BARCELONA, 6 (EUROPA PRESS)
Se sentarán en el banquillo el empresario andorrano Fidel Pallerols --que afronta la petición de pena más alta, 11 años de cárcel--; su esposa, María Cruz Guerrero, y antiguos altos cargos del partido.
DURAN Y MILLO, TESTIGOS
Como testigos comparecerán el presidente de Unió, Josep Antoni Duran, y el hoy portavoz del PP en el Parlament, Enric Millo, que lo hará el 28 de enero como exdirigente del partido democristiano.
El juicio por este caso, que se reabrió en noviembre de 2006 tras un recurso que presentó la Fiscalía, debe acabar el miércoles 17 de abril, después de 54 sesiones previstas.
Según Fiscalía, Pallerols pudo recibir de 1994 a 1999 más de 8,5 millones de euros de la Conselleria de Trabajo --que dirigía el democristiano Ignasi Farreres, absuelto en 2009-- para cursos de formación ocupacional en su empresa, pero con la presunta intención real de financiar a UDC.
Un informe de la Guardia Civil desveló en 2002 que no llegaron a hacerse ocho de los cursos ocupacionales por los que las empresas del andorrano Ceifsa, Andsa y Teos recibieron subvenciones, y también se hallaron irregularidades en 233 cursos más.
Las subvenciones recibidas desde la Generalitat --que incluían Fondos Sociales Europeos-- "no sólo estaban muy por encima del coste real de los cursos", sino que en algunas ocasiones ni se impartían por no haber suficientes alumnos, explica el fiscal Fernando Rodríguez Rey en su escrito de acusación.
Para el Ministerio Público, hubo una "confluencia de intereses" en la que Pallerols y su mujer vieron la oportunidad de recibir subvenciones, mientras que entonces director general de Empleo de la Generalitat, Lluís Gavaldà, y su colaborador, Santiago Vallvé, vieron la oportunidad de desviar fondos a su partido.
Según Fiscalía, Pallerols contactó con el exsecretario de organización de UDC Gavaldà, con quien presuntamente acordó entregar al partido hasta el 10% de las subvenciones recibidas, para comprar mobiliario y material informático y para pagar nóminas de trabajadores --todos, militantes del partido--, que "prestaban sus servicios laborales no para las empresas sino para el propio partido".
El desvío de fondos también pudo haberse hecho en efectivo y en base a facturas por servicios "en realidad inexistentes", afirma el Ministerio Público.
PENAS DE 7 A 11 AÑOS
Por eso, el fiscal pide para Pallerols y para Gavaldà una pena de 11 años por los delitos continuados de malversación, de cohecho y de falsedad.
Para Gavaldà y para quien fue 'número 2' de la Conselleria de Trabajo, Dolors Llorens, la Fiscalía pide 9 años y 10 meses de prisión por malversación y cohecho; para el que era militante de UDC Santiago Vallvé, una pena de 7 años; y para la esposa de Pallerols, María Cruz Guerrero, 8 años, todos con posibilidad de atenuante.
