MADRID, 28 (EUROPA PRESS)
Las asociaciones de jueces han rechazado de forma rotunda y unánime la reciente reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial mediante la cual se permite a los miembros de la judicatura que ocupen cualquier cargo político o de confianza o cargo público representativo, el pase a la situación de servicios especiales en la carrera judicial de forma que mantienen el cómputo de antigüedad.
Los jueces consideran que la renovación de la norma resta crédito a la independencia de la judicatura y se impulsa por "complacencias personales" hacia determinados políticos que se encuentran en esta situación, como es el caso, por ejemplo, del ministro del Interior, Antonio Camacho, o el ex ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo.
En opinión de JpD resulta "inexplicable" la aprobación de una reforma de esta envergadura al final de una legislatura "truncada anticipadamente" y sin que se haya producido "ningún debate previo riguroso y suficientemente publicitado" sobre los pros y los contras de la propuesta.
"Es llamativo, a este respecto, que la LO 12/2011, de 22 de septiembre, que opera la reforma, no contenga preámbulo alguno ni exposición de motivos que den cuenta de las razones de la modificación legislativa", dice la asociación en una nota de prensa.* * Mediante esta reforma se sustituye la figura hasta ahora vigente de la excedencia voluntaria, con las salvedades contempladas en el artículo 351 de la LOPJ, de modo que el ocupar cualquier puesto de designación política, con independencia de su vinculación con la Administración de Justicia y de su rango, determinará la situación de servicios especiales.
La reforma incluye una referencia --"innecesaria" en opinión de JpD-- al hecho de que una vez se produzca el reingreso en el servicio activo, se producirá un deber de abstención respecto de aquéllos "asuntos concretos vinculados con su actividad política". * En opinión de Jueces para la Democracia reformas como la aprobada "merman inevitablemente la visión que la ciudadanía tiene sobre la independencia de los miembros de la carrera judicial", ya que puede*generar*la sospecha "de si se están remunerando servicios prestados, máxime cuando sus efectos son retroactivos, lo que, además, perjudica las legítimas expectativas jurídicas de otros compañeros y compañeras de carrera".
Por su parte, la Asociación Profesional de la Magistratura ha asegurado que este cambio compromete "la credibilidad de muchas de las resoluciones futuras". "Con esta reforma el Poder Legislativo se muestra ajeno a la imagen de imparcialidad que ha de ofrecer el Poder Judicial, potenciando un descrédito que anida en regulaciones normativas ilógicas o designaciones personales de influencia", ha asegurado.
También reprochan que la reforma se ha abordado "de forma sorpresiva" y eludiendo todo debate público por haber sido introducida de consenso en el trámite legislativo en el Senado.
"La aplicación con efectos retroactivos a quienes están desempeñando actualmente responsabilidades políticas del mayor nivel, evidencia que la reforma se impulsa por complacencias personales y no por los intereses generales que deben presidir cualquier regulación institucional que afecte al núcleo esencial de control en un Estado democrático", ha agregado.
La reforma, aprobada por el Congreso el pasado día 22, supone la modificación del artículo 351 de la LOPJ y afecta a jueces, magistrados, fiscales y secretarios judiciales que ocupen cargos políticos.
