La Comisión General de Codificación recibió el pasado 28 de abril el encargo de examinar los delitos de agresión y abuso sexual y determinar su corrección técnica para, en su caso, proponer la reforma del Código Penal; ahora deberá determinar también si resulta necesaria la modificación de otras normas, como la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Los expertos deberán asimismo dictaminar si, del análisis de la respuesta dada por Juzgados y Tribunales a este tipo de delitos, se advierten vacíos o imprecisiones en las normas aplicadas que impiden dar una respuesta adecuada y proporcionada a los hechos delictivos enjuiciados.
En tercer lugar, la Comisión General de Codificación ha recibido el encargo de estudiar la manera de integrar, tanto en el ámbito penal como en la actuación de los poderes públicos, las disposiciones sobre prevención y lucha contra la violencia sobre las mujeres previstas por las normas internacionales, como el Convenio de Estambul (ratificado por España en 2014) y las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer.
La decisión de la Ministra de Justicia se produce después de que, el pasado día 5, el Pleno del Senado instase al Gobierno a ampliar el objeto de los trabajos de la Comisión.
El Ministerio de Justicia abordará también la propuesta del Senado para que se estudie la formación de los operadores jurídicos y se analicen los procesos de comunicación entre el Poder Judicial y la sociedad. Ambas cuestiones se derivarán a otros órganos.
