VALÈNCIA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -
El defensor del pueblo valenciano también pide a Justicia que, tras una evaluación de las necesidades existentes, traslade al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a través de las comisiones de coordinación, las posibles medidas de refuerzo para paliar las necesidades detectadas durante el tiempo que llevan funcionando estos juzgados, ha informado este órgano en un comunicado.
Estos juzgados especializados se pusieron en marcha el 1 de junio de 2017 al entrar en vigor la medida acordada por el CGPJ para atribuir a 54 juzgados de Primera Instancia de España la especialización de los asuntos relativos a demandas y litigios sobre cláusulas bancarias abusivas.
En el caso de la Comunitat Valenciana este acuerdo concentraba en tres órganos judiciales (uno por provincia) todas las posibles demandas sobre cláusulas suelo.
Ante la preocupación social que estaba generando la puesta en marcha y dotación de estos juzgados especializados ante la más que previsible litigiosidad que se iba a producir en este ámbito, el Síndic inició una investigación de oficio. En su resolución, indica que la situación es "un ejemplo más de la carencia de medios personales y materiales de la Administración de Justicia para hacer frente al volumen de asuntos que se someten a su conocimiento y, con ello, la saturación y los retrasos que padecen los juzgados", llegando a afectar al derecho fundamental de acceso a la justicia y pudiendo ocasionar indefensión a la ciudadanía.
El Síndic asegura ser consciente de la complejidad de las competencias de la administración autonómica en justicia, así como de la situación creada por la acumulación de asuntos en los juzgados, ya sea con carácter general o puntual. "Un problema estructural que excede del contenido de nuestra investigación e incluso de las competencias de la Generalitat", ha reconocido.
No obstante, y a la espera de que se arbitren medidas más generales que incidan en la modernización del sistema de justicia y que resuelvan el problema estructural, el Síndic considera necesario que se garantice una tramitación ágil y adecuada de las demandas por las conocidas cláusulas suelo.
