EL COLEGIO DE ABOGADOS, GARANTÍA DE JUSTICIA
El Colegio de Abogados de Madrid es una pieza más en el entramado institucional del Estado de derecho. Pero creo que aporta algunos elementos singulares. La unión corporativa de los abogados madrileños cumple una triple labor en su función de garantizar las libertades, la seguridad jurídica y la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.
En primer lugar, el Turno de Oficio del Colegio posibilita el acceso a la justicia, en plenitud de facultades, de los ciudadanos con menores recursos económicos, entre los que se cuentan de forma creciente los inmigrantes recién llegados a nuestro país. Es éste un servicio público que nuestro Colegio presta con los mayores estándares de calidad, como ha venido a ratificar la certificación de calidad Aenor que posee, revalidada año tras año. Casi 3.800 abogados integran este servicio, todos acreditados en sus respectivas materias por los rigurosos niveles de formación que les exige y les proporciona el Colegio. Del aprecio que la ciudadanía tiene por este servicio basta con proporcionar un dato: en 2004, se formularon 89.888 solicitudes de asistencia jurídica gratuita en Madrid.
Justo es también mencionar que la calidad y la fiabilidad de nuestro Turno de oficio ha sido reconocida recientemente por la Comunidad de Madrid, al elevar significativamente los módulos de retribución de los abogados de oficio, que sólo ahora ven compensados dignamente su profesionalidad y su entrega. Y como complemento a este servicio, los abogados del Colegio de Madrid mantienen también unos Servicios de Orientación Jurídica, ubicados en dependencias del Ayuntamiento y de la Comunidad y especializados en la problemática de los diferentes segmentos de edad, las mujeres, los extranjeros o los reclusos, que realizan gratuitamente una labor fundamental de atención a los ciudadanos que necesitan informarse sobre el ejercicio de sus derechos y la forma de reclamarlos ante los tribunales de Justicia.
Junto a esta labor social, el Colegio de Abogados de Madrid vela por un estricto cumplimiento de la igualdad de armas en la administración de justicia. Nuestra Oficina de la Defensa lleva a cabo una evaluación continua de los juzgados y tribunales, ampara a los letrados que han tenido algún problema en el ejercicio de su funciones y colabora permanentemente con los representantes de la judicatura y la fiscalía para lograr la mayor eficiencia y las mejores garantías en nuestra administración de justicia. Un buen ejemplo de ello nos lo ofrece nuestra Oficina de Enlaces de Juicios Rápidos, que ha prestado un apoyo permanente a los abogados y ha colaborado decisivamente en la exitosa implantación en Madrid de este nuevo tipo de procedimientos.
La tercera función reservada al Colegio de Abogados es la corrección y depuración de aquellas conductas profesionales reprobables por nuestro código ético. La limpieza de nuestras actuaciones, la lealtad debida a quien confía en nosotros su defensa o su asesoramiento, el secreto profesional que nos obliga y el cumplimiento de las normas deontológicas no son sólo un prurito corporativo sino la clave del arco de la confianza que la sociedad deposita en la función que el Estado de derecho ha reservado a los que tienen encomendada la defensa de los ciudadanos: los abogados. De ahí, que un estricto control deontológico sea la base de nuestra credibilidad y la garantía de nuestra independencia.
Este es, básicamente, el sentido de nuestro trabajo, cuya función última no es otra que la de hacer efectivas las libertades y garantías que le corresponden a cualquier ciudadano en cualquier tiempo y lugar, pero que son estrictamente exigibles en un estado democrático.
