La subsecretaria de Justicia ha subrayado que los datos confirman que en el segundo semestre del pasado año el Gobierno ha continuado haciendo un uso riguroso de esta medida de gracia al desestimar en ese periodo un total de 2.421 peticiones de indulto. De los seis indultos concedidos, tres están relacionados con delitos contra el patrimonio y otros tres con delitos contra la salud pública. En todos los casos se contó con el criterio favorable del tribunal sentenciador y en cinco de ellos, también con el del Ministerio Fiscal. Asimismo, en los cuatro expedientes de indulto concedidos en el segundo semestre de 2017 en los que existía una víctima o perjudicado concreto por la naturaleza del delito, se contó con su estimación propicia a la medida de gracia.
Roldán ha recalcado la firmeza del Gobierno en el rechazo a solicitudes de indultos que suscitan una especial repulsa social como pueden ser aquellas relativas a delitos contra la Hacienda Pública, contra la seguridad vial y en materia de violencia de género. La subsecretaria ha destacado que desde 2014 no se conceden indultos en materia de corrupción política. Asimismo, en el segundo semestre de 2017 tampoco se han estimado peticiones de indulto por parte de personas condenadas por los delitos de falsedad, contra la libertad, contra la integridad física y contra el orden público, entre otras categorías.
El informe incluye por primera vez el dato de solicitudes de indulto presentadas ante el Ministerio de Justicia que en 2017 fue de 4.241, la cifra más baja de los últimos diez años, de las cuales 1.804 se recibieron en el pasado semestre. En cuanto a las peticiones resueltas, fueron 4.370 a lo largo de 2017, de las que 2.427 se tramitaron en la segunda mitad del año.
La subsecretaria de Justicia ha destacado el esfuerzo de gestión que genera el importante volumen de peticiones de indulto ya que su tramitación requiere en todos los casos solicitar un informe al tribunal sentenciador y al Ministerio Fiscal y en numerosas ocasiones realizar consultas con los interesados y las instituciones penitenciarias.
