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¡Aún hay jueces!; por Alfonso Villagómez Cebrián, magistrado

09/02/2018
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El día 9 de febrero de 2018 se ha publicado, en el diario El Mundo, un artículo de Alfonso Villagómez Cebrián en el cual el autor subraya que con el actual marco legislativo no se puede hablar de impunidad frente a la corrupción, pero sí de lentitud en la respuesta sancionadora.

¡AÚN HAY JUECES!

Cuenta la leyenda que Federico II de Prusia, molesto porque un molino cercano a su palacio afeaba el paisaje, envió a un emisario para que lo comprara por el doble de su valor, para posteriormente llevar a cabo su demolición. Al regresar el enviado regio con la oferta rechazada, el emperador se dirigió al molinero, duplicando la oferta; y como éste volviera a declinar el ofrecimiento el monarca amenazó al campesino de que, si no aceptaba lo prometido, perdería su propiedad, pues firmaría un decreto expropiando el molino sin compensación alguna. El molinero se presentó entonces en el palacio real y entregó a Federico II una orden judicial que prohibía a la corona expropiar y demoler su propiedad solo por capricho personal. Y mientras el emperador leía en voz alta la medida cautelar, funcionarios y cortesanos temblaban imaginando la furia que desataría contra el empecinado campesino y el temerario magistrado que había osado dictar esa resolución. Pero, concluida la lectura, Federico el Grande levantó la mirada y ante el asombro de todos exclamó: “Me alegra comprobar que todavía hay jueces en Berlín”.

Pues bien, esta historia nos sirve aún para explicar ese milagro del control del poder político por los jueces. Un milagro que tiene lugar todos los días en nuestros juzgados y tribunales, como expresión constitucional de la institucionalización en manos de unos órganos estructuralmente independientes de la potestad para sancionar aquellos actos y comportamientos que no se pueden tolerar en una democracia avanzada. Un control por parte de los jueces que está establecido no sólo para resarcir los posibles daños causados, sino también para incidir preventivamente sobre otros posibles comportamientos, poniendo de manifiesto ante los ciudadanos las consecuencias negativas que implican aquellas actitudes más intolerables y reprochables de sus representantes políticos.

Porque, si bien los tribunales de justicia sólo pueden determinar la responsabilidad jurídica, difícilmente el político afectado por una actuación judicial va a poder esquivar esa duda que se proyectará, ya sin remedio, tanto sobre los antecedentes de una conducta sometida al escrutinio judicial como sobre las consecuencias finales de sus acciones u omisiones.

En este sentido, son paradigmáticos entre nosotros, los casos Gürtel, Bárcenas o Lezo sustanciados en los Juzgados centrales de instrucción y en la Sala penal de la Audiencia Nacional. Unas actuaciones judiciales que han supuesto, sin duda, una carga procesal sobre algunos significados protagonistas de nuestro panorama político, sin olvidar que algún rescoldo de estos casos ha llegado hasta el presidente del Gobierno.

Pero, más allá de lo que finalmente se concluya en las sentencias que habrán de ser dictadas por la Audiencia Nacional, lo importante es destacar que nos encontramos ante un renovado papel de la jurisdicción en España, precisamente por la irrupción en el campo judicial de los conflictos relacionados con este maldito cáncer de la corrupción. Unos conflictos que hasta hace poco tiempo han sido completamente ajenos a nuestros tribunales y juzgados y que poco tienen que ver con el litigio entre particulares o con el enjuiciamiento de las formas tradicionales de delincuencia. Quizá algún lector recuerde que el actual presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, se refirió a nuestro Código Penal como un texto pensado para castigar a “robagallinas”.

Y es que, con el actual marco legislativo aunque no se puede afirmar que exista impunidad frente a la corrupción, sí que hay lentitud en la respuesta sancionadora. De ahí que haya que agilizar, dotar de mayor rapidez y eficacia, la respuesta judicial con prioridad a un aumento o innovación de las penas y las sanciones. No es cuestión de más medios -que también- sino de utilizar mejor los existentes fomentado la máxima especialización.

Los problemas se agudizan porque se trata de delitos muy complejos y con gran dispersión de responsabilidades que no encuentran una respuesta adecuada en nuestras leyes procesales que eternizan las investigaciones y estrangulan los procesos. Una de las medidas a estudiar es que se puedan ir enjuiciando los distintos hechos delictivos por separado, dictándose sentencia según se vaya juzgando cada caso, para que el proceso gane en mucha más rapidez.

Una expansión del ámbito de intervención de los tribunales de justicia que, sin duda, está alterando sustancialmente la tarea básica de la jurisdicción como garante de la conservación del orden jurídico y de reprensión de los delitos más comunes en la sociedad. Una extensión del control por los jueces que, en estos casos en los que el justiciable ocupa una legítima posición de poder, ganada incluso en unas elecciones, ha de convivir con el cierre de filas por parte del entorno de influencias del político, con la incomprensión generalizada, y, en algunos caso, con la hostil oposición a la actuación judicial. Una tentación suicida -que quizá por eso mismo- se ha ido corrigiendo en estos últimos años incluso con la aparición de códigos internos de los partidos que indican el momento procesal en que ha de renunciar al cargo el miembro del partido que se vea judicialmente implicado.

Quizá nuestros políticos hayan comprendido de una vez la tensión inevitable entre la búsqueda de la verdad judicial y el principio de asunción de responsabilidades políticas. La posición por defecto de un político es la mentira, y la del juez de instrucción es buscar la verdad, caiga quien caiga. Porque, recordando a Nicolás Gómez Dávila, ese Nietzsche colombiano, mientras que hay 1.000 verdades, el error sólo es uno.

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