas con valor de ley y vigencia provisional".

Con respecto al equilibrio interterritorial, concretado en el equilibrio hidrológico, el TC recuerda que ese equilibrio "es un objetivo de la política hidráulica -establecido por el legislador ordinario- carente de todo componente orgánico", por lo que no afecta en modo alguno "a una institución de la base del Estado constitucional".

Por último, el Tribunal defiende que el Consejo del Gobierno murciano "no ha aportado ninguna razón que permita compartir su caracterización del Real Decreto-Ley 2/2004 como una ley singular o de caso único".

Noticias Relacionadas

Comentarios

Escribir un comentario

Para poder opinar es necesario el registro. Si ya es usuario registrado, escriba su nombre de usuario y contraseña:

 

Si desea registrase en www.iustel.com y poder escribir un comentario, puede hacerlo a través el siguiente enlace: Registrarme en www.iustel.com.

  • Iustel no es responsable de los comentarios escritos por los usuarios.
  • No está permitido verter comentarios contrarios a las leyes españolas o injuriantes.
  • Reservado el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.

Revista El Cronista:

Revista El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho

Lo más leído:

  1. Actualidad: Los juzgados andaluces especializados en cláusulas suelo reciben 27.702 demandas, el 20% de los casos de toda España
  2. Actualidad: Catalá impulsa la difusión de jurisprudencia en español junto al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Universidad Nacional de Educación a Distancia
  3. Tribunal de Justicia de la Unión Europea: La prohibición de prácticas abusivas en el ámbito del IVA es aplicable con independencia de que exista o no una medida nacional que la incorpore al ordenamiento jurídico de los Estados miembros
  4. Actualidad: El TJUE dicta que los tribunales nacionales pueden anular contratos de abastecimiento exclusivo de Repsol
  5. AN, TSJ, AAPP: La AN anula la modificación sustancial de condiciones de trabajo en materia de jornada realizada por la empresa ATENTO
  6. Tribunal de Justicia de la Unión Europea: Un nacional de un Estado no perteneciente a la UE, miembro de la familia de un ciudadano de la Unión, puede disfrutar de un derecho de residencia en el Estado miembro en el que ese ciudadano haya residido antes de adquirir la nacionalidad de dicho Estado además de su nacionalidad de origen
  7. Tribunal Supremo: El ejercicio del subcontratista de la acción de vencimiento anticipado de la deuda del contratista impide el efecto liberatorio del pago que realice el comitente de la obra
  8. Actualidad: El Congreso amplía a 2020 el plazo para que la Fiscalía se adapte al plan de digitalización
  9. Legislación: Modernización y aumento de la competitividad de las Pymes comerciales
  10. Actualidad: La Audiencia de Lleida prohíbe salir de España a dos niñas de Cervera por riesgo de ablación en Mali

Secciones:

Boletines Oficiales:

 

© PORTALDERECHO 2001-2017

Icono de conformidad con el Nivel Doble-A, de las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI: abre una nueva ventana