MADRID, 8 (EUROPA PRESS)
Así se desprende de una nota remitida por este departamento que recoge los informes semestrales de la Inspección General de Servicios. Según éstos, la percepción ciudadana de la calidad del servicio prestado en la Oficina Central experimentó una importante mejora en el último año.
Respecto al número de comunicaciones por mal funcionamiento, éstas disminuyeron en el último ejercicio en más de un 50 ciento, de acuerdo con la aplicación informática de tramitación de quejas del Ministerio. Concretamente, las quejas debidas a los tiempos de espera excesivos se redujeron en un 66,7 por ciento.
"En 2017 se puso en marcha un conjunto de medidas orientadas a la mejora de la prestación del servicio, entre ellas el fomento de la utilización de la vía electrónica para la tramitación de las diferentes solicitudes, que se tradujo en un incremento del 9,3% al 20,3% en el uso de la sede electrónica en el caso de los certificados de antecedentes penales y de 20 puntos porcentuales en lo referente a las certificaciones del Registro de Delincuentes Sexuales", explica Justicia en la nota.
INICIATIVAS EN CURSO
Por otro lado, se amplió el personal destinado a la atención al público y se introdujeron mejoras en la organización de la plantilla para dar respuesta de manera satisfactoria a la demanda ciudadana y reforzar la atención presencial en las horas de mayor afluencia de público. Además, se impartió formación especializada para ampliar la polivalencia del personal.
Asimismo, Justicia informa de que se renovó el parque informático y se desplegaron nuevas aplicaciones para la agilización de la expedición de determinados trámites, como es el caso de los certificados de seguros de cobertura de fallecimiento. A lo largo del pasado año se acometieron además, una serie de actuaciones orientadas a clarificar la información disponible al público en relación a los diferentes trámites.
A estas iniciativas se suman las que están actualmente en curso, como la implantación de un sistema de cita previa, la mejora de la pasarela de pago de las tasas devengadas por la solicitud de los certificados y un proyecto piloto interministerial para la apostilla telemática y automatizada de documentos digitales.
