CEUTA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -
Según la sentencia, a cuyo contenido ha tenido acceso Europa Press y contra la que cabe recurso de apelación, la Ciudad Autónoma se excedió en su "potestad de autoorganización" y "transgredió una de las notas típicas del estatuto constitucional de los empleados públicos en cuanto al acceso a la función pública de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad y la garantía de imparcialidad en el ejercicio de sus funciones".
La Justicia ha estimado el recurso presentado por la Federación de Servicios Públicos de la Unión General de Trabajadores (FSP-UGT), que argumentó que la Ciudad no podía tener en nómina a más de 25 asesores, el número de electos de su Corporación, y denunció que en algunos casos los puestos creados no conllevaban "el desempeño de funciones reservadas al personal eventual".
Para el Juzgado, "es imprescindible que la creación de los puestos de trabajo de personal eventual venga respaldada por una exhaustiva motivación de las razones por las que se consideran que las funciones a las que se les destina, que deben especificarse, no pueden ser cubiertas por el personal existente".
El acuerdo del Consejo de Gobierno que preside Juan Vivas (PP) no incluyó "la más mínima mención" sobre las funciones que tendrían los ocupantes de los puestos creados en su primera versión y en la segunda se limitó a una exposición "del todo imprecisa y genérica", con lo que "no puede sino concluirse que en la creación de los 23 puestos no se observaron los principios a los que debe ajustarse el ejercicio de la potestad de autoorganización de la Administración".
La Ciudad Autónoma tiene 42 puestos de trabajo en su relación de personal eventual, veinticinco al servicio del Gobierno y dieciséis en funciones de "apoyo y asesoramiento" de los grupos políticos con presencia en la Cámara (PP, PSOE, Caballas, MDyC y Ciudadanos) a razón de al menos tres para cada uno aunque solamente cuenten con un diputado.
Los quince puestos eventuales del Ejecutivo anulados incluyen seis de gestores de servicios, otros tantos de controladores de servicios y tres de asesores. Según el Gobierno, los primeros se dedican a "funciones de confianza o asesoramiento especial para el impulso de los proyectos, directrices y líneas de trabajo que se les marquen en las distintas áreas" y los segundos a "una presencia diaria para velar por el buen estado de las barriadas, informar de sus necesidades, colaborar en proyectos y, en definitiva, acercar la administración al ciudadano".
