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  • EDICIÓN DE 08/11/2012
 
 

A petición de la Guardia Civil

El juez dicta secreto de sumario en los ERE para indagar posible cohecho, blanqueo y asociación ilícita

08/11/2012
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Alega que se investiga a personas no imputadas y el conocimiento de las actuaciones podría provocar "manipulación" de pruebas

SEVILLA, 7 (EUROPA PRESS)

El juez sustituto del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Iván Escalera, ha decretado el secreto de sumario por un plazo "no superior a un mes" de la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos a fin de ampliar la investigación sobre personas no imputadas e indagar la presunta comisión de delitos de asociación ilícita, cohecho y blanqueo de capitales, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.

Así, el juez atiende la petición realizada por la Guardia Civil y decreta el secreto "total" de las actuaciones para todas las partes personadas, a excepción de la Fiscalía Anticorrupción, "por el tiempo imprescindible y plazo no superior a un mes", todo ello a fin de que la Unidad Central Operativa (UCO) "complete las diligencias de investigación que le vienen encomendadas, las cuales se extenderán asimismo para el descubrimiento y esclarecimiento" de los delitos referidos.

Por medio de un auto dictado este mismo martes, el juez sustituto de Mercedes Alaya toma esta decisión "teniendo en cuenta que se interesan" por parte de la Guardia Civil "investigaciones sobre personas físicas y jurídicas no imputadas pero sí relacionadas con actividades de los imputados, que entiende deben ser esclarecidas en las diligencias" que se interesan por parte del Instituto Armado.

Según recuerda el juez en este documento notificado al Ministerio Público, el Tribunal Constitucional (TC) ha reconocido que el proceso penal "puede tener fase instructora amparada por el secreto, si bien esta facultad de decretar el secreto debe interpretarse restrictivamente" y "siempre debe decretarse con el fin de asegurar una eficaz represión del delito".

De este modo, una vez "examinada" la petición realizada por la UCO "y teniendo en cuenta las evidencias expuestas", el juez considera "imprescindible" adoptar el secreto de sumario a fin de "evitar interferencias o acciones que puedan poner en riesgo el éxito de las investigaciones" que la Guardia Civil "viene efectuando actualmente", han añadido las fuentes consultadas por Europa Press.

EL OBJETIVO, EVITAR LA "DESTRUCCIÓN" DE PRUEBAS

El juez no detalla en el auto los hechos expuestos por la Benemérita ya que, según entiende, "frustraría la finalidad del secreto ahora decretado, habida cuenta de la repercusión de la presente causa y la publicidad que reciben resoluciones y documentos unidos a la misma", de manera que "el secreto natural que llevan aparejadas las actuaciones queda desvirtuado y hacen necesario decretar el secreto total".

Así, el juez subraya que adopta esta medida "ante la posibilidad de que el conocimiento de los hechos expuestos" por la Guardia Civil, "indiciariamente constitutivos de nuevos ilícitos penales, y de las personas implicadas, podrían llevar a parte interesada a la manipulación, pérdida o destrucción de indicios o fuentes de prueba, anulando así la acción policial y judicial", cuya finalidad "no es otra que asegurar el valor constitucional de la Justicia determinando la existencia de delitos y, en su caso, la identidad de sus presuntos autores".

El juez decide que el secreto de sumario esté vigente por tiempo no superior a un mes a fin de que la UCO "complete las investigaciones iniciadas, de cuyos resultados se dará traslado a las partes una vez se alce el secreto, a fin de que puedan ejercer su derecho de defensa y contradicción".

LA JUEZ ALAYA, DE BAJA POR ENFERMEDAD

La decisión del juez sustituto se produce cuando la magistrada titular, Mercedes Alaya, se encuentra de baja laboral por enfermedad, baja que se extiende ya desde el pasado 12 de septiembre y que recientemente fue ampliada otros 15 días.

En el tiempo que la juez lleva de baja, el sustituto también ha tomado alguna otra decisión, como rebajar a 50.000 euros la fianza impuesta al exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Francisco Javier Guerrero, que abonó dicha cantidad y pudo abandonar el 22 de octubre la cárcel de Sevilla-I donde estaba interno desde el mes de marzo.

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