La aprobación de este informe lleva aparejada a su contenido jurídico una significativa carga política en la medida en que el Consejo General del Poder Judicial ha decidido sacarlo adelante pese a que el Gobierno no quiso recabar su opinión cuando sacó adelante el anteproyecto de ley.
Este es precisamente uno de los aspectos que han llevado a la minoría progresista a votar en contra del dictamen ayer en el Pleno. En opinión de estos vocales, el Consejo General del Poder Judicial carece de competencias para informar la regulación de las uniones entre personas del mismo sexo.
En lo que se refiere al contenido, el portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Enrique López, explicó que el informe no ha sufrido modificaciones, salvo la eliminación de la polémica frase que, en una reducción al absurdo, venía a comparar la regulación de las uniones entre homosexuales a través de la institución de matrimonio con el “matrimonio” de una persona con un animal.
Además, el Consejo General del Poder Judicial expresa dudas sobre la constitucionalidad de la reforma, desaconseja que las parejas homosexuales puedan adoptar y recomienda una reflexión en profundidad sobre el tema.
