MADRID, 7 (EUROPA PRESS)
La Audiencia Nacional celebra este miércoles el juicio por la demanda presentada por las cuatro asociaciones judiciales contra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debido a la carga de trabajo que soportan los jueces.
El presidente del tribunal de la Sala Social de la Audiencia Nacional, el magistrado Ricardo Bodas, acordó el pasado 28 de noviembre suspender la vista oral después de que la letrada de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI) pidiese ampliar la denuncia contra el Ministerio de Justicia y las comunidades autonómicas.
El reclamo de las asociaciones es que el órgano de gobierno de jueces suprima el denominado 'Mapa Judicial de Riesgos y sistema de alerta' y regule la carga de trabajo de jueces y magistrados a efectos de salud laboral.
INFORME DE LA ABOGACÍA DEL ESTADO
La letrada de la acusación ha anunciado su decisión tras aportarse al comienzo de la vista un informe presentado por la Abogacía del Estado acerca de la necesidad de emplazar al Ministerio de Justicia en relación a esta cuestión y pese a insistir en el arranque del juicio que consideran que el responsable de la carga de trabajo que soportan los jueces es el órgano de gobierno de los jueces.
Tras presentar la demanda el pasado mes de julio, las cuatro asociaciones informaron en un comunicado que se sienten "legitimadas" para obligar al CGPJ a fijar "de una vez por todas" unos módulos adecuados a la complejidad y necesidades como el "derecho al descanso y a la conciliación de la vida personal y familiar" e hicieron hincapié en que "a fecha de hoy" todavía no existe regulación de la carga de trabajo a efectos de salud laboral.
En este sentido, expusieron que la institución que preside Carlos Lesmes pretende aplicar unas medidas de manera "unilateral y provisional" y que, a su juicio, son "completamente ineficaces", pese a que el Plan de Riesgos Laborales de la Carrera Judicial prevé que existe una obligación para "proteger la salud" de los profesionales.
