Después de introducir una serie de enmiendas a la propuesta de que las regiones pudiesen acudir por sí mismas al Tribunal Europeo y que además tuviesen la posibilidad de adaptar a su medida las normas europeas, incluyendo las de mercado interior, la redacción final ha sido aprobada por todos los grupos de diputados españoles.
Se ha acordado que las regiones dispongan de dos vías de recurso jurídico: a través de sus estados nacionales o directamente con el Comité de las Regiones, que depende del Parlamento Europeo.
Con esta resolución, el Parlamento pide a la Convención que la futura Constitución reconozca institucionalmente a las regiones un papel protagonista en la Unión Europea.
