MADRID, 24 (EUROPA PRESS)
La Sala ha rechazado el recurso interpuesto por la Fiscalía contra el auto del pasado 16 de noviembre del juez de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro, de concederle el segundo grado tras comprometerse a realizar actividades de voluntariado en un Banco de Alimentos de Vigo.
En el auto que se ha dado a conocer este miércoles, la Sala destaca se concedió el segundo grado para permitir que Pego realice "una actividad que el juez considera importante para resarcir a la sociedad de la desconfianza generada por la actividad en relación con la administración de la entidad Caixanovagalicia".
Explica que en el Reglamento penitenciario contempla la revisión del internamiento y flexibilizarlo. "No es un grado intermedio entre los contemplados en la ley, sino un modelo de ejecución dentro del régimen ordinario que por razones de tratamiento requiere de elementos de lo régimen abierto", explica.
BUENA CONDUCTA PENITENCIARIA
Señala la Sala que valorando el tiempo de la pena y que ha cumplido ya la mitad de la condena. También se tiene en cuenta su "buena conducta penitenciaria", la "correcta participación en actividades programadas", así como su vinculación "familiar y social y hábitos laborales".
El auto del que ha sido ponente el magistrado Ramón Sáez Valcárcel, recalca que Pego ya ha disfrutado de permisos penitenciarios "sin incidencias". "Además, se tiene en cuenta que ha asumido su responsabilidad por el delito y ha satisfecho las responsabilidades civiles", añade la resolución.
Esta flexibilización de la pena también fue concedida para el expresidente de la caja fusionada Julio Fernández Gayoso, quien salió de prisión el pasado 4 de agosto para colaborar con la Fundación Asociación Érguete Integración, que ayuda a personas en situación de exclusión social y drogodependencia; al que fuera el director de la oficina de integración Óscar Rodríguez Estrada; y al asesor jurídico Ricardo Pradas.
LAS PENAS ERAN "EXIGUAS", SEGÚN EL TRIBUNAL SUPREMO
Los directivos de Novacaixagalicia entraron en prisión el 16 de enero de 2017 para cumplir la condena de dos años de prisión que les impuso la Audiencia Nacional por las prejubilizaciones, que alcanzaron los 22 millones de euros, ante la previsión de que la entidad iba a prescindir de sus servicios de forma inminente.
La Sección Tercera de la Sala de lo Penal tuvo que corregir su sentencia y condenar a Pego y a Gregorio a indemnizar con 10,4 millones de euros a la sucesora de la entidad, modificando las cantidades fijadas en concepto de responsabilidad civil en una primera resolución que había sido anulada por el Tribunal Supremo.
El Supremo consideró las penas de dos años de cárcel "exiguas" pero reconoció que no podía incrementarlas porque ninguna parte las cuestionó al alza.
