§1013285
Dudo mucho, aunque no lo desee, que haya reforma laboral que merezca tal nombre. Desde julio de 2004, en que se produjo la Declaración para el Diálogo Social, no se ha dado ningún avance, entre otras razones porque al tener los agentes sociales plena disposición en cuanto a los términos de la reforma no desean ceder, motu proprio, en sus posiciones. Es muy difícil la autocirugía en el ámbito laboral, como demuestra la historia. Pero si la reforma es necesaria, y eso parece que nadie lo duda, habrá de hacerse de un modo o de otro. Y en esa reforma los empresarios desean que se les otorgue una mayor flexibilidad en la creación y gestión del empleo y los trabajadores que el sacrificio que ello suponga, merezca la pena.
En esa línea, entiendo que la posible reforma laboral debe producir un mayor dinamismo de nuestras empresas y que, por el contrario, la inactividad, podrían llevar a la empresa a la esclerosis. Pero mal nos iría si, además, no se abordasen otras operaciones de reforma que impulsen el crecimiento económico. Fiscalidad, formación, investigación, ánimo de emprender, etcétera, son tareas de ineludible tratamiento si no queremos hacer una reforma laboral de gran coste social y magros resultados. El BOE no crea empleo, pero puede ayudar a destruirlo por la rigidez de sus normas. Allanemos el camino, pongamos el campo de juego económico limpio de obstáculos para invertir y emplear, pero después hay que jugar, hay que invertir, hay que crear empleo. Y eso requiere que simultáneamente se aborden los demás aspectos de la reforma “global” que necesita nuestro país.
Ahora el Gobierno ha propuesto “una base de discusión, una herramienta para centrar las discusiones y apuntar zonas de encuentro”. Y por ello propone -con declaración explícita de que no va a imponerlas- una serie de medidas centradas fundamentalmente en la reducción de la temporalidad y el fomento de la contratación indefinida, además de una nueva regulación, más restrictiva, de las contratas y subcontratas. Son doce temas los que se abordan con propuestas concretas.
Obviamente no es posible en este artículo abordar y enjuiciar todas las medidas, que por otra parte han producido en los destinatarios reacciones esperadas y lógicas. A los empresarios no les gusta lo que les coarta sus facultades emprendedoras y directivas, a través de un intervencionismo excesivo y a los sindicatos no les parece apropiado ni ceder en derechos adquiridos ni aceptar recortes en materia de despido. Pero como ambas partes han demostrado a lo largo de estos últimos 25 años una gran capacidad de negociación, con frutos apreciables, es de esperar que al menos en materia de contratación se pongan de acuerdo, pues falta hace.
En España tenemos un porcentaje de contratos temporales muy alto, de los más altos de Europa. Y además de ser temporales son de muy corta duración. Somos un país de notable nomadismo laboral, lo cual claramente nos perjudica porque las empresas no pueden ser prósperas con una mano de obra inestable, desestructurada, ajena, en definitiva, a los objetivos de la empresa. Sin dejar de mencionar la imposibilidad de formar a trabajadores o invertir en su formación cuando van a estar como tales unos días o unos meses en activo; y sin formación nada funciona bien.
Y para acabar con la temporalidad en el empleo una de las soluciones radica, aunque parezca una paradoja, en que la duración del contrato tenga una razonable flexibilidad o dicho de otro modo que la extinción del contrato, cuando sea necesaria, ni sea compleja ni tampoco muy cara. Eso crearía más empleo. Y eso se puede lograr con un equilibrio entre los intereses de trabajador y empresario.
Especial mención merece asimismo el tema de las contratas y subcontratas, a las que en la propuesta de reforma se intenta controlar mucho más que lo que actualmente se hace y todo ello desde un punto de vista social. La descentralización productiva no sólo es un fenómeno imparable en el mundo empresarial, sino que supone una de las grandes herramientas de trabajo en toda economía desarrollada. Cortar sus alas sería suicida, por lo que, en este punto, hay que tener especial cuidado en la dosis. El contratista como tal, no puede llevar aparejado un estigma de poca calidad social, sino que lo que habrá que hacer es tomar las medidas que se estimen oportunas -tanto en el ámbito legal como en el del convenio colectivo- para que las contratas cumplan su misión sin que haya un deterioro de las condiciones laborales de sus trabajadores.
De cualquier modo llama la atención la minuciosidad con que se abordan los distintos temas sin el soporte de una filosofía subyacente de cómo deben abordarse las reformas laborales. Pienso, con la experiencia de los últimos veinticinco años, que muchas reformas se han realizado sin un sustento ideológico suficiente y con un apoyo coyuntural excesivo. Tenemos que decidir cuál es el modelo laboral que España necesita en una etapa de globalización y deslocalización para que podamos tener un estándar social razonable y aceptable, pero también un impulso económico que anime a emprender con éxito y competitividad. Dicho sea de paso, llama la atención que a este último tema no se le dedique ningún apartado en la reforma.
Para terminar, y dentro de esa filosofía global, yo haría hincapié en la mayor autonomía de las partes y menos intervencionismo en los detalles. Dicho de otra forma, y dado que el triunfo está en la libertad, el Estado debe fijar las bases de mínimos y las reglas del juego y debe dejar a las partes que por la vía de los convenios colectivos y los contratos individuales dispongan y compongan los derechos y deberes. Que entre aire fresco en el edificio laboral.
