§1013207
LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL ESTATUTO CATALÁN
José BAREA
Por razones de equidad y solidaridad no puede
trocearse la Seguridad Social ya que los riesgos son
diferentes en cada Comunidad
los servicios. No pueden considerarse co mo tales las competencias enumeradas en el citado artículo 165.1 del Estatuto, refe rentes a la ordenación del sistema, la orga nización y la administración del patrimo-
TOQUE DE QUEDA PARA NOVATOS P
pita, si finalmente las autorida des se empeñan en que los no vatos no conduzcan de noche. Al día de hoy, los únicos sig nos de independencia de los hijos respecto a los padres es tener coche propio y horarios inversos. Si les quitan lo pri mero, se convierten en seres perfectamente camuflados con la salita de estar, acumulando frustraciones. Sería tan subver siva la medida que propone el director Pere Navarro que no tardaría en derogarse por insu rrección juvenil. Eso, sí, mien tras tanto los padres de familia podrían soñar felices, al menos durante doce meses, con que sus hijos se irían de marcha los fines de semana con amigos experimentados al volante, en transporte público o, mejor aún, sin salir del barrio. Dema siado tranquilizante para ser verdad.
ara los padres, no habría prohibición que les hicie ra más felices, pero no tiene pinta de que vaya a pros perar. Se trata de que los con ductores novatos, aquellos que no han cumplido un año desde que obtuvieron el carné, no puedan circular entre las once de la noche y las seis de la ma drugada. Según el director ge neral de Tráfico, con esta espe cie de toque de queda se reduciría sensiblemente el nú mero de accidentes.
Hay medidas que, aun con tando con el beneficio del sen tido común, están condenadas de antemano al fracaso. Hace una década, Tráfico también tuvo la feliz de idea de prohi bir a los novatos que conduje ran durante los fines de sema na, argumentando incontables beneficios. La medida no sir vió de nada y acabó en el ar chivo de las ideas brillantes. Es de temer que la historia se re-
José A. ALVAREZ GUNDEV
L
a función de redistribución de la renta y la riqueza es determinar y garantizar un estado justo de distribución de la renta, juicio de valor que de ben realizar los ciudadanos; su finalidad, por tanto, es trasladar recursos desde el patrimonio de un individuo al de otro. En Se guridad Social, las pensiones y la prestación de desempleo constituyen los dos grandes pro gramas a través de los cuales se 'efectúa la redistribución de la renta. De acuerdo con Musgra-ve, para ser eficaz la redistribu ción vía programas de ingreso-gasto público debe ser uniforme dentro de un área en la que se dé un alto grado de movilidad de capital, trabajo y residencia, lo que conduce a que el núcleo de la función de redistribución se asigne a la Hacienda central. De acuerdo con la doctrina, el artí culo 149 de la Constitución es tablece la competencia exclusi va del Estado en la <<Legislación básica y régimen económico de la Seguri dad social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las Comunidades Autó nomas>>.
La financiación de estas prestaciones se efectúa para las pensiones y el desempleo contributivo a través de cotizaciones socia les, y para las pensiones y el desempleo asistencial por medio de los impuestos. El principio de la caja única juega en este campo un papel fundamental en el reforza miento de la equidad, que constituye el cri terio básico para juzgar las políticas públi cas de pensiones y de desempleo. En aplicación del principio de solidaridad fi nanciera, el Real Decreto-Ley 36/1978 de 15 de noviembre estableció el marco conceptual de caja única en la Seguridad Social.
El principio de unidad de ca ja es defendido por la doctrina debido a las aportaciones posi tivas que comporta, ya que una gestión múltiple y autónoma de los diferentes niveles de gobier no existentes en un país, ope rando cada uno de ellos por cuenta propia con cajas propias, dificultaría, cuando no impedi ría, una claridad suficiente en la administración de los fondos públicos dedicados a los pro gramas de Seguridad Social y una falta evidente de solidari dad.
El artículo 165.1 del proyec to de Estatuto establece que <<corresponde a la Generalitat, en materia de seguridad social, la competencia compartida, de acuerdo con los principios que establece la legislación básica estatal sobre seguridad social>>. Este artículo es inconstitucional, ya que la competencia es exclu siva del Estado, lo único que se gún la Constitución puede co rresponder a las Comunidades Autónomas es la ejecución de
nio, la ordenación y el ejercicio de todas las potestades admi nistrativas sobre las multas de accidentes de trabajo y enfer medades profesionales, la ad ministración de las prestacio nes económicas de la Seguridad Social, las afiliacio nes, las altas y bajas y los otros actos de encuadre de los em presarios y los trabajadores por cuenta propia y ajena.
Vuelve el Estatuto a incurrir en el mismo error al decir en el artículo 165.2 que corresponde a la Generalitat <<la gestión de los servicios del régimen eco nómico de la Seguridad Social, que incluye el reconocimiento y la gestión de las prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social y la organiza ción de estos servicios>>. Según el artículo 149 de la Constitu ción, el régimen económico de la Seguridad Social es compe tencia exclusiva del Estado; en ningún caso cabe dentro de la ejecución de sus servicios el reconoci miento de las prestaciones.
El reconocimiento de las prestaciones económicas requiere conocer toda la tra yectoria laboral de los trabajadores y las cotizaciones efectuadas por los mismos y los empresarios; dada la alta movilidad de los trabajadores, la doctrina considera que sea la Hacienda central la que tome a su cargo esta función. ¿Quién pagaría las pen siones de los trabajadores que se jubilen en Cataluña, pero han trabajado en varias Co munidades Autónomas, y si una vez jubila dos trasladan su residencia fuera de la Co munidad Autónoma de Cataluña? ¿Quién cobra las cotizaciones, y quién se queda con los excedentes de los ingre sos sobre los pagos o financia los déficit? La única ejecución de servicios que podría ser transferida a Cataluña sería la del pago de las prestaciones re conocidas por los Servicios de la Administración Central de la Seguridad Social, previa provi sión de fondos. Es casi seguro que con tal traspaso del servicio de pago, la eficiencia caería.
En el caso de los bienes pre ferentes a cargo de la Seguridad Social, las consideraciones de equidad se deben referir a la es fera personal y no a escala terri torial, más aun sin considera mos los posibles movimientos de los trabajadores y de los pen sionistas.
Por razones de equidad y so lidaridad no puede trocearse la Seguridad Social, ya que los riesgos son diferentes en cada Comunidad, a consecuencia del distinto envejecimiento de sus poblaciones. Bastantes incerti-dumbres tiene ya la Seguridad Social para añadirle una más. Sólo con el principio de caja única se puede hacer frente a la diversidad de riesgos.
