MADRID, 26 (EUROPA PRESS)
En un comunicado la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (Altodo) subraya que el año "2019 es la fecha límite" y que, por tanto, los poderes públicos tienen todo este año para negociar con el Consejo General de la Abogacía Española y los colegios de abogados una revisión "al alza" de baremos retributivos en toda España.
Es más, exigen que los Presupuestos Generales del Estado y las de las comunidades autónomas para el 2019 "contemplen las partidas necesarias para solucionar de una vez por todas este problema enquistado".
En este sentido, la asociación recuerda que el 12 de enero de 1996 se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la Ley de Asistencia Jurídica en la que se expone que "el coste del servicio de justicia gratuita deberá ser periódicamente evaluado por los poderes públicos, que en todo caso deberán seguir el principio de que el servicio de asistencia jurídica gratuita esté digna y suficientemente remunerado, haciéndose efectiva su retribución en plazos razonables".
Asimismo, indica que el incremento del IPC desde diciembre de 2005 hasta enero de 2018 ha sido de casi un 20 por ciento y que las retribuciones son "exiguas". "Las actuaciones de gran complejidad jurídica reciben una contraprestación ("indemnización", según el tenor literal de la ley) que dista mucho de acercarse siquiera al concepto de "retribución digna y suficientemente remunerada" a que alude la Exposición de Motivos de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita", afirma el comunicado.
Además, destacan que, aunque el Gobierno haya aprobado la subvención 376 millones de euros para la Asistencia Jurídica Gratuita en 2018, esta cantidad supone el incremento de "tan sólo" un millón de euros y por tanto "no permitirá revisar al alza los baremos".
PRESTACIÓN PROFESIONAL DE CALIDAD
Así, reclaman el "derecho a recibir una prestación profesional de calidad, habida cuenta de que el derecho a la justicia gratuita de los más desfavorecidos ya no es una 'limosna o concesióngraciable', sino que es un derecho constitucional que argamasa la esencia misma del Estado de Derecho".
Altodo lamenta además que muchos juzgados y tribunales, no sólo no les entregan una copia del expediente judicial en el que trabajan los procuradores o letrados del Turno de Oficio, sino que no se les permiten utilizar las fotocopiadoras, "condenándoles" a costearse la reproducciones de dichos archivos. Según la asociación, esta circunstancia supone "dejar al ciudadano en la más absoluta indefensión".
"Lo verdaderamente urgente es descongelar de una vez por todas y para siempre las indignas retribuciones que aquéllos perciben en contraprestación a unos servicios cada vez más eficientes, cada vez sometidos a mayores y estrictos controles deontológicos y de calidad y a una creciente exigencia de especialización y formación continua, que dichos profesionales se ven obligados a costearse de su propio peculio pese a tratarse de un servicio público", reclama Altodo, que recuerda que hay "miles de abogados de oficio" que perciben unas "retribuciones de miseria, y hasta de hambre".
La asociación de los abogados asegura que si en los presupuestos de 2019 no se aprecia "voluntad" de incorporar las partidas "necesarias y suficientes" para dar respuesta a sus exigencias, promoverán movilizaciones y actos de protesta en toda España.
