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Monólogo sobre el estado de la nación; por Francisco Rubio Llorente, Catedrático jubilado de la Universidad Complutense y director del Departamento de Estudios Europeos del Instituto Universitario Ortega y Gasset

05/03/2013
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El día 5 de marzo de 2013, se ha publicado en el diario El País, un artículo de Francisco Rubio Llorente, en el cual el autor opina que el debate celebrado en el Congreso ha sido de una pobreza irritante.

MONÓLOGO SOBRE EL ESTADO DE LA NACIÓN

El reciente debate ha mostrado, una vez más, que la capacidad dialéctica del presidente del Gobierno está muy por encima de la de sus interlocutores. También que es capaz de groseros errores políticos. Aludir a los saneados ingresos que podría tener (y que, de hecho, al parecer durante bastantes años ha tenido) como registrador de la Propiedad para demostrar el desinterés de su dedicación a la política, arroja alguna sombra sobre el de aquellos (y no son pocos) que van a la política con ingresos menos jugosos. Pero aún más grave ha sido el de su rotunda negativa a pronunciar el nombre del extesorero de su partido.

El flamenco desplante ha convertido en certidumbre la sospecha de que su preocupación por las andanzas del innombrable es tan avasalladora que para no hablar de ella está dispuesto a faltar al respeto a los representantes de la soberanía popular. Si lo que pretendía era hacer olvidar su relación con este personaje, cuya figura de galán maduro ha terminado por hacerse familiar a los españoles, ha conseguido justamente lo contrario.

Pero el estilo del debate parlamentario no es tan importante como su contenido y la pobreza del que acaba de terminar es manifiesta, irritante. Seguramente no cabe debatir del estado de la nación sin hablar de los muchos males que la afligen, y de algunos de ellos (verbigracia, la crisis de las instituciones, el desprestigio de los partidos políticos) tal vez hubiera sido preciso hablar más, pero lo que me parece inexplicable, casi escandaloso, es que además de tratar de lo que a la nación le pasa, nada se haya dicho del cambio que el ser mismo de la nación parece haber experimentado en los últimos tiempos. Un cambio del que surge el portentoso fenómeno cuya reiteración a lo largo de las dos últimas legislaturas no permite imputarlos a la incapacidad o mala fe de los sucesivos Gobiernos.

En mayo de 2010, mediada su segunda legislatura, el presidente Rodríguez Zapatero, y año y medio después su sucesor, el presidente Rajoy, al comenzar su mandato, aunque con términos diferentes, nos han dicho que para cumplir con su deber frente al país, se veían obligados a seguir una política contraria a sus respectivos programas electorales y por tanto probablemente no querida por la mayoría de sus votantes al darles su confianza.

Esos reiterados cambios de rumbo dan material abundante para el debate partidista, pero lo importante no es que Zapatero se resistiera contra toda evidencia a aceptar la gravedad de la crisis, o que Rajoy hiciera promesas que de antemano sabía que no podría cumplir (o lo que sería aún peor, que las hiciera porque, como Zapatero, pero años más tarde, desconociera la situación con la que tendría que enfrentarse). Lo realmente estremecedor es que, tanto en un caso como en el otro, el gobernante democrático se vea (o se crea) obligado a prescindir de la voluntad del pueblo que gobierna. Lo que significa, para decirlo en breve, que no puede gobernar de acuerdo con la soberanía nacional, cuyo titular único, como se repite una y otra vez, es ese pueblo.

De esta situación surge una cuestión ineludible acerca de cuál es el contenido de nuestra soberanía nacional, o para decirlo con los términos que utiliza el Tratado de la Unión Europea, cuál “la identidad nacional” del Estado español, que cómo las del resto de los Estados miembros, la Unión ha de respetar.

La expresión es retorcida y la oscuridad del concepto que denota persiste, e incluso se acentúa, con la precisión que sarios para que aquel pueda configurar con entera libertad las condiciones de vida económicas y sociales de sus ciudadanos; un límite infranqueable para la transferencia de competencias a favor de la Unión que el mismo Tribunal se encarga de garantizar, declarando la inaplicabilidad en Alemania de las normas europeas que no lo respeten.

Lo que vale para Alemania vale para el resto de los Estados, incluidos por ejemplo España y Grecia, pues todos los Estados “son iguales ante los Tratados”. Sucede sin embargo, que como ocurre también con la igualdad de los ciudadanos ante la ley, la igualdad formal no garantiza la igualdad real (a veces incluso la estorba), y es muy diferente el grado de libertad de que gozan los distintos Estados para configurar las condiciones sociales y económicas de vida de sus respectivos ciudadanos. Una diferencia que se proyecta en la relación que guarda la política interna del Estado con la política de la Unión: la política de la Unión está determinada por la política interna de Alemania, pero es la política de la Unión la que determina nuestra política (como la de muchos otros Estados). De dónde habrá que concluir que hay identidades nacionales más robustas que otras.

La nuestra no está entre las más fuertes; no podemos cerrar los ojos ante lo evidente, sino aceptarlo y sacar las consecuencias que de esta situación se siguen para nuestra democracia, pues la debilidad de la identidad nacional de un Estado democrático es debilidad de su democracia. Siempre, claro está, que aceptemos esta debilidad como un hecho ineluctable, y me temo que no hay otra alternativa.

Para volver al ejemplo alemán: el presidente del Tribunal Constitucional Federal ha afirmado como verdad inconcusa que si se vieran obligados a elegir entre el euro y la democracia, los alemanes optarían sin duda por esta. Quizás muchos españoles piensan lo mismo, pero dudo que sean muchos los dispuestos a salir de la eurozona si esta es la condición para conseguirlo. Al menos hoy por hoy, pues si las cosas continúan empeorando no es imposible que la exasperación llegue hasta el punto de hacer deseable la catástrofe propia para motivar la ajena.

Pero si ahora no podemos impedir la debilidad de nuestra democracia, sí podemos (y debemos) impedir que se destruya. Hay que preservarla y para ello depurarla de vicios adquiridos o de prácticas que tal vez tienen sentido en democracias no demediadas, pero que tienen efectos perversos en la nuestra. Por poner un solo ejemplo: el de la férrea disciplina de voto que se impone, de grado o por fuerza a todos nuestros parlamentarios, tanto en las Cortes Generales como en los Parlamentos de las comunidades; una disciplina que facilita los cambios de rumbo de los Gobiernos, pero a costa de que quienes los imponen tengan menos reparos en hacerlo y de que los ciudadanos se consideren cada vez menos representados. El tema da para mucho, pero queda para otra ocasión.

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