§1014024
I
maginemos que este u otro Go bierno decidiese prohibir a los es pañoles nacidos en Cataluña que al desplazarse a otras partes de España, fuera de su comunidad autónoma, pudieran utilizar eí castellano. Para lograrlo se insta larían <<oficinas de control lingüístico>>, las cuales recibirían las posibles denuncias de que esos ciudadanos estaban emplean do el castellano en cualquier transacción comercial o relación social. Imaginemos que la prohibición se extendiese también a los hijos de esos catalanes de origen, re sidentes en otras regiones, pudieran ma tricularse en colegios de habla castellana, que son la inmensa mayoría. Y podría mos seguir enhebrando agujas parecidas indefinidamente.
Ante tamaña monstruosidad sólo ca bría pensar que el Gobierno de España se había vuelto loco, afectados todos sus miembros por un evidente deliñum tremens, o, en su caso, sin llegar a ese extremo pero ya en el límite, que estaba intentando poner en práctica un régi men totalitario semejante al del III Reich con su persecución de los judíos. Pues bien, esto que parece una pesadi lla de ciencia ficción es lo que está ocu rriendo más o menos en Cataluña des de hace unos años y aumentaría incluso en el caso de que entrase en vigor, tai cual, el Proyecto de Estatuto aprobado por el 90% del Parlamento catalán, cas tigando a los españoles que utilizan normalmente el castellano en Cataluña, idioma oficial del Estado español. De este modo, no existen colegios en len gua castellana y en ia Universidad la lengua oficial ha casi desaparecido ya, los rótulos de las tiendas y empresas de ben ser obligatoriamente en catalán ba jo amenazas de multas cada vez más frecuentes, en las empresas se exige el uso interno de esa lengua y la Adminis tración sólo administra ya en catalán.
Sin embargo, hasta hace unos años el bilingüismo era la regla y todo el mundo podía expresarse en uno u otro idioma sin problemas, habiéndose su perado así el totalitarismo lingüístico de signo contrario, que también quiso im plantar, sin conseguirlo, el franquismo con sus afanes totalitarios. Pero esta si tuación beneficiosa para ambas cultu ras, para ambas lenguas, se suprimió de cuajo a partir de la aprobación por el Parlament de la <<Llei 7/83 de normalit-zació lingüística a Catalunya>>, que im-
ponía obligatoriamente la enseñanza en todos los niveles educativos <<en ca talán>>, contrariando lo que dice la Constitución en este terreno. Ante la conflictividad que comportaba esta nor ma, el Tribunal Supremo, a principios del año 1994, planteó una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. En esas fechas, yo pu bliqué en estas páginas un artículo (La Constitución y la ley del catalán, 28 de febrero de 1994), en el que daba la ra zón al Tribunal Supremo. Mi tesis era que se había desvirtuado lo que dice el artículo 148.1.17 de la Constitución,
<<En Cataluña
no existen colegios
en lengua castellana
y en la Universidad
la lengua oficial
prácticamente
ha desaparecido>>
puesto que éste señala que es compe tencia de las comunidades autónomas <<en su caso, la enseñanza de la lengua de la comunidad autónoma>>, mientras que la ley catalana había trastocado la preposición <<de>> por la preposición <<en>>, lo que lo adulteraba todo. En efec to, semejante cambio de preposición venía a establecer, a partir de ese mo mento, que la lengua vehicular de la en señanza en Cataluña dejaba de serlo to tal -o parcialmente- el castellano, len gua oficial del Estado, para pasar a ser lo el catalán, lengua cooficial de esa co munidad. Se desvirtuaba así no sólo el artículo mencionado sino otros más de la Constitución como el 3, el 14, el 20, el 23.2, el 27yel 149.1.30.
En tal coyuntura, el Tribunal Consti tucional podía haber situado las cosas en sus justos términos, pero, contradi ciéndose con su propia jurisprudencia anterior, vino a consagrar la constitu-cionalidad de la ley catalana en su sen-
tencia 337/94. Esto es, con ella permitía que se impartiese toda la enseñanza en catalán cuando unos años antes -prin cipalmente en la sentencia 82/86- había mantenido que incumbía al Estado se ñalar <<las garantías del cumplimiento del deber del conocimiento del castella no, entre las que se halla la obligatorie dad de enseñanza en este idioma...>>. En consecuencia, de esos polvos jurídica mente equivocados, vienen estos lodos claramente inconstitucionales, que im plican que sólo se pueda dar la ense ñanza en catalán en todos los colegios públicos o privados. Un órgano del Es tado, como es el Tribunal Constitucio nal, estaba favoreciendo así el naci miento del totalitarismo nacionalista que hoy rige ya en Cataluña.
En efecto, como ha estudiado el so ciólogo francés Pierre Bourdieu, la len gua es un instrumento privilegiado para la consagración y exaltación del nacio nalismo, por lo que en los países con bi lingüismo, para que una sola se impon ga como legítima, es necesario que se unifique el mercado lingüístico. Y, de este modo, señala que <<en el proceso que conduce a la elaboración, la legiti mación y la imposición de una lengua oficial, el sistema escolar cumple una función determinante>>, porque es ahí <<donde se fabrican las similitudes de las que resulta la comunidad de conciencia que es el cimiento de la nación>>. El maestro, por tanto, <<actúa así cotidiana mente a través de su cometido, sobre la facultad de expresión de toda idea y de toda emoción que representa el lengua je, y al enseñar a todos los niños la mis ma lengua, única, clara y fija, les inclina naturalmente a ver y a sentir las cosas de la misma manera, trabajando en la edificación de ía conciencia común de la nación...>>.
Una vez que los nacionalistas han conseguido este objetivo, hay que al canzar un segundo escalón: proclamar <<jurídicamente>> que Cataluña es una nación porque en definitiva el discurso jurídico es una expresión creadora que hace existir ío que enuncia, es decir, se trata de la palabra divina, de derecho divino, que como el intuitos originarius que Kant prestaba a Dios, crea la exis tencia de algo simplemente por su mero enunciado. De ahí la batalla que están librando los nacionalistas catalanes (pero también vascos, gallegos y los que vengan) para que aparezca en el
Proyecto de Estatuto el reconocimiento de Cataluña como nación. Después to do vendrá por añadidura, esto es, el Es tado propio, meta que es la que desea el núcleo más duro del nacionalismo cata lán, pues como señala el mismo Pierre Bourdieu, una vez creado el mercado lingüístico uniñcado y reconocido jurí dicamente el status de nación, existen ya las condiciones para la constitución del Estado. Así lo reconoció igualmente Pierre Vilar cuando escribía acerca de otro momento de nuestra historia, en las siguientes palabras: <<Porque aspira al Estado, la burguesía catalana es la que inspira a la región el sueño de con vertirse en nación>>. Y en ese estadio nos encontramos de nuevo, en gran parte por la desidia o el desconocimien to de nuestra clase gobernante, que no sabe en qué callejón nos han metido.
Pero volvamos al ámbito constitucio nal. La primera de nuestras constitucio nes que proclamó que el castellano era la lengua oficial del Estado fue la de la II República de 1931, aunque mencionaba también a las otras lenguas españolas. Sin embargo, reconocía dos condicio nes respecto de estas otras lenguas: por una parte, señalaba que <<a nadie se le podrá exigir el conocimiento ni el uso de ninguna lengua regional>> (art. 4) y, por otra, afirmaba que <<es obligatorio el estudio de la lengua castellana, y ésta se usará también como instrumento de en señanza en todos los centros de instruc ción primaria y secundaria de las regio nes autónomas>> (art. 50), establecién dose al mismo tiempo una serie de ga rantías para conseguir ambas metas. A pesar de este precedente, nuestra vi gente Constitución, la segunda que pro clama igualmente al castellano como la lengua oficial del Estado en su artículo 3, no reconoce con la misma claridad esas dos cláusulas de salvaguarda, aun que sí cabe afirmar que se desprenden implícitamente de los artículos que afectan al uso de las lenguas.
Ciertamente, la proclamación del ci tado artículo 3 hay que modularla con el artículo 148.1.17 que, como hemos señalado ya, confiere a las comunida des autónomas, la competencia de la enseñanza <<de>> la lengua peculiar, pero no <<en>> la lengua peculiar. Y esto es así porque la Constitución sobreentiende que la lengua pertenece al ámbito pri mordial del individuo y, por tanto, el uso de las cooficiales, en las comunida des en que haya otra además de la del Estado, es una prerrogativa de cada persona que puede utilizar, pero que no se puede imponer en perjuicio de las que quieran utilizar la oficial del Esta do, lengua común para todos los espa ñoles, los cuales <<tienen el deber de co nocerla y el derecho a usarla>> (art.3.1.). En consecuencia, este artículo, para que tenga vigencia, hay que ponerlo
fundamentalmente en relación con el 14, que establece la igualdad de todos ios españoles, sin que pueda haber dis criminación por la lengua; con el 20, que reconoce la libertad de expresión, que no sólo afecta al contenido de lo que se dice, sino también al continente, esto es, en qué lengua de las reconoci das se dice; con el 23, que afirma ia igualdad de condiciones para acceder a los cargos públicos; y con el 27, que re conoce la libertad de enseñanza pero reconociendo implícitamente al caste llano como lengua vehicular, base an gular para poder llevar a cabo la <<ho mologación del sistema educativo>>.
Sea lo que sea, el hecho es que tales derechos y deberes no parece que se hayan tenido en cuenta, a fin de garan tizar en Cataluña que las personas que hablan preferentemente la lengua ofi cial del Estado puedan recibir la ense ñanza en eila y puedan usarla tanto en el ámbito público como en el privado de las empresas o profesiones. Y ello es muy grave porque, en primer lugar, se están violando la Constitución y los de rechos de muchas personas. Pero, en segundo lugar, como escribe Irene Lo zano en su reciente libro Lenguas en guerra, los jóvenes catalanes deberían tener en cuenta que <<hacer monolin-gües de una lengua minoritaria a ha blantes de comunidades bilingües o proporcionarles un deficiente conoci miento de la lengua escrita mayorita-ria, por no trabajar con ella en los tex tos escolares y relegarla a mera asigna tura, equivale a restarles oportunida des de antemano, sin dejarles elección, por más que complazca a coleccionis-
tas de especies endémicas o a extrava gantes muñidores de hechos diferen ciales>>. Y si quieren un ejemplo, vean el caso paradigmático de Joan Manuel Serrat, uno de nuestros más ilustres ca talanes, quien empezó cantando es pléndidas canciones en catalán y hoy no es sólo un ídolo en España sino tam bién en Latinoamérica, hasta el punto de que acaba de ser nombrado doctor Honoris Causa por una universidad ar gentina. Pero si ello ha podido ser así, se debe a que optó por ser bilingüe en sus canciones, con lo cual sus cancio nes en castellano hoy forman parte de la cultura universal y, especialmente, latinoamericana.
Por eso, como sostiene Juan Ramón Lodares, cuando en España se da una situación de comunidad lingüística forjada a lo largo de los siglos, las oli garquías nacionalistas en las comuni dades autónomas con lengua propia se proponen desmontarla, embarca das en un proceso de localismos cultu rales de signo étnico-nacionalísta que puede desembocar en la mismísima desintegración del país. Nuestra so ciedad ha entrado así en un periodo de inestabilidad debido a que el respeto espontáneo al derecho ha perdido su vitalidad. El culto a la legalidad, base de la democracia, se desagrega, por que la Constitución, pacto político y jurídico de todos los españoles, quie ren derogarla unos irresponsables que algún día tendrán que dar cuenta de lo que están haciendo.
Jorge de Esteban es catedrático de Derecho Constitucional y presidente de Unedisa
