MADRID, 31 (EUROPA PRESS)
El 92 por ciento de los abogados españoles piensa que los Gobiernos, sean del signo que sean, muestran un mayor interés por tratar de controlar e influir a la Justicia que por modernizar este servicio público y por hacerlo plenamente eficiente. Eso sí, dos de cada tres letrados se muestran confiados en la independencia y honestidad con la que los jueces desempeñan su función a pesar de estos obstáculos.
Así lo refleja el Barómetro Interno de Opinión de la Abogacía Española 2013 realizado por Metroscopia entre 2.900 letrados en ejercicio que ha sido presentado este jueves en la sede del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) por su presidente Carlos Carnicer, y José Juan Toharia, presidente de Metroscopia.
La muestra destaca por el "alto grado de acuerdo" de los encuestados que, pese a las diferencias de edad, años de experiencia o zona geográfica, han alzado una "única y común voz" que ha rozado la unanimidad en la mayoría de las cuestiones planteadas.
El 74% de los entrevistados opina que la Justicia funciona mal, un dato que mantiene la tendencia registrada en años anteriores, y apuesta por potenciar los medios alternativos de resolución de conflictos y por hacer una revisión en profundidad de la legislación procesal.
El presidente del CGAE, Carlos Carnicer, ha advertido de que la Justicia tiene además un "problema" no sólo de funcionamiento, gestión o diseño, sino de "gobernanza". "En la Justicia manda el ministro de Justicia, el presidente del Consejo del Poder Judicial, cada uno de los consejeros de Justicia de las comunidades autónomas y no dejan de mandar bastante el presidente del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional. No es extraño que esta dificilísima gobernanza, repercuta en el criterio de los abogados", ha dicho.
Tras estimar que el actual ministro Alberto Ruiz-Gallardón también intenta controlar la Justicia, Carnicer ha preguntado en qué ha mejorado este servicio durante su primer año de mandato en el cual ha salido adelante la ley de tasas, la ley que "suprime" los 1.200 jueces sustitutos que sacan adelante un tercio del trabajo en los juzgados y la ley que potencia la mediación, que ya "venía de la anterior legislatura".
BUENOS JUECES, MALA JUSTICIA
Ante el "estremecedor y preocupante" dato que apunta al intento de controlar la Justicia por parte del Gobierno, Toharia también ha expuesto que el 80 por ciento de letrados confía en que la Administración de Justicia representa la garantía última de defensa de la democracia y de las libertades. "La fórmula buenos jueces, mala Justicia condensa probablemente este diagnóstico", expone el estudio.
La Abogacía ha apreciado la "sensibilidad" demostrada entre los miembros de la Judicatura en "la lucha por los derechos sociales". Los letrados también se han puesto al frente en materia de desahucios -40 colegios han creado servicios de asesoría y defensa en esta materia_ o en el rechazo a las nuevas tasas judiciales -el 94% está a favor de la labor del CGAE en la promoción de un recurso de inconstitucionalidad contra esta ley--.
Según Carnicer, "muchísimos clientes" han renunciado a interponer un recurso o una acción judicial por no hacer frente al cuantioso importe de la tasa y se han constatado "importantes descensos" en la entrada de asuntos en los juzgados. Ha citado el ejemplo de Zaragoza, con un descenso en el último mes del 45% en lo Contencioso-Administrativo, del 18% en lo laboral y del 11,6% en el orden Civil.
El sondeo también expone que el 60% de los despachos resuelven los casos sin necesidad de acudir a los tribunales. "Se puede afirmar que sin el filtro que ejerce la abogacía, el volumen de asuntos que acabaría en los tribunales podría duplicar ampliamente el ya de por sí abrumador número actual y da idea de la importante función preventiva que la intervención del abogado tiene sobre la litigación".
En cuanto a la incidencia de la crisis económica en la profesión, uno de cada tres abogados (35%) reconoce que atraviesa dificultades para salir adelante como ejerciente y tres de cada cuatro están al tanto del efecto de la crisis en el conjunto del colectivo. De otro lado, el 80 por ciento defiende la inversión en nuevas tecnologías por parte de los colegios.
