MADRID, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -
Según explica el tribunal en un auto, el investigado "tiene negocios e inversiones en distintos países sudamericanos que podrían facilitar su huida", al tiempo que considera que si sale de prisión podría "continuar en la presunta actividad delictiva".
Por ello, la Sala cree que es "procedente y ajustado a derecho mantener la medida cautelar" que adoptó el pasado 1 de diciembre el juez de instrucción Santiago Pedraz, "no sólo por concurrir los requisitos legales de la misma, sino por entender que en el presente caso cumple las finalidades legalmente exigibles".
TESTAFERROS PARA ADMINISTRAR LAS SOCIEDADES
Junto a Esteban Roig fueron detenidas otras 18 personas, quienes pusieron en marcha comercializadoras eléctricas a las que dotaban de apariencia de legalidad y en sus órganos de dirección colocaron a testaferros para ocultar los verdaderos administradores de las sociedades. El objetivo, según Pedraz, era evitar que se vincularan con la organización criminal que estaba detrás.
Una vez establecidas en el mercado eléctrico, estas comercializadoras, mediante el uso de agentes comerciales y teleoperadores, captaban clientes ofreciendo el suministro a muy bajo precio, confrontado con el ofertado por el resto de participantes en el mercado, con la finalidad de captar al mayor número posible de clientes.
Transcurrido este periodo inicial de captación, la red --que tenía su centro de operaciones en Madrid-- comenzaba gradualmente a cesar en la adquisición diaria de energía; sin embargo facturaba a sus clientes la energía consumida y no abonada al operador del sistema. De esta forma, la evasión del pago de los desvíos hizo que pudieran continuar la obtención ilícita de fondos.
SUSTITUÍAN UNAS POR OTRAS
Cuando las empresas pantallas eran inhabilitadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), se sustituían por otras a la que de nuevo se les daba apariencia de legalidad, y eran estas últimas la que continuaban operando en el mercado eléctrico, regresando a la primera fase de captación de clientes.
Para simular todavía más la estafa, la red dirigida por Roig no hacía desaparecer directamente la empresa inhabilitada, sino que la sometía a un proceso de liquidación mediante las sociedades específicas que forman parte del entramado societario de la organización criminal.
Según el juez instructor, los acusados integraron, por un lado, la estructura velada que operaba como se ha detallado, y por otro una estructura visible, cuya función se focalizaba en la gestión de sociedades que operaban actuando como un canal para el blanqueo de capitales. En esta última área se localizaban los integrantes del centro operativo de Barcelona.
