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Politización de la Justicia; por Pablo Llarena Conde, Portavoz de la APM

22/06/2012
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El día 22 de junio de 2012, se ha publicado en el Diario La Razón un artículo de Pablo Llarena Conde, en el que el autor opina que tanto la dimisión del presidente del CGPJ como su continuidad en el cargo, generan un profundo descrédito de las instituciones.

POLITIZACIÓN DE LA JUSTICIA

En todo caso, la controversia de estas semanas invita a reflexionar sobre cuestiones que nos interesan a todos.

La APM no ha rehuido proclamar lo inadecuado de los gastos y que hubiera sido deseable que, por más que existiera una norma de cobertura, el presidente se hubiera autolimitado en los desembolsos. En todo caso, podía haberse logrado la corrección del exceso modificando la normativa e impidiendo gastos similares en el futuro. Llevar la cuestión a la Fiscalía, someter su análisis al Pleno del Supremo y generar esta efervescencia en la opinión pública supone un tremendismo que nos encajonaba en un espacio en el que cualquier solución era mala. En el estado en que estaban las cosas, tanto la dimisión del presidente como su continuidad en el cargo, generan un profundo descrédito de las instituciones y eran por ello una situación que la inteligencia recomendaba evitar, pues nos desalientan a todos y devalúan a una sociedad en lugar de impulsarla.

Cuando se habla de politización de la Justicia, creo que es conveniente subrayar que la politización se alcanza desde reformas legislativas que invaden el campo de juego de los jueces y me gustaría remarcar que el CGPJ y las Asociaciones Judiciales (todas), son los únicos instrumentos con los que contamos los jueces para defender nuestra independencia de manera colectiva, estructurada y firme. Es seguro que no lo hacemos perfecto, pero arruinando la credibilidad de estos mecanismos, los jueces quedamos como profesionales individuales y dispersos incapaces de desplegar un dique de contención ante reformas legales que buscan limitar el poder del “Poder Judicial”. Si se lograra ese objetivo, los ciudadanos y empresas de este país no tendremos dónde acudir si nuestros derechos son invadidos por iniciativas políticas o administrativas que resulten excesivas.

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