§1014271
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara se presenta la siguiente enmienda de adición a la Exposición de Motivos de la Propuesta de Reforma del Estatuto de Cataluña (127/3)
Palacio del Congreso de los Diputados
Madrid, 27 de diciembre de 2005
Gaspar Llamazares Trigo Presidente-Portavoz del G.P.IV-IU-ICV
ENMIENDA DE ADICIÓN
1.- Una interpretación abierta y progresista de la Constitución permite que España se articule territorialmente desde el ámbito del federalismo plurinacional y, por tanto, está claro y es el sentir de los catalanes que Cataluña es hoy una nación de ciudadanos y ciudadanas que desean convivir en una España plural, formulación estatutaria que nosotros apoyamos.
El federalismo tiene como misión organizar la convivencia entre diversas comunidades sobre la base del respeto de los derechos de los ciudadanos; permitir el libre desarrollo de todas las identidades individuales o colectivas y reclamar la soberanía para toda la ciudadanía, soberanía ejercida de forma compartida por las diversas entidades territoriales e instituciones formadas mediante elección democrática.
Federalismo, en el sentido clásico de unir mediante pacto para conseguir el autogobierno de los asuntos propios de cada una de las partes federadas más el gobierno compartido de lo común. Pluralista, porque acoge la pluralidad de identidades nacionales que pueden existir en un mismo territorio; plurinacional, no únicamente en el sentido de que suponga unir varias naciones preexistentes con límites perfectamente definidos, sino porque permite la convivencia en el mismo territorio y en la misma comunidad de personas que tienen concepciones distintas sobre la nación a la que pertenecen y que mantienen distintos sentimientos de identidad. Federalismo plural para una sociedad cada vez más plural.
Es preciso establecer una cultura federalista que afirme el pacto y la voluntad de convivencia. Afirmamos la soberanía de los ciudadanos y ciudadanas y la construcción de la democracia en todos los niveles de la organización social. Propugnamos la unidad federal construida sobre la libertad y la voluntad, sobre el derecho a decidir su futuro por cada comunidad política.
Queremos un marco donde quepan todas las identidades. Queremos una sociedad plural y mestiza. Propugnamos la defensa de los intereses generales.
Nuestra concepción federalista aspira a tener un carácter laico. El laicismo es la autonomía de lo público, del interés general, frente a las creencias religiosas. Por ello, consideramos que las creencias religiosas pertenecen respetuosamente al ámbito de lo privado y no deben plasmarse en el espacio público que es de todos y todas, al margen de las creencias.
Institucionalizar, de una forma u otra, credos religiosos no es la mejor forma de respetar la pluralidad de creencias.
Además, el Estado debiera ser aconfesional y laico no sólo en cuanto a la religión sino también en lo nacional, en cuanto a la identidad nacional, respetando el pluralismo como conjunto de ciudadanos unidos por un gobierno o una constitución común por propia voluntad. Que personas de diferentes sentimientos de identidad nacional, diferentes concepciones del hecho nacional y diferentes proyectos puedan convivir en el mismo marco político. Por eso, es perfectamente compatible la nación catalana en el marco de una nación española plural e integradora.
2.- Hoy la democracia vive una crisis profunda. Es preciso evitar el cada día más palpable divorcio entre política y ciudadanía que no sólo cuestiona a las instituciones sino a la misma organización democrática de nuestra sociedad. Los conflictos sociales que emergen tienen dificultades para poder ser canalizados y expresados en la actual organización política. Es preciso establecer un nuevo renacimiento de la democracia. Un nuevo renacimiento cuyo fin es la repolitización de la sociedad. Por ello, el republicanismo cívico enlaza con lo más innovador de nuestra sociedad actual: la impugnación a nuestro actual modelo social que secuestra lo político a los ciudadanos. Trata de situar al ciudadano como centro de la acción política. De reactivar socialmente a la ciudadanía para que participe en los procesos de interés general. En este Estatuto se incorporan medidas como el fomento de la participación ciudadana, el fomento de la consulta popular, la renovación de cargos... todos ellos, ingredientes republicanos.
El federalismo cobra también fuerza alternativa en el contexto de la globalización económica. El proceso de globalización y el neoliberalismo ha fortalecido el mercado como máximo regulador social, cultural y político, debilitando lo público. Esto ha provocando un proceso de caducidad del Estado-Nación. A su vez, han rebrotado las diferentes identidades culturales, como forma espontánea de evitar la disociación social del individuo. El federalismo propugna la globalización política como instrumento ciudadano que impugna el actual modelo social, económico y de poder. Cabe recordar una de las resoluciones del último Foro Social Mundial de Portoalegre: reformar y democratizar en profundidad las organizaciones internacionales -entre ellas la ONU-, haciendo prevalecer en ellas los derechos humanos, económicos, sociales y culturales, en concordancia con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ello implica la incorporación del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y de la Organización Mundial del Comercio al sistema y mecanismos de decisión de Naciones Unidas Reivindicamos el concepto de patriotismo de los derechos. Y los derechos, sean individuales o colectivos, se garantizan en una Constitución cuya principal virtud es su carácter de norma jurídica, norma superior a todas las demás normas que vincula a todos los ciudadanos y a todos los poderes públicos y que, por ello, supone la garantía de los derechos y libertades fundamentales. Una Constitución abierta a los nuevos tiempos y a las nuevas demandas, no una Constitución como dogma.
3.- La Constitución, principalmente en su Título VIII, puso las bases para el proceso autonómico de orientación federalizante; pero no pudo regular adecuadamente el funcionamiento de un Estado Autonómico que todavía no existía, ni las relaciones de unas Comunidades Autónomas todavía no creadas, de las cuales se desconocía incluso su número, tanto con el Estado como entre sí. Tampoco pudo prever la incidencia del proceso de construcción europea en las Comunidades Autónomas y la necesidad de que éstas participaran en las instituciones de la Unión Europea. A la Constitución le faltan normas que regulen estas cuestiones, que hagan del Estado autonómico algo coherente y congruente, un sistema adecuadamente ordenado que funcione con regularidad. Es necesario culminar el proceso federalizante reiniciado con la Constitución del 78.
Los Estatutos de Autonomía son la herramienta básica y fundamental en la configuración de la ordenación territorial de España. En todo Estatuto de Autonomía es necesaria la confluencia de dos voluntades: una procedente del territorio que accede a la autonomía y la otra representada por las Cortes Generales. Este carácter bilateral se refuerza en el presente Estatuto mediante la exigencia de un procedimiento negociado en sede de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados con la participación de una delegación de la asamblea proponente, de manera que la formulación definitiva de la propuesta resulta del “común acuerdo” de ambas partes.
Por ello, el presente Estatuto tiene un carácter paccionado ya que tanto su aprobación como su reforma exigen la concurrencia o concordancia de las dos voluntades, la autonómica y la estatal. La primera voluntad se manifiesta por el Parlamento de Cataluña y, posteriormente, por el cuerpo electoral; la segunda voluntad corresponde a las Cortes Generales.
Como tal Estatuto se definen los elementos esenciales de Cataluña, su denominación, competencias, instituciones, aspectos financieros y de hacienda y la propia reforma del Estatuto. Pero más allá de la regulación y delimitación material de competencias de autogobierno que compartimos, es necesario valorar los avances importantes contenidos en el presente Estatuto en cuanto a derechos sociales, la inclusión de nuevos derechos de ciudadanía, la incorporación de cuestiones de género, el fomento de la participación ciudadana. La incorporación de una extensa declaración de derechos y deberes, así como de principios rectores, superando la práctica que había sido habitual hasta ahora. Lo que hace este Estatuto, precisamente, es imponer reglas, condiciones y garantías a la Generalidad y, por lo tanto, actúa como un límite al ejercicio de sus competencias, de manera que se asegure de la manera más amplia posible la dignidad de la persona y el libre desarrollo de su personalidad.
4.- La necesidad de incorporar medidas de financiación en el Estatuto lleva consigo el compromiso de una nueva Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), tal como constitucionalmente se precisa.
Se hace necesaria una nueva LOFCA para completar la distribución de competencias en el sistema de financiación, general. Ésta, al igual que el Estatuto, deberá contener los siguientes criterios en un ordenado equilibrio entre bilateralidad y multilateralidad.
CRITERIOS BÁSICOS DE REFORMA DE LA LOFCA Y FINANCIACIÓN AUTONÓMICA
Una reforma que avance en una descentralización financiera, que haga que los poderes más próximos se responsabilicen ante sus ciudadanos de los servicios que ofrecen, tienen unos servicios similares básicos a través de sistemas de suficiencia o nivelación. Federalismo Fiscal y Nivelación de Servicios. Lo importante es abordar una política que asegure la sostenibilidad de la política fiscal a largo plazo; lo importante es asegurar la capacidad de nuestra economía para consolidar ingresos suficientes en el futuro y mantener en niveles razonables la proporción de deuda pública en circulación con relación al PIB.
Los criterios básicos en torno a la financiación autonómica que servirán de guía son los siguientes:
1.- Insuficiencia e invalidez del actual modelo de financiación autonómica. Las necesidades financieras de cada comunidad respecto al fondo de suficiencia se concretan sólo en el año base, sin que se prevea un mecanismo para recaudarlas periódicamente y comprobar si las distintas fuentes de financiación proporcionan el volumen de recursos necesarios para cubrirlos. Esta es precisamente una de las carencias del modelo aprobado, a la que se une la desaparición de las garantías hasta entonces existentes sobre las distintas fuentes de ingresos de la Comunidad. A esto se le añade el próximo recorte de programas europeos. Por tanto, es preciso avanzar en un nuevo sistema desde la transparencia, coordinación, solidaridad y autonomía financiera. Los sistemas de financiación tienen que garantizar un resultado final de suficiencia.
2.- Opacidad del actual sistema y resistencias en mantener oculto lo obvio. El Gobierno debe poner sobre la mesa los datos, indicadores e índices de las cuentas públicas de financiación autonómica, tal y como recientemente ha resuelto el Congreso de los Diputados. Entre ellos, son básicos los indicadores objetivos de necesidades de gasto y los saldos fiscales. Dentro de esos datos también hay que incluir los llamados saldos sociales.
4.- Garantizar la cohesión social por parte del Estado, asegurando unas prestaciones equiparables a todos los ciudadanos, independientemente de donde vivan: Sanidad, Educación, Seguridad Social, Caja Única, Servicios a Dependientes, Acceso a la Vivienda. Debe garantizarse que las Comunidades Autónomas puedan asegurar un nivel de vida digno y prestar niveles básicos de servicios. Igualdad de derechos para todos los ciudadanos. Tampoco es admisible que determinadas CC.AA. aprovechen su capacidad normativa para rebajar impuestos sin contrapartidas, por ello se priorizará a aquellas más esforzadas.
5.- Los mecanismos de cohesión territorial deben ser potenciados, desde modelos federales y solidarios. Los mecanismos de transferencias nunca deben inhibir el desarrollo endógeno de cada Comunidad. Es preciso aumentar el Fondo de Compensación Interterritorial y vincularlo al conjunto de la inversión realmente ejecutada.
6.- Corresponsabilidad y lealtad fiscal entre las Comunidades Autónomas y la Administración Central. Hay que definir un espacio fiscal propio.
Implementación de mecanismos de armonización, coordinación y de coparticipación de las Comunidades en la regulación de los impuestos estatales. Agencias Tributarias propias y coordinadas, que posibiliten la lucha contra la elusión y el fraude fiscal.
7.- Profundización en la autonomía financiera dentro de un modelo federalizante. La creación de Agencias Tributarias Autonómicas, la cesión de tributos y de capacidad normativa, dentro del marco fiscal europeo y estatal, debe servir para que las Comunidades Autónomas puedan establecer sus propias políticas de gasto. Quien tiene capacidad de gasto debe tener capacidad de ingreso.
8.- Un nuevo modelo de financiación local, desde la Administración Central y las Autonómicas, que dé suficiencia a los gastos propios e impropios de los entes locales. Asimismo, deberá proveerse de recursos suficientes de naturaleza incondicionada para el ejercicio de su autonomía a través de un Fondo de Cooperación Local.
Todo ello, junto con mecanismo de la Caja Única de la Seguridad Social, con prestaciones iguales para todos los trabajadores y trabajadoras, constituirán la hoja de ruta de Izquierda Unida, en el marco del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde, en la mejora y el avance en la autonomía, corresponsabilidad fiscal y solidaridad tanto para Cataluña como para el conjunto del Estado.
JUSTIFICACIÓN
Nuestra formación política defiende el proceso estatutario catalán. IU adquiere el compromiso de que éste sea aprobado. IU desde su apuesta de izquierdas y federalista, se ha querido situar, ante el debate estatutario catalán, como punto de encuentro. En la mayor síntesis posible entre nacionalistas y no nacionalistas. Aportando y facilitando el encuentro entre la legitimidad del Parlamento de Cataluña y las Cortes Generales. En este sentido, establece mediante incorporación a la Exposición de Motivos, los criterios políticos que seguirá en el desarrollo del debate y la negociación del articulado.
