MADRID, 6 (EUROPA PRESS)
El sindicato Manos Limpias ha solicitado que el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, y otros diputados autonómicos testifiquen como perjudicados en la investigación abierta en la Audiencia Nacional por el bloqueo al Parlamento catalán que un grupo de manifestantes del movimiento 15-M protagonizó el pasado 15 de junio.
En una rueda de prensa celebrada en Madrid y coincidiendo con el día en el que declara el primero de los 22 imputados por el bloqueo a la Cámara autonómica ante el juez Eloy Velasco, el sindicato ha denunciado que el movimiento de los indignados es "antidemocrático, antisistema y anticonstitucional" y ha reclamado que las delegaciones de Gobierno impidan sus concentraciones.
"Este movimiento nace desde la clandestinidad, no está registrado como asociación en el Ministerio del Interior. Es antidemocrático, antisistema y anticonstitucional y podría incurrir en asociación ilícita", ha señalado el secretario general del sindicatos, Miguel Bernad.
Manos Limpias, que ejerce como acusación popular en esta causa, considera que los hechos no son sólo constitutivos de un delito contra altos organismos de la Nación -como imputa el magistrado_sino también de otro de rebelión, penado con hasta 10 años de cárcel.
"Queremos llegar mucho más allá y solicitaremos en los próximos días las declaraciones de Artur Mas y otros representantes políticos que iniciaron ante la Policía las primeras declaraciones como presuntas víctimas o perjudicados por hechos presuntamente delictivos", ha manifestado la abogada Montserrat Suárez.
IDENTIFICAR A LOS RESPONSABLES DE LA PARALIZACIÓN DE DESAHUCIOS
El sindicato ha denunciado la permisividad "vergonzosa y vergonzante" de las autoridades con respecto a las concentraciones "ilegales" del movimiento y, en concreto, ha criticado que la delegada del Gobierno de Madrid "hace caso omiso a cualquier acción para impedir la continuidad de estos incidentes".
Según ha explicado, Manos Limpias solicitará los informes elaborados por la Consejería de Interior de Cataluña y las delegaciones de Gobierno de esta comunidad, de Madrid y de Valencia sobre las protestas que se han producido en estos territorios.
Pero además, ha reclamado que se "depuren las responsabilidades" en lo que afecta a la paralización de desahucios y que se investigue quienes han convocado estas acciones a través de la red. La acusación popular se plantea pedir medidas cautelares si los imputados son reincidentes o muestran una actitud "desafiante" en su declaración.
El juez Velasco ha comenzado a tomar declaración este jueves al primero de los 22 imputados por bloquear el acceso a la Cámara autonómica el pasado junio. El magistrado, que imputa a todos ellos un delito contra altos organismos de la Nación que conlleva penas de entre tres y cinco años de cárcel, tiene previsto tomar declaración el viernes a otras cuatro personas y el martes a un sexto detenido.
El juez investiga los "actos de fuerza, intimidación o amenaza contra los miembros de la Cámara legislativa autonómica" que se produjeron cuando un grupo de indignados trató de "impedir la asistencia" de los parlamentarios a la sesión plenaria y "entorpecer su labor".
Algunos diputados autonómicos fueron objeto de insultos, abucheos y empujones cuando intentaban acceder a la Cámara a través del Parque de la Ciudadela de Barcelona, mientras que otros, como el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y la presidenta del Parlamento, Núria de Gispert, fueron trasladados en helicóptero.
A pesar de que la fiscal Teresa Sandoval solicitó que se impusiera a Manos Limpias una fianza de 50.000 euros para poder personarse en esta causa en un escrito en el que le acusaba de pretender establecer "una inquisición general" contra todas las actividades del 15-M, el juez acordó rebajar esa petición a 3.000 euros, dado "el interés ciudadano" que, a su juicio, tenía "la persecución de delitos que afectan a sus instituciones esenciales, cual es el caso del Parlament de Cataluña".
