-¿Qué quiere decir con el subtítulo de su libro, Repensar el Estado o destruirlo?
-Que no podemos seguir así, las instituciones del Estado están sufriendo un deterioro que está llevando a su inutilización. Un Estado en el que las instituciones no funcionan bien, no cuentan con la lealtad de la gente y no son reconocidas lleva camino de ser destruido, de ser inútil. Ni los partidos, ni el Constitucional, ni el CGPJ, ni la Justicia, ni los sindicatos, ni las administraciones funcionan adecuadamente.
-Pero usted se centra en el Estado de las autonomías,
-Porque es lo que más me preocupa, la urgencia más importante, lo prioritario.
-El deterioro de los políticos es alarmante.
-La corrupción es lo peor. La intermediación que llevan a cabo los políticos en una democracia es crucial. Pero los ciudadanos tenemos que apretarles y ellos tienen que reflexionar porque esto no puede seguir así, se han apoderado del Estado hasta la extenuación y lo están aplastando hasta que logren inutilizarlo, extinguirlo, destruirlo. De un modo u otro tendrán que hacerse un haraquiri parecido al de las Cortes franquistas. No se trata de prescindir de ellos, sino de que se pongan en su sitio.
-¿Hay que reformar la Constitución en lo que se refiere al Estado autonómico?
-Sin duda alguna, pero no ya por lo que está ocurriendo con Cataluña. Hay que reformarla porque el título VIII de la Constitución tiene muchos preceptos insuficientes, oscuros, no contiene las definiciones de cosas esenciales, como qué significa una competencia exclusiva o qué ocurre cuando la legislación del Estado y la autonómica colisionan. El Estado de las autonomías ha tenido un papel importante en la modernización y la profundización de la democracia, pero también constato el despilfarro, los excesos, el enchufismo, la superposición de estructuras. Dicho lo anterior, la técnica jurídica del título VIII es un desastre. De hecho, ha dejado de aplicarse, existe una convivencia caótica de normas estatales y autonómicas, las sentencias del Constitucional no se cumplen y no pasa nada, como ha sucedido con la del Estatuto catalán, y el Estado no tiene competencias para asegurar la unidad política y económica de España.
-Considera suicida no reformar la Constitución.
-Es un suicidio porque el Gobierno y los partidos que están viendo sus defectos y no acometen la reforma están permitiendo que las instituciones se deterioren y que el Estado no tenga referentes normativos útiles y practicables. Quizá creen que es más urgente la crisis económica y que es muy difícil el consenso. Pero no hay un universitario serio que no comparta las tesis de mi libro, con matizaciones, pero también los políticos de ambos partidos.