MADRID, 2 (EUROPA PRESS)
La defensa de Rosell había solicitado autorización para el pago de los impuestos que se devengaran en relación a las mercantiles True Elite Company SLU, True Oasis Cottage SLU e Iniciatives de la Vall Dáger SL con cargo a las cuentas de su titularidad, el pago de los gastos corrientes indispensables para el desarrollo de la mercantil True Oasis Cottage S.L.U. como las nóminas y cuotas de la seguridad social de sus tres empleados, recibos de teléfono, electricidad, agua, televisión o internet, así como el pago de la cuota de préstamo de TOC, entre otros. Sostenía en su recurso que ninguna de dichas sociedades tiene relación con los hechos investigados y que su patrimonio y rendimiento es de origen lícito.
Sin embargo, los magistrados de la Sección Tercera confirman en un auto la medida cautelar adoptada por la juez instructora Carmen Lamela y recuerdan que ya se denegó con anterioridad el alzamiento del bloqueo de las cuentas de las mercantiles al estar pendiente de acreditación su actividad y su relación con las operaciones de blanqueo investigadas, "lo que sigue pendiente de informe policial sin que la defensa haya aportado documentación alguna sobre la constitución, objeto y actividad de las tan aludidas sociedades".
En definitiva, el tribunal considera que "no se acredita la necesidad de atender unos gastos, ya tributarios, ya corrientes, por parte de unas entidades propiedad del señor Rosell Feliú cuyo objeto no se justifica por la defensa y están siendo investigados por la policía judicial".
"Llama poderosamente la atención que, insistimos, sin justificar el objeto social de las entidades a las que se refiere la petición de la defensa, se solicite como necesarios gastos de telefonía móvil, aparcamiento, cadena de televisión de pago, agua, electricidad para una entidad, TOC, respecto de la que la parte en el recurso llega a decir que el único proyecto en marcha con Aspire por One of Ours, propiedad de TOC, quedó sin efecto a causa de la detención de Alexandre Rosell", explica el auto.
Para los magistrados, la defensa del exdirectivo del Barça, que lleva en prisión provisional desde mayo de 2017, pretende con su petición de alzamiento aún parcial del bloqueo de cuentas de tres mercantiles que "continúen con una actividad no justificada, y sobre la que está a la espera de informe policial", sólo con el objetivo de "atender a gastos cuya necesidad no se justifica".
