El informe de dicho organismo consultivo considera que algunas infracciones recogidas en el anteproyecto pueden resultar sancionadas más gravemente que otras de mayor relevancia social. Asimismo en el informe se pide una mayor precisión al futuro texto legal, porque en algunas de las conductas sancionadas no se detalla si la actividad que merece la sanción lo es por hacerlo una sola vez o de manera habitual.
El informe, remitido al Ministerio de Sanidad, concede potestad legislativa al Gobierno para optar por la prohibición de fumar en las empresas, sin necesidad de vincular esa posibilidad a los procesos de negociación colectiva.
Según el Consejo, los órganos responsables de la inspección de trabajo, así como las autoridades de las comunidades autónomas, deberían trabajar para que la prohibición de fumar en las empresas sea una realidad. El informe establece que no basta obviamente con legislar, sino que lo importante es hacer cumplir lo legislado.
Sobre la limitación de la publicidad y promoción del tabaco dirigida a los mayores de edad el dictamen establece que no infringe el derecho de la libertad de expresión en ninguna de sus acepciones.
