MADRID, 5 (EUROPA PRESS)
Así lo ha manifestado en la Comisión de Justicia del Senado a preguntas del senador de EH-Bildu Jon Iñarritu sobre qué entiende el Gobierno por preso político o las condiciones que hacen considerar que una persona ostenta esta calificación.
Para ello, la secretaria de Estado ha recurrido a la definición adoptada en 2012 por la asamblea parlamentaria del Consejo de Europa, del cual que es miembro España, en la que señala que un preso político es aquella persona privada de libertad por la "violación" de derechos humanos como la libertad de pensamiento, conciencia, religión, expresión, información, de reunión o asociación; por razones "puramente políticas sin conexión a ningún delito"; que por motivos políticos la duración de la detención o sus condiciones son "claramente desproporcionada" a la ofensa de la que se responsabiliza.
También que la detención sea "discriminatoria" en relación con otras personas; que sea "resultado de un procedimiento claramente irregular y que esto parezca estar conectado con motivos políticos de las autoridades", ha señalado.
Para Sánchez-Cortés estos criterios son lo "suficientemente ilustrativos de una realidad que es incuestionable para el Gobierno e instituciones que tienen como premisa la defensa del Estado de Derecho". "En España no hay presos políticos, tenemos un robusto y firme Estado de Derecho", pues es "incompatible con el modelo de democracia que tenemos en nuestro país y con nuestra condición de Estado miembro de la Unión Europea", ha añadido.
RESPETO A LAS RESOLUCIONES JUDICIALES
Ha subrayado que todas las instituciones internacionales a las que pertenece España reconoce que es un país en el está "garantizada la independencia y la calidad de la democracia". "Ahí está implícito el respeto a las resoluciones judiciales", ha dicho en referencia a casos concretos a los que ha hecho mención el senador vasco durante su intervención, como la investigación en el Tribunal Supremo por los hechos relacionados con el 'procés' o el procesamiento de los jóvenes de Alsasua (Navarra) que están acusados de agredir a dos guardias civiles.
En este sentido, la secretaria de Estado de Justicia ha aprovechado para asegurar que los cuatro investigados por el proceso soberanista en Cataluña que se encuentran en prisión provisional --Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart-- "no son presos de conciencia", ni están investigados "por sus ideas, sino por sus conductas". "En un Estado de Derecho los políticos no somos intocables, tenemos un plus de ejemplaridad", ha agregado.
Por su parte, el senador Iñarritu ha afirmado que sí le "suena algún caso" de presos políticos en España y más teniendo en cuenta esos criterios del Consejo de Europa que ha recitado la secretaria de Estado. De este modo, ha hecho alusión a los investigados por el 'procés' encarcelados, que, a su juicio, están siendo objeto de un procedimiento judicial con "delitos inexistentes como de rebelión o sedición"; o a los "perseguidos por su ideología como raperos o independentistas catalanes o vascos" que son juzgados por un "tribunal de excepción franquista" como la Audiencia Nacional.
"DESPROPORCIONES, IRREGULARIDADES Y DISCRIMINACIÓN"
Iñarritu se ha detenido en el caso relacionado con la agresión que tuvo lugar en Alsasua y ha aseverado que los ocho acusados por agredir a dos agentes de la Guardia Civil y sus parejas han sido procesados por terrorismo y no por el delito de atentado contra la autoridad. Achaca está decisión de la Audiencia Nacional por su condición de "independentistas o pertenecientes a la izquierda independentista".
Además, el senador ha señalado que tres de acusados están en prisión "a cientos de kilómetros" de sus familiares y que se ha designado como presidenta del tribunal que les juzgará a la magistrada Concepción Espejel, a sabiendas de que está casada con un coronel de la Guardia Civil y condecorada por esta institución. Para Iñarritu, éste es un claro ejemplo de que existen "desproporciones, irregularidades y discriminación" en comparación a "otros casos similares".
El representante de EH-Bildu ha recordado que la jueza ha sido recusada de este tribunal por su vinculación con el Instituto Armado y ha hecho hincapié en que ya fue apartada del tribunal que juzga a la trama Gürtel por su vinculación con el PP, una formación política que, a su juicio, también está ligada a la Guardia Civil.
INHABILITACIÓN DE EXDIRIGENTES CATALANES
Por otro lado, la secretaria de Estado también ha sido preguntada si considera el ministro de Justicia, Rafael Catalá, tiene entre sus funciones "comentar y dar por hecho" que determinados dirigentes políticos de Cataluña que están siendo investigados van a ser inhabilitados. Así, lo ha expresado el portavoz de Unidos Podemos-En Comú Podem de la Comisión de Justicia en el Senado, Joan Comorera, que asegura que con este tipo de intervenciones el Gobierno está "degradando la separación de poderes".
"¿Acaso tiene contactos el Ministerio con el juez Pablo Llarena?", magistrado que instruye en el Tribunal Supremo el caso por el 'procés', ha preguntado el senador catalán, que ha subrayado que este tipo de comentarios que realizó Catalá en un programa de televisión "no ayuda para nada" en la percepción de independencia judicial de los ciudadanos.
En respuesta a esta cuestión, la secretaria de Estado ha defendido a Catalá y se ha remitido a la declaración que hizo el propio ministro en el Pleno del Senado celebrado el pasado 6 de febrero en la que explicó que sólo hizo referencia a dos autos del juez instructor con fechas del 12 y 29 de enero en el que se apuntaba a esta consecuencia procesal prevista en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
"No veo que declaraciones de este tipo pueda afectar al riguroso respeto a la presunción de inocencia e independencia judicial. Nada tiene que ver con una intromisión en procedimiento judiciales", ha concluido Sánchez-Cortés.
