Según Cristóbal Montoro , la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria va a contribuir a consolidar y ampliar el papel de estas instituciones, pues a la incorporación de los principios constitucionales, el aumento de la seguridad jurídica de los contribuyentes, la mejora del régimen de infracciones y sanciones, el refuerzo de la lucha contra el fraude y la regulación de los nuevos procedimientos telemáticos, se suma el importante objetivo de reducir la conflictividad tributaria.
Igualmente, el Ministro de Hacienda recordó que la responsabilidad de la Administración es garantizar que la actividad de los Tribunales Económico Administrativos se apoye sobre los principios de independencia funcional, especialización, gratuidad y agilidad.
