MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -
Según han informado este lunes fuentes jurídicas, después de que el juez de El Vendrell que llevaba el caso acordara inhibirse siguiendo la petición de la Fiscalía Anticorrupción, el sistema de reparto de la Audiencia Nacional ha hecho que la causa haya recaído en el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5.
Ahora, el magistrado deberá decidir si la Audiencia Nacional es efectivamente competente para investigar el caso. En caso de que la respuesta sea 'no', y al haberse inhibido el juzgado de El Vendrell, se podría plantear una cuestión de competencia ante el Tribunal Supremo.
El conocido como caso 3% investiga al exdiputado en el Parlament catalán y exconseller Germà Gordó así como a dos extesoreros de CDC, además de varios empresarios, por presuntos delitos como cohecho, prevaricación, alteración de precios de concursos públicos, malversación de fondos públicos, fraudes y exacciones ilegales, blanqueo de capitales y financiación ilegal de partidos políticos.
GRAVE PERJUICIO PARA LA ECONOMÍA NACIONAL
En el auto de inhibición, el juez Josep Bosch aseguraba que comparte los argumentos de Anticorrupción para considerar que la competencia del caso debe asumirla la Audiencia Nacional, debido al grave perjuicio para la economía nacional de este caso por la "generalización de la manipulación de concursos públicos", la complejidad de la causa y que hay algunos investigados que presuntamente realizaron operaciones económicas en el extranjero.
Concretamente, sobre el perjuicio causado a la economía nacional, el juez destacaba que el presupuesto agregado de las licitaciones de obras y servicios públicos bajo investigación alcanzan los 218 millones de euros y las donaciones a fundaciones de la órbita de CDC se elevaron a 10,3 millones.
En cuanto a la probable comisión en el extranjero de ilícitos penales de algunos de los investigados como los empresarios Jordi Soler, Jordi Sumarroca, Sergio Lerma y Francesc Xavier Tauler, el magistrado cree que está justificado enviar el caso a la Audiencia Nacional porque en un informe de la Guardia Civil se constata su "conocimiento y voluntad de utilización de jurisdicciones extranjeras de escasa o nula tributación".
