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Denuncia una doble vara de medir

CSI-F exige a Gallardón que la nueva Ley de Justicia Gratuita no discrimine a los funcionarios en asuntos laborales

20/02/2013
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Reclama que se exima a los funcionarios de ser condenados en costas y del pago de las tasas, como ocurre con el resto de trabajadores

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), sindicato mayoritario en la Administración de Justicia, ha presentado al Ministerio de Alberto Ruiz-Gallardón sus alegaciones al anteproyecto de ley de Asistencia Jurídica Gratuita en las que piden acabar con la discriminación que sufren los funcionarios a la hora de defender sus derechos laborales.

El sindicato de funcionarios ha entregado al Ministerio de Justicia sus alegaciones al entender que están en juego derechos constitucionales como la tutela judicial efectiva, la libertad sindical o la igualdad, según han informado a Europa Press fuentes de CSI-F.

Sus reivindicaciones incluyen la exención de la condena en costas y del pago de las tasas judiciales para los funcionarios públicos, tal y como ocurre con el resto de trabajadores y sindicatos.

Éstos acuden a defender sus derechos laborales o condiciones de trabajo ante los juzgados de lo Social, una vía incluida en el ámbito de la Justicia Gratuita. Sin embargo, los funcionarios están abocados a resolver sus conflictos en materia laboral ante lo Contencioso-Administrativo, donde no gozan de este privilegio.

COMPARECER POR SÍ MISMOS ANTE LOS TRIBUNALES

CSI-F pone de manifiesto que la Ley 37/2011 de Agilización Procesal introdujo el criterio del vencimiento en la condena en costas, por lo que perder en un procedimiento obliga además al funcionario o sindicato que actúe en su defensa a pagar los gastos del abogado y procurador de la parte contraria.

El sindicato de funcionarios ve una doble vara de medir que conlleva una discriminación "inaceptable, injusta e injustificable" e impide al colectivo ejercer su derecho a la tutela judicial efectiva en materia laboral.

Finalmente, reclama que la norma restituya el derecho de los funcionarios a comparecer por sí mismos ante los tribunales en defensa de sus derechos estatutarios. A su juicio, la obligación de acudir mediante abogado y procurador carece de justificación.

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