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Mercados financieros y participación política; por Javier Junceda, Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Internacional de Cataluña

02/01/2012
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El día 31 de diciembre de 2011, se ha publicado, en el diario ABC, un artículo de Javier Junceda, en el cual el autor opina que la profunda crisis que padecemos no puede ya calificarse de económica, sino de social y política. Trascribimos íntegramente dicho artículo.

MERCADOS FINANCIEROS Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA

La profunda crisis que padecemos no puede ya calificarse de económica, sino de social y política. Una detenida observación de su evolución revela la presencia de cierta brecha en el marco institucional de que nos dotamos hace más de dos siglos, como consecuencia de las distintas oleadas revolucionarias que cristalizaron en las cartas norteamericana y francesa.

Los mercados financieros, término con que se ha venido acuñando al conjunto de operadores económicos internacionales, está adoptando en este delicado contexto un rol alternativo al que hasta hoy habían desempeñado los tradicionales poderes públicos, legítimamente elegidos o designados. Con independencia de que tales mercados financieros hayan sido o no los causantes del actual estado de cosas, acaso por un déficit interventor de los entes reguladores internos y externos, es lo cierto que su función lleva camino de convertirse en un prius cardinal en el quehacer de la tríada de poderes surgidos tras el advenimiento de los Estados constitucionales, cuando no en su real sustituto.

Indudablemente, las necesidades económicas de las naciones precisan del decisivo aporte crediticio e inversor, máxime en el modelo de bienestar generado tras la última gran guerra, pero nunca como hasta ahora los acreedores se habían erigido en la clave de arco de la conocida modernamente por gobernanza, impidiendo de facto la celebración de referendos populares, haciendo caer sin sigilo a ejecutivos elegidos democráticamente de uno u otro signo o, en fin, difuminando subrepticiamente la participación uti cives, de la comunidad política en su conjunto, sobre su mismo futuro. En una estrategia que no cuesta calificar como de plutocrática se ha conseguido, incluso, hacer enmudecer hasta el mismo debate sobre estos graves asuntos en las universidades, donde no están siendo materia del sereno estudio y reflexión que se merecen, salvo contadas excepciones.

En este controvertido escenario, los Estados deben sin duda afianzarse sobre la fortaleza de sus propias instituciones y sus propios principios, sin caer en las mudanzas apresuradas que censuraba la máxima ignaciana para épocas de desolación. Y, para ello, quizá proceda volver la mirada a la regulación a escala internacional e interna del sector financiero, introduciendo en él rígidos controles que eviten la indigestión crediticia tolerada durante años, procediendo acaso a un paralelo acomodo del Estado prestacional al nuevo entorno económico, facilitando la consolidación de una sociedad moderna y competitiva, con servicios y coberturas sociales adecuadas a nuestras dimensiones, y no aquella en la que los lazarillos se empeñen en vivir del presupuesto.

Todos estos ajustes son enteramente posibles, creemos, con el uso de las herramientas dispuestas en nuestros ordenamientos contemporáneos, sin necesidad de que sean objeto de reemplazo por otros métodos y maneras que no permitan la plena participación ciudadana en ellos. Podemos y debemos profundizar en los mejores sistemas para encauzar dicha contribución social, algo que está en el ágora desde el pasado mes de mayo, pero sin suplantar a muchos o pocos inversores por quienes no lo son, porque la historia nos ha enseñado las consecuencias, no necesariamente benignas, de preterir al titular real de la soberanía.

Quienes componen los mercados financieros como partícipes de un fondo de inversión o cualquier otro producto, sin duda ambicionan que su dinero sea eficazmente gestionado y les reporte los correspondientes rendimientos, ganando o perdiendo conforme al riesgo implícito en toda operación comercial, pero ello no necesariamente entraña ninguna capacidad adicional para alterar el statu quo de un determinado país, salvo que el resto de la comunidad política, debidamente formada e informada, así lo decida en libertad. Lo propio puede predicarse de las agencias de calificación, que sirven como útiles instrumentos de medición de la evolución económica, pero que, al margen de su mayor o menor fiabilidad e independencia, no pueden ocupar lugares más allá del que se les reserva en dichos particulares ámbitos, como hoy acontece, aunque sus conclusiones puedan ser tenidas en cuenta en el disputa democrática.

Ni los mercados financieros ni las agencias de rating han exteriorizado jamás su propósito de suplantar la función reservada al principio democrático, aunque las recomendaciones de estas últimas puedan resultar, en ocasiones, rayanas en la intromisión en la función ejecutiva o legislativa. Han sido en buena medida los responsables públicos elegidos por vía democrática quienes, sorprendentemente, les reconocen en esta hora su papel preponderante y decisivo en nuestras sociedades, cediéndoles de forma insólita su propio espacio en lugar de someter los problemas que nos acosan a mecanismos legales y de gobierno bien conocidos, aunque con indudable coste electoral: la antes citada reforma profunda del sector financiero y el acomodo de nuestros gastos al nivel de nuestros ingresos y dimensión como nación.

Si la crisis es la etapa en que lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer, según la célebre frase atribuida a Bertolt Brecht, evitemos al menos el mortinato y desde luego la vuelta a momentos históricos de los que procede aprovechar experiencias.

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