MÁLAGA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -
Según la sentencia, dictada con la conformidad de los acusados sin necesidad de que se celebrara el juicio con jurado previsto para el próximo lunes, estos dos acusados ofrecían un trato de favor "a cambio de contraprestaciones de toda índole, desde dinero en efectivo hasta regalos", tales como dos botellas de vino y medio queso, como ocurrió en una ocasión.
En algunos casos, dice la resolución, la contraprestación era concertada previamente y en otros "solicitadas tras la materialización del trato de favor a modo de agradecimiento", apuntando, además, que no tenían competencia en ese sentido, al corresponder los controles de tráfico a los agentes destinados en el Subsector de Transportes.
Asimismo, desde fechas anteriores a junio de 2015, los agentes, aprovechando su condición de guardias civiles destinados en el Subsector de Tráfico, y aunque no era su competencia, accedían a la información reservada del área sobre ubicación de los controles de pesaje de vehículos de carga para facilitar esos datos a los transportistas concertados con ellos y evitar las sanciones.
Según la sentencia, les indicaban itinerarios alternativos y otras informaciones fundamentalmente con mensajes en el móvil utilizando siempre "un lenguaje velado ya convenido que venía a identificar en realidad los puntos de control e identificación establecidos por la Agrupación de Tráfico", como por ejemplo 'cambio Antequera Café' o 'mañana picoteo en varios bares. No vengas comido. Un día es un día'.
Además de la pena de prisión, se les impone a cada uno de los agentes una multa de 4.300 euros. También ha sido condenado por los mismos delitos y a las mismas penas un intermediario, que era cuñado de uno de los agentes y que colaboró en los hechos.
Al menos dos empresarios denunciaron las acciones intimidatorias realizadas por los agentes; pero otros "accedieron a dichos favores", como fueron los cinco administradores o responsables de sociedades de transportes que han sido condenado por los mismos delitos, imponiéndoles las penas de nueve meses de prisión y multa de 1.380 euros.
En todos los casos se aplica la circunstancia atenuante de confesión y colaboración con la justicia y se acuerda la suspensión de la ejecución de las penas de prisión impuestas, que en el caso de los dos agentes y del intermediario será por un plazo de tres años; y el resto durante dos años.
