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Anomia catalana; por Santiago Muñoz Machado, Catedrático de Derecho Administrativo y académico de número de la Real Academia Española y de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas

12/02/2018
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El día 10 de febrero de 2018 se ha publicado, en el diario La Vanguardia, un artículo de Santiago Muñoz Machado, en el cual el autor considera que Catalunya, o los dirigentes políticos responsables de las tres clases de anomia que padece, tienen que poner en tratamiento urgente esas conductas. Hay que dialogar y negociar, pero nadie se querrá sentar al otro lado de la mesa mientras no se pueda emplear un lenguaje inteligible, se reduzca la tensión social inducida y se reponga la lealtad a las leyes.

ANOMIA CATALANA

Los juristas llamamos anomia a la ausencia de ley. Los médicos denominan de esta manera a un trastorno del lenguaje que impide llamar a las cosas por su nombre. Los psicólogos y sociólogos consideran que anomia es el conjunto de situaciones que derivan de la carencia de normas sociales o de su degradación. La anomia catalana se compone de todos estos ingredientes.

Pongo por delante de todos sus demás síntomas el trastorno del lenguaje. Hace falta poner mucha atención y esfuerzo para comprender ­algunos discursos de los más arriscados líderes independentistas: enlazan palabras de significado equivocado en una retahíla de sintagmas dichos de un tirón y con vigor suficiente como para dejar estupefacto al interlocutor o inerme al entrevistador, si la salmodia se produce en programas audiovisuales. El atónito oyente o espectador oye palabras políticas esenciales como soberanía, democracia, derecho a decidir, libertad, golpe de Estado, justicia, ley, constitución u otras atribuyéndoseles un significado que no tienen. Cada uno de estos vocablos ha sido objeto de un largo proceso de depuración en todos los estados de Derecho hasta integrarse en su cultura y lenguaje jurídicos con una significación muy precisa. Pero el soberanismo catalán los ha reinventado, sin más autoridad ni fundamento que el desnudo arbitrio personal o grupal.

La consecuencia es que, siendo las palabras esenciales para la comunicación, no nos entendemos. No podemos alcanzar acuerdos con nuestro interlocutor porque ninguna de las partes sabe de qué habla el otro. Por ejemplo, la palabra democracia no significa que una parte del pueblo pueda derribar la Constitución del Estado en que está integrado; un golpe de Estado lo da quien trata de apoderarse de las instituciones al margen de cualquier procedimiento legal, aunque no medie violencia, no quien aplica previsiones legales o constitucionales, etcétera.

De esta clase de anomia se pasa con facilidad a la otra que consiste en la falta de normas sociales o su degradación. En la sociedad catalana, lamentablemente, se ha degradado la convivencia. El discurso del odio ha hecho acto de presencia y unos ciudadanos reprueban a otros sólo por su manera de pensar, los intimidan, señalan o insultan. Una minoría se cree con poder soberano suficiente para decidir el futuro de Catalunya en su conjunto y, por conexión, de España. Y los demás se defienden como pueden en un ambiente enrarecido que, según las crónicas, se ha apoderado, como el humo de un incendio, de las familias, las empresas y las instituciones.

Todo es muy preocupante, pero me parece que lo es en grado sumo la ausencia de leyes. No hay leyes en Catalunya para responder a sus principales problemas. Lo diré mejor: si las hay se incumplen o se inventan otras alternativas de manera súbita. La poco meditada afirmación de que los tiempos de la autonomía pertenecen ya a la historia justifica el total desafecto por la Constitución y el Estatut, cuya aplicación habría dejado de ser una obligación de los poderes públicos para convertirse en una decisión de conveniencia. Las leyes que elabora el Parlament no tienen límites insuperables y pueden dictarse contraviniendo lo establecido en aquellas otras superiores. Si corrige los excesos el Tribunal Constitucional, tampoco ocurre nada porque, al no concederse valor alguno a la Constitución en el territorio insurgente, tampoco hay que atribuírselo a su máximo intérprete. Y así tantas otras actuaciones de cada día rematadas con piruetas finales de asombroso virtuosismo, como la idea del doble gobierno: uno de la república catalana en el exilio y otro integrado en el Estado del Reino de España en el interior. Con un presidente, jefe del primero, que, a falta de conseguir la independencia del territorio que lo eligió como parlamentario, ha acordado independizarse en persona. Ay, querida Catalunya, sometida ahora al pitorreo de tantos pueblos que te admiran.

Esta actitud política del soberanismo equivale, desde luego, a la ausencia de ley, porque las que se aprueban son efímeras, ocasionales, caprichosas, improcedentes o nulas, y generan tanta inseguridad que nadie puede programar con certeza su futuro personal, familiar o empresarial. De aquí los éxodos y autodestierros de estos últimos meses.

Quizá sea importante añadir que todos estos comportamientos de los máximos responsables del poder producen un imparable efecto demostración. Lo digo en el sentido con que usan los economistas esa locución. Otras organizaciones inferiores imitarán su comportamiento y tratarán de parecerse a ellos. ¿O es que no han empezado a notar que los grandes ayuntamientos también creen que pueden decidir en relación con asuntos sobre los que no tienen competencia, o desatender la legislación con sólo invocar los sacrosantos conceptos de democracia y participación?

No me extiendo a comentar las consecuencias de todo ello porque me parecen fáciles de establecer. Pero sí quiero dejar enunciada la conclusión: Catalunya, o los dirigentes políticos responsables de las tres clases de anomia que padece, tienen que poner en tratamiento urgente esas conductas. Hay que dialogar y negociar, pero nadie se querrá sentar al otro lado de la mesa mientras no se pueda emplear un lenguaje inteligible, se reduzca la tensión social inducida y se reponga la lealtad a las leyes. La responsabilidad de avanzar en la resolución de la anomia es de los gobernantes catalanes. Cuando superen esas graves afecciones, podrán culpar con más razón al Gobierno del Estado de su insoportable indolencia.

Pactismo y constitucionalismo

La continua apelación al pacto es uno de los reflejos más eminentes del amor por la propia historia, tan característico del carácter catalán. El pactismo fue, en efecto, un instrumento esencial de gobierno de la monarquía aragonesa. Es comprensible que se recuerde y que se aspire a mantenerlo. Pero su aplicación en la actualidad está muy condicionada. Vicens Vives (admirado historiador, también en su tierra, salvo cuando se dedicó a desmontar mitos e historias insostenibles) escribió en su importante Noticia de Cataluña que el pactismo era tan característico del gobierno monárquico de Catalunya como una antigualla institucional llamada a desaparecer. Matizo a Vicens Vives: la reducción acelerada del pactismo está inevitablemente relacionada con la emergencia del constitucionalismo y la aparición de la ley general como instrumento principal de gobierno. El pacto puede ser ratificado por las leyes y las leyes pueden modificarse a consecuencia de acuerdos, pero no pueden ser violadas. No tienen eficacia los pactos contra legem, hasta que la ley los acoge.

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