Esta ponencia defiende la supresión de la Audiencia Nacional y la introducción del recurso de amparo como orden en la jurisdicción ordinaria con ámbito de las comunidades autónomas, así como la reducción “drástica” del ámbito de conocimiento del Tribunal Supremo y la consiguiente ampliación del de los Tribunales Superiores de Justicia. Así, los Tribunales Superiores de Justicia serían la cumbre judicial en cada autonomía.
Según Jueces para la Democracia, la Audiencia Nacional es un órgano sin sentido en un sistema de organización judicial coherente, en el que los Tribunales Superiores de Justicia constituyan el último escalón en el que se enjuicien la inmensa mayoría de los casos, como exige la Constitución.
La ponencia recoge asimismo la existencia de un Juzgado de Amparo en cada comunidad autónoma. Ese juzgado conocerá de las demandas de amparo de derechos fundamentales y libertades públicas.
El texto debatido también prevé la creación de Consejos Autonómicos de Gobierno del Poder Judicial, con sede en cada una de las comunidades autónomas. Estos Consejos ejercerán sus funciones subordinados al Consejo General del Poder Judicial. Entre sus competencias estarían las de informar leyes y disposiciones de las comunidades autónomas que contengan normas procesales, aprobar normas de reparto o asignar los jueces integrantes de las secciones de las audiencias provinciales.
Juan Fernando López Aguilar, Ministro de Justicia, que asistió a la inauguración del Congreso, defendió que los Tribunales Superiores de Justicia sean competentes para todo aquello que mantenga relación con el derecho autonómico y “la culminación de instancias en el territorio de la comunidad autónoma”.
El Ministro de Justicia, además, también apoya la petición de Jueces para la Democracia de reducir las funciones del Tribunal Supremo, asumiendo los Tribunales Superiores de Justicia el papel de segunda instancia en el territorio de las comunidades autónomas. Esto serviría para “descongestionar” el Tribunal Supremo, facilitando su función casacional.
Por su parte, Augusto Méndez de Lugo, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, defiende la propuesta del Ministro de Justicia, respecto a la necesidad de convertir los Tribunales Superiores de Justicia en la última instancia para descongestionar al Tribunal Supremo.
En opinión del presidente del Alto Tribunal andaluz, es necesario reformar la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, porque el Tribunal Supremo no puede hacer frente a la “avalancha de asuntos” que está produciendo su desbordamiento.
Augusto Méndez de Lugo afirmó también que espera que se finalice la organización judicial en el territorio de la comunidad autónoma andaluza, “sin faltar a la constitución ni retocar el estatuto”.
Para Augusto Méndez de Lugo, el Tribunal Supremo “no está para ser una segunda instancia” y deben ser los Tribunales Superiores de Justicia los que culminen la organización judicial en las respectivas comunidades autónomas para que el Tribunal Supremo continúe con su función casacional de fijación de doctrina a nivel nacional, sin recortar las competencias del Tribunal como supremo intérprete de la ley y de unificación de doctrina.
