MADRID, 9 (EUROPA PRESS)
En la jurisdicción Civil el número de asuntos ingresados alcanzó los 2.040.018, con un incremento del 9,2 por ciento respecto a 2016. En este incremento ha tenido un papel relevante las demandas relacionadas con acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física.
En esta jurisdicción se resolvieron 1.873.998 asuntos, un 1,6 por ciento menos que en el año 2016, y quedaron en trámite 1.205.134, un 16,2 por ciento más que al final del año anterior.
En la jurisdicción Penal han entrado 3.232.678 asuntos, con una disminución del 4 por ciento, habiéndose resuelto 3.275.857 asuntos, un 6,1 por ciento menos, y quedando en trámite 705.454 asuntos, un 2,4 por ciento menos que en 2016.
En la jurisdicción Contencioso-Administrativa se han registrado 195.908 nuevos asuntos, con una disminución del 0,1 por ciento respecto a 2016. Se resolvieron 205.396 asuntos, un 3,9 por ciento menos que en 2016, y quedaron en trámite 186.250 asuntos, un 2,9 por ciento inferior al año anterior.
Por lo que respecta a la jurisdicción Social, han ingresado*404.860 nuevos asuntos, con un incremento del 5,8 por ciento. Se han resuelto 392.927 asuntos, un 2 por ciento menos que en 2016, y han quedado tramitándose 282.387 asuntos, con una disminución del 0,1 por ciento respecto de 2016.
La tasa de litigiosidad en el conjunto del Estado ha sido de 126,1 asuntos por cada 1.000 habitantes. Las comunidades que han mostrado una tasa de litigiosidad superior a la nacional han sido Canarias (164,5), Andalucía (145,1), Illes Balears (138,6), Cantabria (129,6), Asturias (128,7) y Murcia (128). Las comunidades con tasa de litigiosidad más baja fueron La Rioja (85,4), País Vasco (93,5) y Navarra (94,3).
