LA INDEPENDENCIA Y EL ESTADO DE DERECHO
Ante el debate suscitado sobre la independencia de Cataluña y sus importantes implicaciones jurídicas, queremos expresar nuestra preocupación por la postura expresada por algunos líderes políticos nacionalistas que afirman su intención de desvincularse unilateralmente del marco constitucional al margen del procedimiento previsto en nuestra Carta Magna.
Como juristas y demócratas defendemos una España plural, en la que caben las adhesiones y también las discrepancias. Durante la Transición, los españoles nos dimos un marco jurídico que se define en la Constitución española, el cual garantiza la igualdad de derechos entre todos los españoles. Este marco constitucional es susceptible de modificación, pero únicamente puede hacerse con arreglo a las propias prescripciones constitucionales.
Como juristas somos plenamente conscientes de que el ordenamiento jurídico no es inmutable, sin embargo, para su eventual reforma es imprescindible seguir los procedimientos jurídicos previstos para ello. Pensamos que los legítimos deseos y aspiraciones democráticas deben canalizarse con estricto respeto a las leyes, de forma que el diálogo y el acuerdo entre ciudadanos iguales ayude a mejorar nuestro ordenamiento jurídico que es la mejor garantía de nuestra convivencia democrática.
Por eso, no supone expresar ninguna postura política sobre el presente y el futuro de Cataluña, sino una consecuencia de nuestra responsabilidad como juristas, advertir que toda vía que implique la vulneración del ordenamiento jurídico supone un ataque a la democracia, porque la democracia no es sólo el gobierno del pueblo sino la garantía de la primacía de la ley y del Estado de Derecho. Dicha vulneración produciría una grave inseguridad jurídica y la quiebra, por su politización, de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
En estos días estamos comprobando cómo la unidad jurídica es imprescindible para garantizar la lucha contra la corrupción en todo el territorio del Estado. La configuración autonómica de España entraña la descentralización administrativa pero no puede suponer la fragmentación de la ley penal, que debe ser igual para todos los ciudadanos, con independencia de la comunidad autónoma donde vivan.
Precisamente la unidad jurídica de España es la garantía de la igualdad de derechos de todos los ciudadanos, con independencia de su lugar de nacimiento o de residencia.
Por eso la pretensión de romper esa unidad incumpliendo la Constitución o pretendiendo reformarla al margen de los mecanismos en ella previstos supone una lesión a la igualdad de derechos de todos los ciudadanos y una amenaza al Estado de Derecho. Evidentemente, los ciudadanos y los poderes públicos tienen el derecho a plantear las vías jurídicas para resolver cualquier conflicto o de instar a la modificación de las leyes, incluida la Constitución, pero siempre siguiendo los mecanismos en ellas previstos.
Pedimos a todos los líderes políticos y sociales que den ejemplo de respeto al Estado de Derecho en sus comportamientos y en sus declaraciones, pues situarse por encima del ordenamiento jurídico supone una amenaza al Estado de Derecho y a las libertades que éste garantiza, así como una lesión a la igualdad de derechos de todos los ciudadanos, se viva en la comunidad autónoma en la que se viva.
Javier Cremades, Rafael de Mendizábal y Allende, Joaquín de Fuentes, Antonio Fernández de Buján, Ramón Pelayo, Javier Sáenz de Cosculluela, Juan Gómez-Acebo, Miguel Cid Cebrián, Antonio Barragán Lozano, Fernando Bautista, Javier Yagüe, Cándido Conde-Pumpido, Antonio Serrano Alberca, Luis Enriquez de Salamanca, Juan Manuel Bádenas, Javier Ibáñez, Luis Romero Santos, Juan Manuel Campo Cabal, Pedro María Huerta, María Fuentes, Ana Fernández Enríquez y Juan Ramón Conde Bueso, abogados y juristas
